Exigen datos de Medicaid para las deportaciones: qué estados avanzan con la medida

Estados Unidos inició una oleada de órdenes en Carolina del Norte, Luisiana, Indiana, Montana y Wyoming: los gobiernos estatales bajo mayoría republicana instruyeron a sus agencias de salud pública a entregar datos de beneficiarios de Medicaid a autoridades migratorias para facilitar deportaciones, según reveló una investigación de CBS News. La medida amenaza con expandirse a más estados controlados por el Partido Republicano.

Desde octubre, empleados estatales deberán exigir a quienes reciben Medicaid pruebas de su estatus migratorio y reportar a quienes no las presenten al Departamento de Seguridad Nacional. Legisladores republicanos argumentan que buscan combatir el fraude, pero abogados y especialistas temen un impacto directo sobre familias inmigrantes, muchas con hijos ciudadanos estadounidenses.

Qué cambia con la nueva ley y a quién afecta

La nueva legislación obliga a las agencias de salud a notificar al Departamento de Seguridad Nacional si detectan beneficiarios de Medicaid sin estatus legal comprobado. El representante republicano Donny Lambeth expresó: “Este proyecto de ley busca financiar necesidades críticas y empezar a revisar los problemas de fraude y abuso que sabemos existen en el sistema”.

El programa cubre a más de 75 millones de personas de bajos ingresos, incluidas familias y menores a través de CHIP. Aunque la ley federal ya exige verificación migratoria, ahora los estados deben reportar activamente a las personas sospechadas de carecer de documentos válidos.

Por qué se implementa y cuáles son sus efectos

La administración de Donald Trump promueve la colaboración entre estados y autoridades migratorias para frenar el supuesto fraude y limitar el acceso de inmigrantes indocumentados a servicios públicos. Estados como Tennessee ya evalúan leyes aún más estrictas que obligarían a todas las agencias estatales a informar sobre personas sin estatus legal.

Especialistas señalaron el efecto disuasivo de estas medidas. Yesenia Polanco-Galdamez, abogada de inmigración en Carolina del Norte, advirtió: “Espero que esta ley lleve a más familias a preguntarse si es seguro buscar atención médica o inscribir a un niño en Medicaid”.

Numerosos inmigrantes legales, incluidos residentes permanentes, asilados y refugiados, sí califican para Medicaid. Sin embargo, el temor al reporte provoca que muchas familias mixtas —con miembros en diferentes situaciones migratorias— eviten tramitar la cobertura para sus hijos ciudadanos estadounidenses.

Leonardo Cuello, investigador de la Universidad de Georgetown, señaló: “Cuando se dirige una política a un inmigrante, en realidad se impacta a todo el hogar”. El riesgo es que menores estadounidenses queden sin seguro médico por miedo de sus padres a la vigilancia estatal.

Qué muestran los estudios y cómo reaccionan los expertos

Un análisis realizado por el think tank libertario Cato Institute indica que los inmigrantes consumen menos asistencia social y cometen menos fraude que los nacidos en Estados Unidos. Una encuesta conducida por la organización de políticas de salud KFF y The New York Times revela que la mitad de los adultos indocumentados teme buscar atención médica por miedo a la deportación.

La abogada Anabel Rosa sostuvo: “La mayoría de las personas que están en proceso de regularización paga su tratamiento médico de su bolsillo”.

Cómo responden las autoridades y qué otros estados avanzan

En Florida y Texas, las leyes obligan a los hospitales a preguntar y registrar el estatus migratorio de los pacientes, lo que ya ha frenado el acceso de muchas familias a la salud, según un estudio de la Universidad pública del Sur de Florida. En Carolina del Norte, la portavoz del Departamento de Salud, Hannah Jones, indicó que aún evalúan el impacto de la nueva norma.

El gobernador demócrata Josh Stein reclamó la protección de la cobertura de mujeres embarazadas y niños con estatus legal, pero no se pronunció sobre la cláusula de reporte obligatorio.

Por otra parte, los especialistas detectaron que las nuevas políticas profundizan la desconfianza de las comunidades inmigrantes hacia el sistema de salud. Polanco-Galdamez advirtió: “Los sistemas de salud pública funcionan mejor cuando la gente se siente segura para buscar atención. Si se mezcla el acceso a la salud con la vigilancia migratoria, se empuja a las familias vulnerables aún más a la sombra”.

Mientras continúa la batalla legal sobre el uso de datos de Medicaid para deportaciones, las familias enfrentan la decisión difícil entre cuidar su salud y evitar el riesgo de ser detectadas por las autoridades migratorias.