La Arquidiócesis de Miami exige fondos estatales para la seguridad en escuelas católicas

La Arquidiócesis de Miami intensificó su reclamo para que las escuelas católicas privadas de Florida reciban financiamiento estatal destinado a seguridad, ante la creciente preocupación por la violencia dirigida contra comunidades católicas. El debate legislativo sobre el presupuesto estatal ganó relevancia ya que los fondos propuestos por el gobernador Ron DeSantis se reservaron exclusivamente para instituciones públicas, una situación que los líderes religiosos consideraron discriminatoria.

El gobernador DeSantis propuso un incremento en el presupuesto para seguridad escolar, con una cifra de USD 300 millones prevista para el próximo ejercicio fiscal, es decir, USD 10 millones más que en el ciclo anterior. Esta suma solo podrá ser asignada a escuelas públicas, lo que excluye a los más de 94.000 estudiantes de las escuelas católicas del estado y, en particular, a los más de 37.000 alumnos del sur de Florida.

Esta diferencia de trato llevó a líderes como Jim Rigg, superintendente de las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Miami, a exigir públicamente un cambio de criterio: “La vida de un niño no tiene precio en ningún tipo de escuela, ya sea pública o privada. Espero que nuestros legisladores estatales comprendan el valor de la vida infantil y estén dispuestos a apoyar esta causa”, afirmó Rigg a Miami Herald.

El presupuesto estatal solo beneficiará a escuelas públicas

Mientras el gobierno de Florida preparaba una sesión extraordinaria entre el 12 y el 19 de mayo para definir el presupuesto definitivo, diversas organizaciones católicas insistieron ante los legisladores en la inclusión de fondos para sus escuelas.

La organización episcopal regional Conferencia de Obispos Católicos de Florida sostuvo que las escuelas católicas financiaban sus garantías de seguridad a través de las matrículas de los alumnos, a diferencia de algunas escuelas judías de jornada completa que recibieron subvenciones estatales por varios años.

Durante la última sesión legislativa ordinaria, la Cámara de Representantes propuso destinar USD 27,5 millones a la seguridad en estos establecimientos católicos.

Sin embargo, dicha partida no figuró en la versión del presupuesto elaborada por el Senado, razón por la cual la Conferencia de Obispos Católicos de Florida realizó gestiones adicionales antes de la votación final. Rigg reconoció que recibir esa suma “no las equipararía a una cantidad equitativa con las escuelas públicas”, pero aclaró: “algo es mejor que nada, y estaríamos agradecidos de recibir esa cantidad”.

Las cifras describieron el desafío. El costo anual de contratar a un agente policial de tiempo parcial para custodiar una escuela ascendía, según Rigg, a USD 150.000, monto muy superior al salario de los docentes y directores.

Si bien algunas escuelas contrataron personal de seguridad por cuenta propia, esta estrategia representó una carga financiera considerable y limitó los recursos destinados a áreas pedagógicas o de infraestructura.

La violencia contra la comunidad católica impulsa nuevas demandas

La demanda se contextualizó en episodios recientes de violencia. Los líderes de la arquidiócesis comenzaron a abogar por mayores subvenciones tras el tiroteo masivo del año pasado en una iglesia católica de Minneapolis, que dejó como saldo dos niños muertos y 28 heridos.

Estas cifras reflejaron una tendencia que, aunque no se replicó con la misma gravedad en las escuelas del sur de Florida, generó inquietud en la comunidad.

Un antecedente citado por Rigg fue el acto de vandalismo registrado hace unos años en la iglesia católica de San Timoteo, el cual, según explicó el superintendente a Miami Herald, provocó la intervención de la policía y generó preocupación entre los feligreses.

Aunque en la actualidad no se reportaron incidentes peligrosos en los establecimientos católicos del sur de Florida, tanto la arquidiócesis como la Conferencia de Obispos Católicos de Florida defendieron la importancia de una política preventiva.

Rigg puntualizó que la seguridad –financiada hasta ese momento casi exclusivamente con matrículas escolares– debía ser garantizada de forma igualitaria, y advirtió sobre el impacto que la asignación selectiva de recursos podría tener en el acceso a educación segura para los niños: “No nos parece justo que otros tipos de escuelas en el estado reciban financiación y nosotros no”.

Más de 94.000 estudiantes católicos reclaman equidad en la seguridad escolar

Actualmente, según la Arquidiócesis de Miami, existían 65 escuelas y tres preescolares bajo su supervisión. Estas instituciones albergaban a una parte significativa de los más de 94.000 estudiantes matriculados en escuelas católicas a lo largo de Florida.

La demanda de financiamiento no solo buscó mantener a salvo a estos alumnos, sino que procuró aliviar la presión financiera sobre los centros católicos, permitiéndoles destinar más recursos a la enseñanza y la mejora de instalaciones.

La decisión final sobre el presupuesto se definiría en la sesión extraordinaria de mayo, donde la inclusión o no de los fondos para escuelas católicas sería uno de los puntos más observados por la comunidad educativa y religiosa de Florida.