Nuevo respaldo de EEUU al Gobierno de Bolivia: “No dejaremos que derroquen líderes elegidos democráticamente”

En medio de la ola de conflictos sociales que atraviesa Bolivia, el gobierno de Estados Unidos volvió a expresar su respaldo al presidente Rodrigo de Paz, que enfrenta pedidos de renuncia a solo seis meses de haber asumido el cargo.

A través de una publicación de X, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, expresó: “que no quepa duda: Estados Unidos apoya sin reservas al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No dejaremos que delincuentes y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”.

Se trata del tercer pronunciamiento de respaldo a Paz en lo que va de la semana. El domingo, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental condenó las manifestaciones y expresó su apoyo al gobierno boliviano para restablecer “el orden en favor de la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo”.

“En Bolivia, los disturbios y los bloqueos han provocado una crisis humanitaria, causando escasez de medicamentos, alimentos y combustible. Condenamos todas las acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz Pereira”, se lee en el documento difundido.

Dos días después, el subsecretario de Estado, Christopher Landau —que había participado como invitado en la posesión de Paz—, señaló que “aquellos que perdieron abrumadoramente en las urnas el año pasado están intentando derrocar al presidente”. A decir de Landau, los manifestantes tienen “apoyo del crimen organizado y narcotraficantes”.

El número dos del Departamento de Estado informó que sostuvo una conversación telefónica con su “amigo” Rodrigo Paz en la que le ratificó el apoyo de Estados Unidos y el rechazo a “este intento de sustituir el orden institucional por el dominio de la turba”.

Las declaraciones de los funcionarios estadounidenses van en línea con lo señalado por la administración de Paz, que en más de una ocasión ha acusado sin pruebas a los manifestantes de estar financiados con dinero del narcotráfico.

Bolivia atraviesa un tiempo de tensión tras varios días de protestas convocadas por diversos sectores para presentar reclamos sindicales —por incremento salarial y la abrogación de una ley que autorizaba cambios en la propiedad agraria, principalmente—, pero luego surgieron pedidos de renuncia contra el presidente por un descontento general con su gestión.

Hace más de dos semanas que indígenas del altiplano realizan bloqueos que tienen cercada la ciudad de La Paz, que padece de escasez de algunos alimentos e insumos básicos. En este tiempo hubo dos jornadas de violencia cuando mineros, equipados con dinamita y material explosivo, se enfrentaron a la Policía, atacaron instituciones públicas y agredieron físicamente a civiles.

Los conflictos sociales provocaron una fuerte reacción internacional. Además de los pronunciamientos del gobierno estadounidense, ocho países latinoamericanos —Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú— emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” y a “alterar la institucionalidad” del Gobierno.

De igual forma, la Unión Europea expresó su preocupación por la situación en Bolivia, al igual que lo hicieron más de 30 expresidentes de América y España que conforman el Grupo Idea.

El miércoles, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) tuvo una sesión extraordinaria para discutir la actualidad boliviana, en la que los países miembros llamaron a preservar la institucionalidad democrática frente a la crisis social y política que atraviesa el país.

A pesar de este respaldo prácticamente unánime de la comunidad internacional al gobierno de Paz, el conflicto generó una crisis diplomática con Colombia, luego de que la Cancillería boliviana decidiera expulsar a su embajadora en rechazo a declaraciones que había hecho el presidente Gustavo Petro en respaldo a las movilizaciones.

El canciller Fernando Aramayo calificó las afirmaciones de Petro como “injerencia en asuntos internos” y expulsó a Elizabeth García. Más tarde, Colombia respondió a esta acción expulsando al representante diplomático de Bolivia, Percy Molina.

Aunque la reacción boliviana ha sido criticada y algunos líderes de opinión la han considerado desproporcionada e inoportuna, el presidente Paz la justificó horas más tarde en una conferencia de prensa: “El ataque de Petro es un ataque a la democracia boliviana”.