Nueva York fija en USD 1 millón por megavatio la inversión comunitaria mínima que deben hacer los centros de datos

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó el 15 de septiembre de 2026 el primer Marco de Inversión Comunitaria estatal del país para el desarrollo de centros de datos, una herramienta que fija un parámetro de referencia de al menos USD 1 millón por cada megavatio —unidad que mide la potencia eléctrica que demanda una instalación— de consumo asociado a cada proyecto. El anuncio se realizó desde Albany, capital del estado, y fue elaborado por Empire State Development (ESD), el organismo estatal de desarrollo económico, por encargo de la gobernadora, según el comunicado oficial.

El marco responde al crecimiento acelerado de los centros de datos en Estados Unidos, que elevó la demanda de electricidad y generó cuestionamientos políticos y comunitarios por los costos de energía, el uso de agua y la presión sobre la infraestructura local, según informó Reuters. Con esta medida, el gobierno de Nueva York busca que los municipios, gobiernos locales y agencias de desarrollo industrial cuenten con herramientas concretas para negociar con los grandes desarrolladores tecnológicos antes de que los proyectos avancen.

Un fondo comunitario proporcional a la escala del proyecto

El Marco de Inversión Comunitaria (CIF, por su sigla en inglés) establece, de forma voluntaria, que por cada megavatio de demanda eléctrica de un centro de datos, el desarrollador destine al menos USD 1 millón a inversiones en la comunidad anfitriona. Según el comunicado de Hochul, un centro de datos de 50 megavatios tendría como referencia una inversión comunitaria de USD 50 millones. Las comunidades y los desarrolladores negociarían los plazos y la estructura de esos aportes, que incluirían contribuciones a un Fondo de Inversión Comunitaria administrado localmente, de acuerdo con el documento oficial de ESD.

El carácter voluntario del programa no implica que carezca de dirección. ESD diseñó el marco como un modelo flexible que cada localidad puede adaptar según sus propias circunstancias y prioridades, con el objetivo de fortalecer su posición negociadora frente a empresas con mayor capacidad técnica y jurídica, según el documento oficial de la agencia.

Infraestructura, vivienda y empleo entre los destinos posibles de los fondos

El marco proporciona a las localidades un abanico de áreas elegibles para canalizar las inversiones comunitarias. Entre ellas, el comunicado de Hochul enumera la construcción o mejora de carreteras, sistemas de agua y alcantarillado, transporte público, viviendas asequibles, capacitación laboral, escuelas, cuidado infantil, acceso a banda ancha, seguridad pública, apoyo a pequeñas empresas y recuperación de propiedades vacantes o subutilizadas.

En materia laboral, el marco contempla salarios prevalecientes para los trabajadores de la construcción, la contratación local y la participación de trabajadores organizados en las oportunidades de empleo que genere cada proyecto, según el texto publicado por ESD. Además, propone compromisos de “buen vecino” sobre el consumo de agua, los niveles de ruido, la iluminación, el diseño de los edificios y el paisajismo del entorno.

Transparencia, acuerdos de confidencialidad e informes anuales

Uno de los aspectos más específicos del CIF refiere al uso de acuerdos de confidencialidad entre desarrolladores y gobiernos locales. El marco recomienda que esos acuerdos se limiten a proteger información comercialmente sensible o secretos empresariales amparados por la Ley de Libertad de Información de Nueva York, según el comunicado oficial, para evitar que las negociaciones queden fuera del escrutinio público más allá de lo estrictamente necesario.

El documento también establece que, una vez que un centro de datos entre en operación, se presenten informes anuales a la comunidad anfitriona. Esos informes deben incluir métricas de empleo, consumo de agua y servicios públicos, demanda de energía, aportes al fondo comunitario e impactos ambientales, de acuerdo con lo publicado por ESD.

El vínculo con la moratoria y la regulación energética

El CIF se inserta en un proceso regulatorio más amplio que la gobernadora Hochul inició el 14 de julio de 2026 con la Orden Ejecutiva N.º 62, la primera moratoria estatal del país sobre nuevos grandes centros de datos. Esa orden suspendió por hasta un año la emisión de permisos discrecionales por parte del Departamento de Conservación Ambiental (DEC) mientras el Estado prepara una Declaración de Impacto Ambiental Genérica (GEIS) que fijará estándares ambientales y regulatorios para el sector, según el comunicado de Hochul.

En paralelo, el Departamento de Servicio Público (DPS) evalúa mecanismos para que los centros de datos asuman mayores costos energéticos o financien infraestructura y generación eléctrica limpia, con el fin de evitar que esas cargas recaigan sobre usuarios residenciales y comerciales.

El organismo también analiza la creación de un Fondo de Aceleración de la Red de Nueva York que exigiría a los promotores invertir en la infraestructura eléctrica del estado, de acuerdo con lo informado en el comunicado oficial. La gobernadora, además, impulsa una legislación para derogar las exenciones del impuesto sobre las ventas aplicadas a los centros de datos masivos en todo el estado.