
La ciudad de Nueva York dio un paso significativo en la transformación de su sistema penitenciario con el cierre definitivo del Centro de Enfermería del Norte en Rikers Island. La medida, impulsada por la administración del alcalde Zohran Mamdani, forma parte de una estrategia más amplia destinada a abandonar un modelo de gestión carcelaria vinculado a episodios de negligencia, para avanzar hacia un enfoque que priorice la rehabilitación y la rendición de cuentas. “Este hito nos acerca a cerrar ese capítulo”, expresó Mamdani al anunciar la clausura del centro. Con ello, la ciudad busca dar señales claras de cambio en la política penitenciaria local y responder a años de cuestionamientos sobre las condiciones en Rikers Island.
El cierre del Centro de Enfermería del Norte responde tanto a la necesidad de modernizar el sistema como a la obligación legal de poner fin a las operaciones del complejo penitenciario en los próximos años. La clausura fue posible gracias a la creación de una nueva unidad de atención terapéutica para los presos con necesidades médicas complejas, lo que permitió trasladar a los últimos 223 reclusos que requerían cuidados hospitalarios fuera de la isla. Esta reubicación representa uno de los cambios más tangibles en la política de atención a la salud dentro del sistema penitenciario neoyorquino y ejemplifica el giro hacia un entorno más humanizado para los internos.
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En cuanto al proceso de cierre, la administración municipal coordinó con el Departamento de Correcciones de Nueva York para transferir las instalaciones del Centro de Enfermería del Norte, junto con parte de otros dos centros penitenciarios, al Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS). Según un comunicado oficial, ninguna de estas instalaciones albergaba personas bajo custodia al momento de la transferencia. Esta decisión abre la puerta a un nuevo capítulo para Rikers Island, ya que el DCAS tiene ahora la responsabilidad de elaborar un plan maestro sobre el futuro uso del terreno y las edificaciones una vez que dejen de estar vinculadas al sistema carcelario.

La comisionada del DCAS, Yume Kitasei, subrayó que existen múltiples posibilidades para el futuro de la isla. Entre las opciones que se están considerando figuran proyectos relacionados con energías renovables y otros usos públicos, especialmente aquellos orientados a la justicia ambiental. Kitasei señaló que estas alternativas podrían aportar beneficios a la ciudad en los próximos años, marcando un cambio de paradigma en la relación de Nueva York con este espacio históricamente asociado al castigo y la reclusión.
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El cierre del Centro de Enfermería del Norte fue viabilizado por la puesta en marcha de una unidad de vivienda terapéutica para los reclusos con necesidades médicas agudas. Anteriormente, el centro había alojado a más de dos centenares de internos que requerían atención hospitalaria constante. La nueva política permitió que, desde abril, estos presos fueran trasladados al Hospital Bellevue en Kips Bay, donde se diseñaron espacios específicamente pensados para facilitar la recuperación y el bienestar. La doctora Patsy Yang, vicepresidenta sénior de servicios de salud penitenciaria en NYC Health + Hospitals, explicó que Bellevue fue concebido con criterios terapéuticos en mente, incorporando una paleta de colores y materiales que favorecen un ambiente de mayor apoyo y menor estrés para los detenidos.
Actualmente, la unidad del Bellevue atiende a 104 personas que requieren atención médica especializada. Además, se prevé la creación de otras dos unidades similares en los hospitales Woodhull y North Central Bronx, ampliando así el alcance de la atención sanitaria para la población penitenciaria neoyorquina fuera del entorno tradicional de Rikers Island.
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La clausura de estas instalaciones se inscribe en el marco de un plan legal que obliga a la ciudad a cerrar el complejo penitenciario de Rikers Island antes de agosto de 2027. El objetivo es sustituir el problemático complejo por cuatro cárceles más pequeñas, distribuidas en distintos distritos de la ciudad. Rikers ha sido objeto de controversia durante décadas debido a los múltiples casos de violencia, deficiencias en la infraestructura y problemas de gestión de personal. Sin embargo, el cumplimiento de este mandato legal enfrenta serios desafíos. Por un lado, las nuevas cárceles distritales todavía no están listas; por otro, la población reclusa actual, cifrada en 6.700 personas, supera de largo la capacidad de 4.100 camas previstas en las nuevas instalaciones.
El comisionado del Departamento Correccional, Stanley Richards, reiteró que la meta es construir infraestructuras centradas en la humanidad y la dignidad de las personas privadas de libertad, afirmando que estos principios guiarán cada decisión, estrategia y acción en el proceso de transformación. No obstante, el propio alcalde Mamdani ha reconocido que cumplir el plazo de 2027 resulta casi imposible bajo las condiciones actuales. En abril, Mamdani declaró que la ciudad lleva años sin satisfacer ni las recomendaciones ni los requisitos legales, por lo que el regreso a la normalidad llevará más tiempo del previsto.
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En términos de gestión, la responsable designada por el alcalde para la administración de los presos de Rikers, Dana Kaplan, advirtió que se trata de un plan a largo plazo y que los cambios no serán inmediatos. “Lamentablemente, no sucederá mañana”, resumió Kaplan, reflejando el desafío que implica transformar un sistema arraigado en décadas de prácticas difíciles de erradicar.
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