La Casa Blanca impulsa una ampliación de exenciones de biocombustibles nacionales

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) tiene previsto anunciar esta semana exenciones de biocombustibles por más de 1.800 millones de créditos renovables para pequeñas refinerías, una cifra que casi duplica lo que la propia agencia había proyectado a principios de año, según consignó Reuters.

La decisión, impulsada por la Casa Blanca en el marco de los esfuerzos por contener el alza en los precios del combustible durante el conflicto con Irán, pone al presidente Donald Trump en el centro de una de las disputas energéticas más antiguas y encendidas de la política estadounidense.

El volumen de exenciones equivaldría a eliminar del mercado una porción considerable de las obligaciones de mezcla de combustibles renovables, que la EPA fijó en un récord de 26.810 millones de créditos para el año 2026. Entre las refinerías que solicitaron las exenciones figuran instalaciones de Marathon Petroleum (MPC) y Chevron (CVX).

Qué es el Estándar de Combustible Renovable y por qué importa

El Estándar de Combustible Renovable (Renewable Fuel Standard, o RFS) es una ley federal que exige a las refinerías e importadores de combustible mezclar volúmenes crecientes de biocombustibles —como el etanol de maíz y el biodiesel— en la oferta de gasolina y diésel del país, o bien adquirir créditos de cumplimiento denominados números de identificación de combustible renovable (RINs, por sus siglas en inglés).

Cada galón de biocombustible producido genera un RIN, y quienes no mezclan deben comprarlos a quienes sí lo hacen.

Las plantas de menor tamaño pueden solicitar exenciones a esa obligación si demuestran que cumplirla les genera una carga económica desproporcionada. Reuters explicó que cuando la EPA aprueba esas exenciones, los volúmenes eximidos quedan efectivamente fuera del mercado, a menos que la obligación sea reasignada con posterioridad.

La presión desde adentro y desde afuera

El impulso para ampliar el programa de exenciones proviene del propio corazón de la administración. Según informó Reuters, el asesor senior de la Casa Blanca Stephen Miller, integrantes del Consejo de Dominancia Energética y otros asesores de política presionaron a la EPA para que apruebe un volumen de RINs eximidos mayor al que la agencia había proyectado inicialmente —alrededor de 1.000 millones de créditos—.

Por su parte, la EPA afirmó que no está recibiendo directivas de la Casa Blanca sobre qué solicitudes aprobar o rechazar, y que ninguna decisión fue tomada aún. La agencia había prometido resolver los 34 pedidos pendientes antes de que terminara agosto, aunque el anuncio podría deslizarse hasta el martes.

La motivación central es la presión sobre los precios en los surtidores. Desde que el conflicto con Irán interrumpió las exportaciones de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, los precios del combustible permanecen por encima de los USD 4 por galón pese a otras medidas adoptadas por la administración, como la liberación de reservas estratégicas de petróleo y la suspensión de ciertas regulaciones anticontaminación para la gasolina de verano.

La reacción del Cinturón Agrícola

La posible expansión del programa generó una reacción inmediata en los estados del Medio Oeste estadounidense, donde la industria agrícola depende en buena medida de la demanda de maíz y soja para la producción de biocombustibles, indicó Reuters.

La Asociación Americana de Soja advirtió que exenciones de gran escala podrían eliminar alrededor de 500 millones de galones de demanda de biodiesel y diésel renovable, con una pérdida estimada de USD 1.000 millones en ingresos para los productores de soja.

Los fiscales generales de Iowa, Dakota del Sur y Missouri enviaron una carta al administrador de la EPA, Lee Zeldin, para exigirle que rechace las solicitudes de exención más amplias. En el documento, argumentaron que los informes de ganancias récord de las refinerías contradicen la alegación de hardship económico. “Las refinerías quieren tener el pastel y comérselo también”, señaló el texto, según consignó Reuters.

El plan para compensar a los agricultores

Para amortiguar el impacto político en el Cinturón Agrícola, la Casa Blanca evalúa un mecanismo de compensación: reabrir las cuotas de biocombustibles para el año 2027 y añadir aproximadamente 500 millones de créditos renovables adicionales —o potencialmente más—. El objetivo sería restaurar en cuotas futuras los volúmenes que las exenciones eliminen del mercado en el presente.

Trump y los jefes de agencia discutieron esa opción en una reunión del miércoles pasado, aunque las fuentes precisaron que aún no hay una decisión definitiva sobre la magnitud de esa compensación ni sobre el mecanismo exacto para instrumentarla.

Una coalición de organizaciones agrícolas y del sector de biocombustibles —entre ellas la Asociación de Combustibles Renovables (RFA), Growth Energy y la Unión Nacional de Agricultores— envió una carta al presidente Trump para rechazar cualquier ampliación de las exenciones por encima de los niveles que la propia EPA contempló cuando fijó las obligaciones de mezcla para 2026 y 2027.

De acuerdo con el informe de Reuters, las organizaciones advirtieron que exenciones muy por encima de esos niveles “aniquilarían la señal de demanda” creada por la norma de la agencia y podrían provocar el colapso de los mercados de biocombustibles.

La senadora republicana Joni Ernst, de Iowa, calificó la eventual expansión como “un regalo al Gran Petróleo comercializado falsamente como alivio en la bomba”. “No se bajan los precios de la gasolina sacando del mercado el biocombustible de producción nacional”, afirmó.

Mientras tanto, la mera expectativa de una ampliación masiva de las exenciones ya golpeó el mercado: los precios de los RINs cayeron a su nivel más bajo en más de cuatro meses durante la semana pasada.