Con los precios de las viviendas un 54% más altos que en 2020 y los alquileres todavía un 17,2% por encima de los niveles prepandemia, millones de estadounidenses esperaban que la 21st Century ROAD to Housing Act (Ley de Vivienda del Siglo XXI para la Reforma, Oportunidad y Desarrollo) les diera un respiro. El miércoles 24 de junio, el presidente Donald Trump canceló la ceremonia de firma y bloqueó la ley, según The Associated Press.

El alivio, por ahora, no llega. Pero la pregunta que más importa a compradores e inquilinos no es solo si Trump firmará o no: es qué cambiaba concretamente en sus vidas si la ley entraba en vigor.
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Qué hubiera cambiado para compradores e inquilinos
La ley no era una solución inmediata, pero sí atacaba las causas estructurales del problema. Estos son los cambios concretos que contemplaba, según The Associated Press:
- Más viviendas accesibles en el mercado: impulso a la construcción de viviendas prefabricadas, que tienden a ser más baratas que las tradicionales.
- Menos trabas para construir: reducción de regulaciones federales, agilización de revisiones ambientales y modernización de códigos de zonificación que hoy frenan nuevos desarrollos.
- Freno a los grandes propietarios corporativos: límites a la capacidad de fondos de inversión y empresas para comprar viviendas unifamiliares, lo que reduce la competencia con compradores individuales.
- Más opciones de alquiler: ampliación del acceso a préstamos con respaldo gubernamental para construir unidades de alquiler independientes dentro de propiedades existentes.
- Más ayuda para inquilinos: expansión de los programas de asistencia al alquiler y nuevas protecciones legales a nivel federal.
- Fondos para reconstruir comunidades: financiamiento para reconvertir infraestructura abandonada en vivienda y apoyo a zonas que reconstruyen tras desastres.
Cuándo se habrían sentido esos cambios
El impacto no habría sido inmediato. “Cuanto antes se convierta esta ley en vigor, antes se beneficiarán constructores y compradores”, advirtió Danielle Hale, economista jefe de Realtor.com, a The Associated Press. “Incluso si el presidente la firmara de inmediato, muchas disposiciones tardarán tiempo en impactar la planificación de los constructores”, agregó.
Daryl Fairweather, economista jefe de Redfin, fue más específico ante la misma agencia: “En los próximos años veríamos más construcción de casas adosadas, vivienda multifamiliar y unidades accesorias”, con una oferta adicional que “aliviaría la presión sobre los precios y facilitaría que los compradores accedan al mercado”.
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Cada semana de retraso, en otras palabras, posterga proyectos de construcción que no arrancarán sin el marco legal que esta ley proveía.
Por qué el mercado necesita esta ley con urgencia
Las ventas de viviendas usadas cerraron 2025 en su nivel más bajo en tres décadas, con una tasa anual de alrededor de 4 millones de operaciones, frente al promedio histórico de 5,2 millones, según The Associated Press. El precio medio de una vivienda unifamiliar el año pasado equivalía a casi cinco veces el ingreso familiar medio, de acuerdo con el Joint Center for Housing Studies de Harvard.
El alcalde de San Diego Todd Gloria, presidente de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, lo resumió ante The Associated Press: sin acción federal, “el déficit habitacional del país crecerá otros 2 millones de unidades en los próximos cinco años”.
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Por qué Trump bloqueó la ley y qué puede pasar ahora
Trump condicionó la firma a que el Congreso apruebe primero la SAVE Act (Safeguard American Voter Eligibility Act), una ley que exigiría prueba de ciudadanía para votar. La medida tiene escasas posibilidades de prosperar en el Senado, donde el filibúster exige 60 votos, según PBS NewsHour.
La maniobra dejó perplejos a legisladores de ambos partidos. Andrew Desiderio, periodista de Punchbowl News, relató a PBS NewsHour que senadores republicanos le preguntan abiertamente “si este presidente está intentando deliberadamente destruir sus mayorías en el Congreso”.
La ley no está muerta. La Cámara la aprobó con 358 votos a favor y 32 en contra; el Senado, con 85 a favor y 5 en contra, márgenes que equivalen a una mayoría suficiente para superar un veto presidencial, según The Associated Press.
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Existe además un plazo de 10 días desde que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, transmita formalmente el proyecto al Ejecutivo: si vence sin firma ni veto, la ley entra en vigor de forma automática. Johnson aún no realizó esa transmisión, según PBS NewsHour.
El propio Johnson declaró el miércoles que confía en que Trump terminará por firmarla: “Cuando repasemos los detalles del proyecto, el presidente va a entender que es un buen producto”, afirmó a The Associated Press.
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