Exasesor de Anthony Fauci se declara culpable de ocultar documentos sobre el laboratorio de Wuhan

David Morens, exasesor del infectólogo Anthony Fauci, se declaró culpable el martes 18 de agosto ante un tribunal federal de conspirar para eludir las leyes de registros públicos y ocultar documentos del gobierno relacionados con subvenciones de investigación sobre el COVID-19. La audiencia tuvo lugar en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Greenbelt, Maryland.

El caso marca el primer fallo de culpabilidad derivado de las investigaciones sobre el manejo de los registros federales durante la pandemia y la sentencia está fijada para el 12 de noviembre.

Quién es David Morens

Morens, de 78 años, fue asesor sénior en la Oficina del Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés) entre 2006 y 2022. Trabajó directamente bajo las órdenes de Fauci, quien dirigió ese instituto durante 38 años y se convirtió en el rostro de la respuesta federal a la pandemia de coronavirus.

El NIAID forma parte de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), la agencia federal responsable de financiar y supervisar la investigación biomédica en Estados Unidos. En ese rol, Morens tenía acceso a información no pública sobre las decisiones de financiamiento científico del gobierno.

Los cargos y lo que admitió en el tribunal

Según el Departamento de Justicia, Morens se declaró culpable de conspiración para cometer delitos y para defraudar a Estados Unidos. La acusación cubre hechos entre abril de 2020 y junio de 2023.

De acuerdo con los documentos judiciales, el NIAID había otorgado una subvención titulada Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence —“Comprensión del riesgo de emergencia del coronavirus en murciélagos”— a una empresa privada. Esa empresa, a su vez, transfirió parte de los fondos al Instituto de Virología de Wuhan (WIV) en China.

El NIH canceló la subvención tras surgir acusaciones de que el COVID-19 pudo haber escapado de ese laboratorio. Según los fiscales, Morens y dos coacusados no identificados en el expediente público prometieron entonces ayudar a restaurar la financiación cancelada y “contrarrestar el relato de que el COVID-19 se filtró de un laboratorio”.

Para no dejar rastro, los conspiradores acordaron por escrito conducir sus comunicaciones a través de la cuenta personal de Gmail de Morens, en lugar de su correo institucional del NIH. Así intercambiaron información reservada del gobierno, coordinaron esfuerzos para influir en las decisiones de financiamiento y enviaron comunicaciones por canales no oficiales a funcionarios sénior del NIAID.

Los fiscales también alegaron que Morens y uno de los coacusados conspiraron para pagar gratificaciones ilegales. Según el expediente, el coacusado envió vino a la residencia de Morens en Maryland a cambio de sus gestiones y luego sugirió ofrecerle comidas en restaurantes con estrellas Michelin en París, Nueva York y Washington D.C.

El papel de la FOIA y por qué importa en este caso

La Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), en vigor desde 1967, es la ley federal que garantiza el derecho de cualquier ciudadano o entidad a solicitar acceso a los registros de las agencias del gobierno federal. Las agencias tienen la obligación legal de responder en un plazo de 20 días hábiles y de entregar los documentos solicitados, salvo que apliquen exenciones específicas como la seguridad nacional o la privacidad personal.

En este caso, Morens y sus coacusados sabían que sus comunicaciones sobre la subvención cancelada podían ser solicitadas mediante una petición FOIA. Por eso trasladaron deliberadamente esas conversaciones a una cuenta privada: para dejarlas fuera del alcance del sistema de registros federales y, por tanto, fuera del alcance de la ley.

Esa maniobra también violó la Ley de Registros Federales, que exige que las comunicaciones de funcionarios públicos sobre asuntos oficiales se conserven en sistemas gubernamentales, sin importar el dispositivo o la cuenta que se use.

El debate sobre el origen del COVID-19

El caso de Morens se inscribe en un debate político y científico sin resolver. El FBI sostuvo en 2023 que una fuga del laboratorio de Wuhan probablemente causó la pandemia, afirmación que China rechazó. La CIA coincidió en enero de 2025 con esa hipótesis, aunque con “baja confianza”. Cuatro agencias de inteligencia y el Consejo Nacional de Inteligencia, en cambio, consideran más probable que el virus se transmitiera de forma natural desde algún animal.

Ese contexto político convirtió cualquier decisión sobre la subvención al WIV en un asunto explosivo. Los fiscales sostienen que Morens actuó para proteger una narrativa científica específica mientras ocultaba sus gestiones al escrutinio público.

Fauci ante el Senado y la investigación en curso

El 29 de julio, tres semanas antes de la declaración de culpabilidad de Morens, Anthony Fauci compareció ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado tras recibir una subpoena —orden judicial de comparecencia obligatoria— emitida por el senador Rand Paul de Kentucky. Fauci, de 85 años, rechazó más de 100 preguntas al amparo de la Quinta Enmienda, que garantiza el derecho constitucional a no responder preguntas que puedan incriminar penalmente al declarante, según informaron Reuters y la Associated Press.

La decisión no fue arbitraria. El presidente Joe Biden le había concedido un indulto en enero de 2025 por su conducta oficial durante la pandemia, pero ese blindaje no lo protegía de acusaciones de perjurio por declaraciones falsas ante el Congreso en esa misma audiencia. Sus abogados optaron por el silencio constitucional.

En su declaración inicial, Fauci acusó a Paul de llevar una campaña “desquiciada” para verlo encarcelado. Paul, por su parte, advirtió que negarse a testificar constituye un delito y anunció una votación para declararlo en desacato.

El abogado de Morens, Timothy Belevetz, emitió un comunicado breve tras la audiencia del 19 de agosto: “Al declararse culpable hoy, el doctor Morens ha asumido la responsabilidad por lo que hizo y seguirá haciéndolo”.

Penas posibles y próximos pasos

Morens enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por el cargo de conspiración al que se declaró culpable, más una multa de hasta USD 250.000. La jueza de distrito Paula Xinis fijó la sentencia para el 12 de noviembre.

Los cargos originales del expediente de abril —que incluían destrucción y falsificación de registros federales, con penas de hasta 20 años por cada uno— no forman parte del acuerdo de culpabilidad, lo que sugiere que Morens negoció con los fiscales para limitar su exposición penal.

Tras la audiencia, el director del FBI, Kash Patel, advirtió que la investigación “continúa en curso”, una señal de que el caso podría extenderse a otros involucrados.