Florida impulsa sanciones penales contra empresas de inteligencia artificial si sus chatbots facilitan delitos

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció el 8 de septiembre en una conferencia de prensa en Tampa que propondrá una ley para sancionar penalmente a empresas de inteligencia artificial cuyos chatbots participen, faciliten o contribuyan en delitos. La medida apunta directamente a OpenAI y prevé multas, compensaciones a víctimas, supervisión judicial y posible suspensión de operaciones en el estado.

“Una IA no es una herramienta silenciosa. Responde preguntas, elige el horario, señala el lugar y guía a alguien a través del plan”, afirmó Uthmeier a través de un comunicado oficial de la Fiscalía General de Florida. “Un chatbot no puede ser acusado, pero sí puede serlo la corporación que lo diseñó, lo entrenó y cobró la suscripción”, remarcó.

La investigación sobre ChatGPT que disparó la propuesta legislativa

El anuncio es una escalada, no un punto de partida. En abril de 2026, la Oficina de Procesamiento Estatal abrió una investigación criminal sobre OpenAI y ChatGPT tras revisar registros de conversaciones vinculados al tiroteo del 17 de abril de 2025 en la Universidad Estatal de Florida (FSU), donde murieron Robert Morales y Tiru Chabba —ambos padres que trabajaban en el campus— y otras seis personas resultaron heridas, según el comunicado de la fiscalía.

El presunto autor, Phoenix Ikner, habría planificado el ataque con ayuda del chatbot: consultó qué arma y munición usar, a qué hora habría más personas y en qué sector del campus. ChatGPT, según la fiscalía, le indicó que el sindicato estudiantil era más concurrido entre las 11:30 y las 13:30; Ikner abrió fuego en ese horario.

Las conversaciones también incluyeron referencias a la notoriedad mediática según el número de víctimas. Todas estas afirmaciones son líneas de investigación de la fiscalía y no constituyen hechos judicialmente probados.

Tiempo después, la investigación se amplió al doble homicidio de los estudiantes de doctorado Zamil Limon y Nahida Bristy, de la Universidad del Sur de Florida, asesinados en abril de 2026. Hisham Abugharbieh, de 26 años, exestudiante de la USF y compañero de cuarto de Limon, fue arrestado días después y enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado.

Según registros judiciales, Abugharbieh consultó a ChatGPT tres días antes sobre cómo deshacerse de un cuerpo humano y luego preguntó si los vecinos escucharían un disparo y si podía tener un arma en casa sin licencia.

El 1 de junio de 2026, Florida ya había presentado una demanda civil —la primera de su tipo en el país— contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, por comercializar ChatGPT como seguro mientras ignoraba alertas internas. Uthmeier adelantó que en los próximos siete a diez días se emitirá una nueva ronda de citaciones en el marco de esa causa y de la investigación penal, según CBS News y Fox 13.

Qué penas podrían enfrentar OpenAI y otras empresas de IA en Florida

La legislación proyectada establece responsabilidad sobre la base del control práctico: cualquier empresa con injerencia sobre el diseño, entrenamiento, implementación o configuraciones de seguridad de un sistema disponible en Florida quedaría comprendida, incluyendo plataformas de redes sociales que usen chatbots de IA.

Las sanciones previstas son:

• Multas de magnitud considerable.
• Pagos directos a las víctimas.
• Supervisión ordenada por un tribunal (monitorship).
• Suspensión de actividades comerciales dentro del estado.

“Diseñan, controlan y obtienen beneficios significativos de estos chatbots de IA. Si van a participar en la comisión de delitos, debe haber rendición de cuentas”, indicó Uthmeier.

Fraudes, CSAM y consejos médicos: las alertas del FDLE y la Junta de Medicina

Mark Glass, comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), describió los usos delictivos de la IA que ya enfrenta su agencia: creación de malware, clonación de voz para estafas a adultos mayores, falsificación de documentos —cheques, informes policiales e historiales médicos— y producción de material de abuso sexual infantil (CSAM) por IA.

“El material de agresión sexual infantil generado por IA puede retrasar investigaciones, crear nuevas vías de explotación y devastar a niños y familias reales”, advirtió Glass. En Florida, un maestro recibió 135 años de prisión por crear cientos de imágenes de CSAM con IA. En marzo de 2026, Uthmeier asistió al gobernador Ron DeSantis en la firma de la HB 1159, que elevó la producción de CSAM por IA a delito grave de segundo grado.

Uthmeier también anunció que trabajará con la Junta de Medicina de Florida para investigar posibles casos de ejercicio ilegal de la medicina por parte de chatbots. La fiscalía identificó instancias en que usuarios siguieron recomendaciones de IA y sufrieron efectos adversos para su salud.

El caso de Melissa Sims y los riesgos de las pruebas digitales sin verificar

Durante la conferencia habló Melissa Sims, enfermera legal y defensora de los derechos digitales. En enero de 2025, fue arrestada sobre la base de una captura de pantalla de un supuesto mensaje de texto que, según su relato, nunca fue cotejada con el dispositivo original del denunciante. Nadie verificó si ese mensaje existía realmente en ese teléfono.

“Podría haber sido tan simple como mirar el teléfono del mal actor y decir: ‘¿Me mostrás el mensaje de texto que afirmás que Melissa envió?’. Eso no se hizo”, declaró Sims en la conferencia. En cambio, las autoridades aceptaron la captura como prueba suficiente para emitir una orden judicial. El caso fue desestimado tras ocho meses de litigio.

Su testimonio apunta a un problema más amplio: la tecnología permite falsificar conversaciones, historiales médicos y documentos con herramientas al alcance de cualquier persona, pero los protocolos de investigación no siempre contemplan esa posibilidad. “Ver ya no es creer”, advirtió y reclamó que fuerzas del orden, fiscales y jueces reciban formación específica para evaluar pruebas digitales antes de actuar.

Lo que todavía falta definir en la propuesta de Uthmeier

La iniciativa está en etapa preliminar: al momento de la conferencia no había texto legislativo redactado. A menos que DeSantis convoque una sesión extraordinaria, la propuesta no se debatirá hasta marzo, según Fox 35. Entre los puntos sin definir:

• El estándar jurídico para determinar cuándo un sistema de IA “participó” en un delito.
• La relación de la ley estatal con las normas federales sobre responsabilidad de plataformas.
• Los mecanismos de protección a la privacidad y la libertad de expresión.

Uthmeier fue claro sobre el alcance de la propuesta: “La IA está aquí. Nos guste o no, está aquí. Es el futuro. Esto no es una prohibición”. Y ante la posibilidad de esperar acción federal, respondió: “Me encantaría ver que el Congreso haga algo. Pero no creo que eso vaya a ocurrir pronto”.

La fiscalía continuará con las investigaciones sobre OpenAI mientras trabaja en los detalles del marco legislativo con la legislatura estatal.