La Corte Suprema de Estados Unidos falló este martes a favor de la administración Trump al establecer que los titulares de residencia permanente que regresan al país y enfrentan cargos penales pueden ser sometidos a libertad condicional migratoria al momento del reingreso.
La decisión se adoptó por seis a tres y ratificó atribuciones del gobierno federal para regular el ingreso de residentes permanentes legales en ese tipo de casos.
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El criterio se apoyó en un litigio que data de 2012 y que se originó tras el retorno a Estados Unidos de Muk Chou Lau, un residente permanente legal que realizó un viaje corto a China y fue puesto bajo un régimen de libertad condicional migratoria por cargos previos por falsificación.
Según los informes judiciales recopilados por la agencia de noticias Associated Press, cuando Lau arribó al país un funcionario de inmigración le otorgó libertad condicional migratoria debido a que enfrentaba acusaciones por falsificación.
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Ese paso administrativo derivó en una disputa judicial sobre si el agente fronterizo se excedió o si, por el contrario, actuó dentro de las facultades que le otorgan las leyes vigentes.
Lau se declaró culpable de vender ropa falsificada en el estado de Nueva Jersey. La defensa argumentó ante los tribunales que el funcionario fronterizo se extralimitó en sus funciones. Según su postura, esa decisión inicial permitió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acelerara los trámites para su deportación antes de una condena formal.
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El litigio de 2012 y el alcance de las atribuciones federales

El caso llegó a la Corte Suprema con el foco puesto en el uso de la libertad condicional migratoria como mecanismo de control en frontera. La discusión se concentró en qué nivel de demostración debía aportar el gobierno para justificar esa decisión cuando el residente permanente legal reingresaba al país con acusaciones o sospechas penales en curso.
En su resolución, la mayoría del tribunal sostuvo que las leyes vigentes otorgan a los agentes la facultad de actuar ante sospechas o acusaciones penales activas. Con ese marco, la Corte avaló que el gobierno federal disponga la libertad condicional migratoria en estas circunstancias, incluso si todavía no existe una condena.
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El fallo de la mayoría y la redacción de Clarence Thomas
El juez Clarence Thomas redactó el dictamen de la mayoría y fijó el criterio central del fallo.
“Los agentes fronterizos no tenían la obligación de demostrar con pruebas claras y convincentes que Lau había cometido un delito que implicara depravación moral”, precisó Thomas.
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Esa interpretación, según la mayoría, respalda la actuación de los agentes al momento del reingreso cuando hay sospechas o acusaciones penales activas. En términos prácticos, el fallo ratificó el margen del gobierno federal para aplicar libertad condicional migratoria a residentes permanentes legales en situaciones como la del caso que se originó en 2012.
La disidencia liberal y el “limbo migratorio”

Los tres jueces del ala liberal de la Corte votaron en contra de la resolución. La jueza Ketanji Brown Jackson lideró la opinión disidente y sostuvo que la medida aplicada dejó al residente en una situación de desprotección legal ante el Estado. En su argumento, Jackson señaló que la libertad condicional por motivos migratorios colocó a Lau en un “limbo migratorio” previo a cualquier condena en firme.
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“Me preocupa que el Tribunal le haya entregado al Gobierno un cheque en blanco de enorme magnitud”, indicó Jackson en declaraciones recogidas por Associated Press.
La disidencia cuestionó que una decisión adoptada en la frontera pueda condicionar el estatus migratorio de un residente permanente legal cuando aún no existe una condena en firme, y advirtió sobre el alcance de las facultades que la mayoría convalidó para el gobierno federal.
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