
Autoridades de Cheyenne, Wyoming, detectaron una bacteria poco común en más de tres millones de litros de agua vertidos por un contratista del campus de inteligencia artificial que Meta construye en esa ciudad al sistema de alcantarillado municipal; en julio suspendieron la recepción de esos efluentes. El hallazgo generó denuncias de organizaciones ambientales, vecinos y dirigentes políticos por contaminación hídrica en centros de datos en al menos siete estados de Estados Unidos.
En 2026, durante la expansión de la infraestructura para inteligencia artificial, el problema incluye bacterias, metales pesados, descargas de agua caliente y químicos persistentes. La preocupación por el agua que estas instalaciones retornan al ambiente y la falta de información sobre su composición llegó a la agenda electoral: las elecciones legislativas de noviembre hicieron del rechazo a los centros de datos un tema relevante para los candidatos de ambos partidos.
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Meta en Wyoming: la bacteria detectada en aguas residuales de un centro de datos de 800 millones de dólares
El campus que Meta levanta en Cheyenne ocupa 388 hectáreas y representa una inversión de USD 800 millones. Durante operaciones de limpieza de tuberías, su contratista Goat Systems descargó 801.000 galones (más de tres millones de litros) de agua con presencia de la bacteria Cupriavidus gilardii. Aunque esa agua nunca estuvo destinada al consumo humano, las autoridades advirtieron que los residentes podían inhalar gotas contaminadas durante el riego.

Frank Strong, director de recursos hídricos de la junta de servicios públicos de Cheyenne, lo describió como “una gran sorpresa” y justificó la suspensión de la recepción como medida de precaución. Meta respondió que las pruebas encargadas por Goat Systems no detectaron la bacteria y que la propia junta confirmó que no hubo impacto sobre la población ni el ambiente. La decisión de suspender el servicio fue apelada.
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La congresista republicana Harriet Hageman, aliada de Donald Trump, escribió al CEO de Meta, Mark Zuckerberg, para reclamar respuestas. “El agua es un recurso precioso en nuestro estado, por lo que es de inmensa preocupación saber que el sistema comercializado para reducir el consumo de agua de un centro de datos causó esta contaminación”, le planteó Hageman, según informó The Guardian.
Centros de datos de inteligencia artificial: por qué crecen las alertas por el agua en Estados Unidos
Un centro de datos mediano consume unos 300.000 galones (1,1 millones de litros) de agua diarios, principalmente para refrigerar equipos. Parte de esa agua regresa a ríos, arroyos o sistemas públicos de tratamiento según los permisos de pretratamiento municipales o de empresas. El debate en 2026 prioriza el contenido del agua que retorna más que el volumen.
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Waterkeeper Alliance (WA), una red de organizaciones ambientales, informó que 55 de sus grupos afiliados en el país trabajan sobre problemas vinculados a estas instalaciones y que el 80% de esas campañas apunta a posibles contaminantes liberados a través del agua descargada.
Metales, PFAS y agua caliente: los riesgos ambientales que preocupan a los grupos ambientalistas
Además de las bacterias, las organizaciones ambientales advierten sobre metales pesados, bacterias resistentes a antibióticos y sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas —conocidas como PFAS o “químicos eternos”— que se vinculan con problemas de salud y aparecen incluso en sistemas de refrigeración de circuito cerrado. La WA documentó todos estos contaminantes en descargas de centros de datos en distintos estados.
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En Nueva York, activistas de Seneca Lake Guardian cuestionan un proyecto que podría volcar agua a 42 °C (108 °F) en el lago Séneca, temperatura que estresa a las truchas desde los 21 °C (70 °F) y favorece algas tóxicas capaces de inutilizar el suministro domiciliario. Vulcan Infrastructure and Power, a cargo del proyecto, afirmó cumplir con todas las normativas vigentes.
En otros estados se acumulan casos similares: Virginia tomó medidas contra varios centros de datos por violaciones a permisos de humedales; en Virginia Occidental, la escorrentía de una instalación inconclusa inundó viviendas en dos oportunidades; y Flint Riverkeeper anunció en Georgia que demandará al centro de datos QTS por presuntas descargas de tierra y metales al río Flint.
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La falta de transparencia agrava el problema: un grupo ambiental demandó a Racine, Wisconsin, para obtener datos sobre el uso de agua de Microsoft, y The Dalles, Oregón, intentó en 2021 bloquear la publicación de información sobre el consumo de Google antes de abandonar esa acción.
Centros de datos y elecciones de medio término de 2026: el rechazo local que llega a las urnas
Una encuesta de NBC News Decision Desk Poll realizada por SurveyMonkey entre el 20 de agosto y el 1 de septiembre reveló que el 69% de los encuestados se opone a la construcción de centros de datos de IA en su zona, con un 45% de oposición “fuerte”, y que el rechazo es mayoritario en los tres grupos: 81% entre demócratas, 71% entre independientes y 57% entre republicanos, según NBC News.
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En Buchanan County, Iowa, la supervisora republicana Dawn Vogel —cuyo condado apoyó a Trump con el 63% en 2024— respaldó una moratoria temporal. Su posición coincide con la de la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y el senador independiente Bernie Sanders, que propusieron una pausa nacional. “Si no tenés agua para beber, no tenés humanos que usen los datos”, dijo Vogel a NBC News.
Legisladores que antes apoyaban estos proyectos modificaron su postura: el senador republicano de Ohio Jon Husted presentó en julio una iniciativa para que los operadores paguen los costos extra de electricidad y agua, y el gobernador demócrata de Pensilvania Josh Shapiro firmó en agosto nuevas regulaciones después de haber promovido su instalación.
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Trump se mantiene en las antípodas: “La única razón por la que las comunidades de Estados Unidos no deberían querer centros de datos es si quieren terminar siendo atrasadas y pobres”, publicó en Truth Social a fines de agosto. Su administración además tomó medidas para restringir el acceso público a información sobre el consumo de agua de estas instalaciones.
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