
El auge de centros de datos para inteligencia artificial en Florida enciende las alarmas por el enorme consumo de agua y energía que implica su funcionamiento. Un solo centro de gran escala puede gastar hasta 5 millones de galones diarios (18.927.058 litros), cantidad suficiente para abastecer a una ciudad de más de 10 mil habitantes, según estudios citados por el portal Tallahassee Democrat.
El debate político y social se intensifica a medida que avanzan proyectos como el Fort Meade Data Center Campus, un complejo de centros de datos hiperescalables impulsado por Stonebridge en el corazón de Florida, pese a la preocupación por el impacto en los recursos hídricos y el costo para los contribuyentes.
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Esta iniciativa, que contempla la construcción de varios edificios destinados a inteligencia artificial en terrenos antes usados para minería, requerirá una enorme cantidad de electricidad y permisos especiales para el uso de agua. Las propuestas legislativas buscan que estas instalaciones asuman la totalidad de sus gastos energéticos y transparenten su consumo de recursos, evitando que la ciudadanía cargue con la factura de la revolución digital.
¿Qué son los centros de datos y por qué generan controversia en Florida?
Los centros de datos son grandes edificios repletos de servidores, responsables de gestionar el almacenamiento, procesamiento y transmisión de información digital para servicios de inteligencia artificial, correo electrónico y video bajo demanda. En Florida existen más de 100 instalaciones, aunque la mayoría es de tamaño reducido.
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El crecimiento de la demanda tecnológica ha impulsado planes para centros hiperescalables que multiplican la presión sobre los sistemas de agua y energía estatales.

Cada vez que un usuario genera una consulta de 100 palabras en una plataforma de IA, el proceso puede llegar a consumir el equivalente a una botella de agua en el enfriamiento de los equipos. Si se considera que, a escala nacional, el consumo futuro de agua podría igualar al uso diario de una ciudad como Nueva York, de acuerdo con estimaciones recogidas por Tallahassee Democrat.
¿Dónde se planean nuevos centros y cómo afectan al suministro de agua?
Las ubicaciones propuestas para los nuevos centros de datos incluyen Fort Meade, St. Lucie, Martin y Palm Beach. Cada uno podría alcanzar un consumo estimado de hasta 6 millones galones (22.712.471 litros diarios), lo que confronta directamente a las necesidades de hogares, empresas y la agricultura local.
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El Acuífero de Florida, principal fuente subterránea del estado, ya muestra signos de agotamiento por la demanda de la urbanización y las restricciones hídricas vigentes.
Un estudio realizado por la Universidad de California Riverside y el Instituto de Tecnología de California advierte que muchos sistemas públicos de agua en Estados Unidos son antiguos y no tienen capacidad para sostener la demanda adicional de estos centros.
El informe resalta: “La disponibilidad limitada de sistemas públicos de agua emerge como un cuello de botella crítico para el rápido crecimiento de los centros de datos”.
¿Qué medidas busca implementar la legislación estatal?
El Senado de Florida discute el proyecto de ley SB 484, que propone nuevas reglas para regular el establecimiento y operación de grandes centros de datos. Entre las disposiciones destacan la obligación para las empresas de cubrir el costo completo de la infraestructura eléctrica y la prohibición de acuerdos de confidencialidad que oculten información clave a la ciudadanía.
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El texto legislativo refuerza el control sobre el uso del agua: exige audiencias públicas, planes detallados de consumo y la utilización de agua reciclada cuando sea viable. Además, permite que las empresas de servicios públicos limiten el suministro eléctrico a estos centros en situaciones de emergencia para proteger la red general.
Un informe de FOX 13 News señala que la medida busca mayor transparencia y protección de recursos críticos, aunque algunos sectores empresariales argumentan que podría desalentar la inversión tecnológica.
La propuesta también deja en manos de las autoridades locales las decisiones de zonificación y uso del suelo, conservando el poder de bloquear o regular estos proyectos en función del interés comunitario.
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¿Quiénes están a favor y quiénes cuestionan el proyecto?
El senador Bryan ávila, principal impulsor de la ley, defendió el equilibrio entre el liderazgo tecnológico de Florida y la protección de los recursos naturales. “Queremos mantenernos a la vanguardia, pero también garantizar que los usuarios no paguen más por la electricidad”, afirmó ávila, citado por CBS News Miami.
Adam Basford, vicepresidente de Associated Industries of Florida, objetó la idea de que los centros de datos sean más problemáticos que otras industrias. Según Basford a la CBS News Miami, “los operadores de centros de datos ya pagan el costo total de la electricidad bajo tarifas específicas, y muchas de las preocupaciones sobre el uso del agua y el ruido no reflejan la realidad de las operaciones”.
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Turner Loesel, analista del think tank conservador James Madison Institute, expresó inquietud por la exigencia de permisos adicionales para los centros de datos, algo que no se pide a otros grandes consumidores industriales.
¿Cuál es el panorama inmediato para Florida y sus ciudadanos?
La administración del gobernador Ron DeSantis impulsó la creación de una “Carta de Derechos de la Inteligencia Artificial” que, entre otras medidas, busca evitar que los residentes asuman los costos derivados de los centros de datos.
DeSantis propone, además, que los gobiernos locales tengan la potestad de regular o impedir la instalación de estos proyectos en sus comunidades.

En paralelo, la crisis hídrica sigue agravándose: la mayoría del estado permanece bajo condiciones de sequía extrema y las fuentes naturales sufren el impacto de la sobreexplotación.
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Si los centros de datos no logran suficiente agua para enfriar sus servidores, deberán recurrir, según la Universidad de Florida, a sistemas de enfriamiento evaporativos o por compresión que incrementan el consumo energético y la demanda sobre la red estatal.
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