A partir del 1 de julio, comienza a regir en Florida la ley HB 1471 que autoriza al estado a designar grupos como “organizaciones terroristas” nacionales y extranjeras, expulsar a estudiantes universitarios que apoyen a esas organizaciones, restringir fondos públicos a instituciones afiliadas y limitar el uso de fondos para programas o actividades que las promuevan, informaron CBS News y NBC Miami.
La propuesta, firmada por el gobernador Ron DeSantis, fue aprobada por la Legislatura de mayoría republicana con 80-25 votos en la Cámara de Representantes y 25-11 en el Senado. Durante el debate, legisladores demócratas y opositores advirtieron que el texto, junto con una exención de registros públicos vinculada al proceso de designación, podía debilitar garantías de debido proceso para los grupos alcanzados.
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La ley habilita nuevas designaciones y fija límites para universidades y escuelas
El texto permite que el jefe de seguridad doméstica del estado, cargo ocupado actualmente por el comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida Mark Glass, designe organizaciones terroristas tanto domésticas como extranjeras, con aprobación del gobernador y del gabinete estatal, consignó NBC Miami.
Uno de los puntos con efectos directos sobre campus estatales establece reglas para expulsar estudiantes universitarios que “promuevan” apoyo a organizaciones designadas. La sanción puede aplicarse si sus actos pueden ser “razonablemente interpretados” como una amenaza real de violencia, si alteran el entorno de aprendizaje, si infringen derechos de otros o si implican apoyo material o reclutamiento para esos grupos.
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Por su parte, la institución debe reportar datos sobre el estatus actual de un estudiante que asista a esa institución con una visa de estudiante cuando el alumno promueva una organización terrorista extranjera o una organización doméstica designada.
La ley impide que escuelas afiliadas a organizaciones designadas reciban fondos estatales para becas de educación primaria y secundaria. Además, prohíbe que universidades y colegios públicos usen fondos estatales o federales para respaldar programas o actividades en campus que promuevan a una organización designada.
A su vez, la norma limita que tribunales u otros órganos jurisdiccionales hagan cumplir disposiciones de leyes extranjeras o religiosas, con énfasis particular en la ley islámica conocida como sharía.
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De acuerdo con CBS News, el gobernador DeSantis reconoció que la sharía no se aplica en los tribunales de Florida, pero afirmó que la medida busca impedir que su influencia se extienda a otras instituciones: “Lo que veo que está sucediendo en Europa es una migración no para asimilarse, sino para desplazar las culturas existentes. No vamos a permitir que eso ocurra aquí en el estado de Florida”.
CAIR y los demócratas advierten sobre libertad religiosa, expresión y debido proceso
La nueva ley refuerza una orden ejecutiva que el gobernador emitió en diciembre de 2025 para aplicar la etiqueta de organización terrorista al Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR) y a la Hermandad Musulmana, reportaron CBS News y NBC Miami.
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En marzo, el juez federal de distrito Mark Walker dictó una medida cautelar preliminar contra esa orden al sostener que violaba derechos de CAIR al apuntar y amenazar a quienes prestaran apoyo material a la entidad.
La directora ejecutiva de CAIR-Florida, Hiba Rahim, cuestionó la norma y la describió como parte de una agenda política más amplia. Rahim afirmó en un comunicado citado por CBS News: “Esto no se trata solo de CAIR. Este marco legal, ampliado y profundamente defectuoso, puede atacar a cualquier organización que se atreva a disentir”.
En esa misma declaración, Rahim añadió que la ley pone en riesgo la expresión estudiantil, la libertad religiosa y el debido proceso: “Como floridanos, juntos, vigilaremos cómo se aplica esta ley sin precedentes y si se utiliza o se abusa de ella”.
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Los críticos de la iniciativa también objetaron la propuesta relacionada HB 1473, que exime de divulgación pública documentos sobre cómo se alcanza una designación de terrorismo. Los opositores sostuvieron que personas, en especial estudiantes universitarios, podrían ser acusadas de vínculos con organizaciones designadas y sufrir consecuencias sin una condena penal previa, informó CBS News.
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