
El Concejo de Nueva York abrió un fuerte debate sobre la implementación del impuesto pied-à-terre, una medida dirigida a propietarios de segundas residencias de alto valor en la ciudad que ya enfrenta críticas por errores, confusión y reclamos judiciales. La audiencia pública se realizó el martes y expuso tanto el respaldo político a la iniciativa como el malestar de vecinos y dueños de inmuebles alcanzados, de acuerdo con un reporte de CBS New York.
La discusión se concentró menos en la existencia del tributo y más en la manera en que la ciudad puso en marcha el esquema. El nuevo gravamen forma parte del plan del alcalde Zohran Mamdani para aumentar la carga impositiva sobre propietarios con viviendas secundarias valuadas en más de 5 millones de dólares, además de departamentos y unidades en cooperativas o condominios con valores superiores a 1 millón de dólares cuando no se usan como residencia principal.
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Durante la audiencia, decenas de residentes expresaron su enojo por el despliegue administrativo del programa. La oficina del alcalde no envió representantes al encuentro y remitió su testimonio por escrito. Esa ausencia generó cuestionamientos entre miembros del Concejo, tal y como informó CBS New York.
Cuestionamientos al operativo y reclamos por falta de claridad

La presidenta del Concejo cuestionó que la administración municipal no hubiera comparecido pese a la relevancia del tema. Julie Menin afirmó que la supervisión es una de las funciones centrales del cuerpo legislativo y sostuvo que la existencia de litigios activos no impide que un gobierno dé explicaciones públicas.
En el texto presentado por la alcaldía, la administración defendió el objetivo fiscal de la medida. Gale Brewer, integrante del Concejo, leyó parte de esa declaración, donde se indicó que, como ocurre con toda la recaudación del Departamento de Finanzas, esos fondos ayudan a sostener el funcionamiento de la ciudad y respaldan servicios esenciales para los neoyorquinos, según recogió CBS New York.
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Pese a ese argumento, la propia Brewer reconoció que “apoyo personalmente el impuesto, pero la implementación ha sido confusa entre los propietarios”, aseguró durante la jornada, en una declaración citada por el medio estadounidense y traducida al español.
Uno de los principales focos de conflicto surgió por las notificaciones enviadas por el Departamento de Finanzas de Nueva York. La dependencia remitió cartas a más de 17.000 propietarios, entre ellos personas que aseguran que la vivienda señalada sí constituye su residencia principal. A eso se sumó la publicación de una base con más de 900.000 direcciones, una cifra que incluyó a muchos dueños que, en los hechos, no quedarían alcanzados por el tributo.
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Vecinos molestos, temor a la exposición pública y presión del sector inmobiliario

El malestar no quedó limitado a cuestiones burocráticas. Algunos vecinos que participaron de la audiencia expresaron temor por la exposición pública derivada de esos listados. Un residente de Staten Island, identificado solo como Vincent, dijo que muchas personas incluidas en la nómina ni siquiera sabían que figuraban allí.
“Sí, yo estoy en la lista y también muchas otras personas que ni siquiera saben de la existencia de esa lista”, afirmó el hombre ante el Concejo, en declaraciones recogidas por CBS New York. Luego agregó: “Están publicando una lista con toda mi información, con gente que conozco. Empezamos desde abajo, como todo el mundo”.
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El mismo vecino aseguró haberse sentido señalado de manera injusta. “Sentí que me apuntaban con el dedo, como si hubiera hecho algo malo, y no hice nada malo. Solo perseguí el sueño americano y algo mejor para mí y para mi familia”, expresó, siempre según la cobertura del canal local.
Las críticas también llegaron desde el mercado inmobiliario. La Real Estate Board of New York (REBNY) pidió suspender la aplicación del impuesto hasta que el gobierno pueda administrarlo con mayor precisión. James Whelan, presidente de la entidad, sostuvo que el sector había advertido desde el principio que el tributo sería difícil de gestionar y afirmó que el lanzamiento estuvo marcado por errores, dudas y preguntas sin respuesta. A su vez, reclamó que la administración de Mamdani pause el proceso hasta demostrar que puede aplicarlo de forma justa, precisa y transparente, de acuerdo con CBS New York.
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Apoyo político al impuesto y fecha clave para pedir exenciones
Pese a la resistencia de parte de propietarios y empresarios, el impuesto conserva respaldo entre dirigentes y activistas que promueven una mayor presión tributaria sobre los sectores de mayores ingresos. Antes de la audiencia hubo tres manifestaciones en las escalinatas del Ayuntamiento, con voces a favor y en contra de la medida.
Entre quienes defendieron el esquema, un referente comunitario sostuvo que no escucha entre sus vecinos preocupación por los dueños ricos de segundas residencias que ahora deberán tributar más. Otra manifestante afirmó que forma parte de los miles de neoyorquinos de clase trabajadora que apoyan gravar a los más ricos para que aporten su parte.
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La ciudad fijó el 18 de septiembre como fecha límite para solicitar una exención del impuesto. Las autoridades indicaron que aceptarán documentación probatoria, como la licencia de conducir, para acreditar que una propiedad constituye residencia principal. Ese plazo aparece ahora como el próximo punto de atención en una controversia que combina tensión política, resistencia judicial y dudas sobre la capacidad del gobierno para ejecutar la medida sin ampliar el conflicto.
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