
Cuando Tessa Davis recibió una llamada desde la escuela de su hijo en Arkansas, le dieron dos opciones tras un episodio de mala conducta: una suspensión de tres días o un castigo con pala de madera. La familia eligió la segunda alternativa. El episodio ocurrió hace ocho años. En un informe publicado este miércoles 19 de agosto la madre contó a National Public Radio (NPR) que sintió “un arrepentimiento instantáneo”.
Después de aquel hecho, relató, el niño empezó a mostrar más temor ante la idea de volver al edificio escolar. “No quería ir a esa escuela porque tenía miedo de que lo lastimaran”, afirmó Davis a NPR.
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Ese caso aparece en un informe publicado por NPR sobre una práctica que aún persiste en Estados Unidos.
El relevamiento indicó que 15 estados permiten castigo físico en escuelas públicas y que, en muchos casos, la decisión final queda en manos de los distritos escolares o exige autorización familiar.

Los datos más recientes del Departamento de Educación muestran casi 32.000 episodios en alumnos de jardín, primaria y secundaria durante el ciclo 2021-2022.
El reporte señaló además que casi todos los casos registrados por el gobierno federal se concentran en el sur del país.
El mismo análisis agregó que 30 estados y Washington D.C. aprobaron leyes que prohíben de forma explícita esa sanción en toda la red pública. Otros conservan vacíos legales o normas sujetas a interpretación.
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Los 15 estados donde todavía se permite
El relevamiento citado en la nota ubicó en ese grupo a jurisdicciones del sur y del centro del país. En varios de esos casos, los distritos escolares pueden limitar la práctica o exigir autorización familiar previa.
- Alabama
- Arkansas
- Florida
- Georgia
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Mississippi
- Missouri
- Carolina del Norte
- Oklahoma
- Carolina del Sur
- Tennessee
- Texas
- Wyoming
La lista muestra que la mayor parte de esos territorios se concentra en el sur de Estados Unidos. Ese patrón coincide con los datos federales que ubican allí casi todos los episodios reportados.

Qué dicen los especialistas y qué muestran los datos
La American Academy of Child and Adolescent Psychiatry define el castigo corporal como cualquier acción que provoque dolor o incomodidad como respuesta al comportamiento de un menor. En el ámbito escolar de Estados Unidos, esa definición suele traducirse en golpes con pala de madera.
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NPR citó a la psicóloga del desarrollo infantil Joan Durrant, investigadora radicada en Canadá, quien cuestionó la eficacia de ese método. “Eso alimenta la deshonestidad. El chico aprende a mentir y a evitar el castigo”, afirmó la especialista.
Durrant señaló ante NPR que esa forma de disciplina transmite la idea de que la violencia constituye una vía aceptable para resolver conflictos. También sostuvo que cientos de estudios la asociaron con más agresividad, ansiedad, depresión y problemas persistentes en los vínculos.
Los datos federales muestran además diferencias por género y origen étnico. Un análisis del Departamento de Educación citado por NPR concluyó que los varones reciben esa sanción con mayor frecuencia que las mujeres.
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El mismo informe señaló tasas desproporcionadas entre estudiantes blancos, negros y nativos americanos o nativos de Alaska, en relación con su peso en la matrícula.

Las voces que lo defienden en distritos del sur
El artículo incluyó también a quienes respaldan la continuidad de esa herramienta disciplinaria.
El psicólogo Randy Randleman, de Oklahoma, afirmó a NPR que existe un grupo reducido de alumnos cuya conducta cambia ante la posibilidad de una sanción física. “Si supieran que van a recibir una paliza con pala, la mala conducta se termina”, aseguró en declaraciones traducidas.
Randleman sostuvo que esa medida debería usarse como último recurso y solo ante conductas desafiantes que el estudiante puede controlar. Aun así, rechazó la posibilidad de eliminarla por ley.
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NPR sumó además el caso de Warner Public Schools, un distrito rural de Oklahoma que conserva esa opción.
Su superintendente, David Vinson, dijo al medio que la mera posibilidad del castigo funciona como disuasión y evita suspensiones en algunas faltas.
En esa misma línea, el director de una primaria local, Alan Gordon, describió un protocolo que incluye autorización firmada de los padres y una llamada previa antes de aplicar la sanción.

El informe advirtió que la actualización de la base federal todavía no fue publicada, pese a que ese relevamiento suele ofrecer una nueva medición cada dos años.
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La ausencia de esos datos deja abierto el interrogante sobre la dimensión actual de una práctica que aún persiste en escuelas públicas del país.
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