La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este jueves a la administración Trump a bloquear el acceso al asilo en la frontera con México, en un fallo que redefine quién tiene derecho a pedir protección en el país.
La decisión permite al gobierno impedir físicamente que los migrantes pisen suelo estadounidense; el requisito que, según la ley federal, les da derecho a solicitar esa protección.
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El tribunal resolvió una pregunta que parecía simple pero tenía consecuencias enormes: ¿qué significa “llegar” a Estados Unidos? La mayoría conservadora respondió que un migrante detenido en territorio mexicano, frente a un puesto fronterizo, todavía no llegó al país y, por lo tanto, no tiene derecho a pedir refugio.
Qué es el “metering” y cómo funciona
La política en cuestión se conoce como metering —en español, “dosificación” o “devolución”— y consiste en limitar la cantidad de personas que pueden presentar una solicitud de asilo cada día en los cruces fronterizos.
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En la práctica, los agentes de migración se apostaban en los puentes internacionales y en la línea fronteriza para impedir que los solicitantes pisaran suelo estadounidense. Quienes eran rechazados debían esperar en México, a veces durante semanas o meses, en condiciones precarias.
Según Telemundo, las organizaciones defensoras de migrantes documentaron campamentos improvisados sin acceso suficiente a alimentos ni atención médica. La organización Al Otro Lado —que presentó una demanda en 2017 en nombre de solicitantes de Honduras, Nicaragua y México y lleva casi una década litigando el caso— fue quien inició el desafío legal, de acuerdo con Reuters.
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Qué necesita demostrar quien pide asilo
Para que el contexto quede claro: el asilo es una protección legal que permite a una persona permanecer en un país cuando regresar al suyo representa un peligro real. En Estados Unidos, la ley exige demostrar temor de persecución por alguna de estas razones:
- Raza;
- Religión;
- Nacionalidad;
- Pertenencia a un grupo social específico;
- Opinión política.
Quien obtiene asilo no puede ser deportado, tiene derecho a trabajar legalmente, puede traer a su familia inmediata y puede solicitar la residencia permanente y, eventualmente, la ciudadanía.
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Con el fallo de este jueves, ese proceso empieza —o no— dependiendo de si el migrante logra poner un pie en territorio estadounidense.
El voto: seis a favor, tres en contra
Los seis jueces conservadores —Samuel Alito, John Roberts, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett— votaron a favor de la administración Trump.
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Las tres juezas liberales —Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor— disintieron, según confirmaron The Guardian y AP.
La palabra de Alito y Sotomayor
La opinión mayoritaria, redactada por Alito, argumentó: “Un invitado no llega a una casa cuando toca la puerta”, según AP. También sostuvo que los migrantes detenidos en México no “llegan” por el simple hecho de “intentar, sin éxito, entrar en este país”, de acuerdo con The New York Times.
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Sotomayor leyó su disidencia desde el estrado —un gesto poco frecuente que indica profundo desacuerdo— y la extendió a 35 páginas, casi el doble que la opinión mayoritaria, según The Guardian.
En su texto, advirtió que la decisión le permite al gobierno ignorar una amplia gama de leyes que protegen a los solicitantes de asilo con solo bloquearles la entrada:
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“Pueden hacerlo incluso si el solicitante de asilo está en el umbral de un puerto de entrada designado para recibir a todos los no ciudadanos que buscan ingresar al país. Incluso si el puerto de entrada tiene capacidad suficiente para atenderlo”, indicó. Y agregó: “Incluso si el solicitante de asilo tiene la certeza de ser perseguido, o asesinado, si es rechazado”.
Su conclusión fue directa: la mayoría “apaga lamentable y trágicamente la luz de la antorcha de la Estatua de la Libertad”.
Alito respondió en el acto —otro momento inusual— y defendió su postura al señalar que la política había sido aplicada durante dos administraciones presidenciales, de acuerdo con AP.
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Por qué importa el fallo más allá del metering
La política de dosificación no está en vigor en este momento. Fue derogada por la administración de Joe Biden en 2021, pero la administración Trump recurrió a la Justicia para tener la flexibilidad de restablecerla como herramienta de control fronterizo, consignó The New York Times.
La administración Trump ya impuso otras restricciones al asilo desde que volvió al poder en enero de 2025, y algunas de ellas también enfrentan desafíos judiciales.
La mayoría conservadora de la Corte se mostró receptiva a los argumentos de poder presidencial de Trump y emitió varias órdenes temporales que le permitieron avanzar con sus políticas mientras los casos seguían en tribunales inferiores. El retraso acumulado en el sistema de asilo roza los cuatro millones de casos pendientes, con esperas prolongadas para las audiencias, según The New York Times.
La Corte también registró al menos una excepción notable: rechazó el pedido de Trump para desplegar cientos de efectivos de la Guardia Nacional en el área de Chicago, pese a la política de mano dura que caracteriza a su segundo mandato.
Un juez de Rhode Island rechazó este mes la suspensión indefinida de solicitudes de asilo impuesta por el gobierno. Un tribunal de apelaciones de Washington dictaminó en abril que la administración no podía negar de manera categórica las solicitudes de quienes cruzan desde México, según The New York Times.
El recorrido de una política de tres administraciones
Otros casos de inmigración que la Corte aún debe resolver
El fallo de este jueves no cierra el debate migratorio en la Corte. De acuerdo con Reuters, los jueces tienen pendientes dos decisiones más con plazo estimado para finales de junio:
- Ciudadanía por nacimiento (birthright citizenship): Trump firmó un decreto para restringir el derecho automático a la ciudadanía estadounidense para quienes nacen en el país. Su legalidad todavía está en disputa.
- Protecciones temporales: la administración busca revocar el estatus migratorio temporal de más de 350.000 haitianos y alrededor de 6.100 sirios que viven en Estados Unidos.
Ambas decisiones pueden ampliar o limitar el margen de acción del gobierno federal sobre la población migrante que ya reside en el país.
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