La Corte Suprema de Estados Unidos analiza si la policía puede rastrear celulares por ubicación

La Corte Suprema de Estados Unidos examina la legalidad de las llamadas geofence warrants, autorizaciones que facultan a la policía a acceder a datos de localización de miles de teléfonos móviles para identificar sospechosos, incluso cuando los usuarios no están vinculados directamente con una investigación.

En la práctica, las geofence warrants permiten a las autoridades solicitar a empresas tecnológicas, como Google, historiales de ubicación y marcas de tiempo de todos los dispositivos presentes en un área específica durante cierto período.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, estas técnicas han sido empleadas en causas que involucraron comunidades hispanas, como en Phoenix (Arizona), donde el uso de órdenes masivas de vigilancia y detenciones afectó de manera desproporcionada a personas latinas y otros grupos minoritarios.

El impacto en estas comunidades ha sido ampliamente documentado por organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la Electronic Frontier Foundation, organización de derechos digitales.

Ambas entidades han señalado que la recopilación masiva de datos de ubicación expone a comunidades vulnerables—en particular a los latinos—a investigaciones y detenciones arbitrarias.

Han recopilado casos en los que personas inocentes terminaron detenidas tras asistir a manifestaciones o por encontrarse en el área de un delito, sin relación directa con los hechos investigados.

A esto se suma un informe oficial publicado en 2024 por el Departamento de Justicia, que sostiene que el Departamento de Policía de Phoenix mantiene “prácticas de discriminación sistemática” en operativos y detenciones, especialmente contra personas hispanas e indígenas, en violación de la Constitución estadounidense.

El debate sobre las geofence warrants se intensificó tras el caso de Okello Chatrie, acusado del robo a mano armada de una cooperativa de crédito en Virginia en 2019.

Las autoridades lo ubicaron a 150 metros del banco durante el asalto gracias a datos proporcionados por Google bajo una geofence warrant; la defensa de Chatrie impugna la validez de esa evidencia al considerar que viola la Cuarta Enmienda.

Las implicaciones del uso de geofence warrants y otras herramientas de vigilancia se hicieron especialmente notorias en las operaciones migratorias de los últimos años.

Tras un fallo reciente de la Corte Suprema que reactivó redadas en California según raza, idioma u ocupación, la jueza Sonia Sotomayor advirtió en su disidencia que la decisión “convierte a millones de latinos en objetivos de detenciones sin garantías”

De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional, solo en Los ángeles se registraron más de 5.000 arrestos tras la autorización judicial. Organizaciones civiles como la ACLU y la Human Rights Watch, ONG internacional de derechos humanos, denunciaron que estas prácticas “normalizan el perfilamiento racial” contra los hispanos.

Según datos del Censo de Estados Unidos, la población latina o hispana en el condado de Los ángeles supera los 4,8 millones de personas, lo cual equivale al 48,6% de sus habitantes.

Líderes comunitarios y abogados de la ACLU advirtieron que el precedente de la Corte Suprema “abre la puerta a la discriminación abierta en nuestras comunidades” y marca la pauta para operativos similares en otras ciudades del país.

Durante la revisión del caso Chatrie, la defensa legal de la herramienta—respaldada por la administración Trump—sostiene que, al compartir información de localización con aplicaciones y tecnológicas como Google, los usuarios renuncian a cualquier expectativa de privacidad sobre esos datos.

La decisión de la Corte Suprema podría redefinir los límites del acceso estatal a la información personal en investigaciones penales y marcar un precedente para millones de usuarios, especialmente en comunidades latinas afectadas por prácticas de vigilancia y detención basadas en la tecnología.

Qué puede cambiar para los usuarios de telefonía móvil

Si la Corte Suprema declara inconstitucional el uso indiscriminado de geofence warrants, las autoridades deberán justificar de manera precisa la necesidad y el alcance de cada solicitud, limitando así la recopilación masiva de información sobre personas ajenas a una investigación.

De lo contrario, si el tribunal avala este procedimiento, la policía podrá seguir accediendo a datos de ubicación de cualquier usuario presente cerca de la escena de un presunto delito, incluso sin evidencia individualizada, lo que aumentaría el riesgo de investigaciones erróneas y afectaría la privacidad, especialmente entre comunidades vulnerables y latinas.

Cómo impactaron las órdenes de localización masiva en comunidades hispanas

En Phoenix (Arizona), el Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó en 2024 que el Departamento de Policía local implementa prácticas discriminatorias y de vigilancia masiva que afectan de manera desproporcionada a personas hispanas e indígenas.

Así lo indica el Phoenix Findings Report, informe oficial del Departamento de Justicia, que documenta cómo las técnicas de recolección de datos y detenciones selectivas violan derechos constitucionales y civiles.

En Los Ángeles, tras el fallo de la Corte Suprema que permitió reanudar redadas migratorias basadas en criterios de raza, idioma y ocupación, el Departamento de Seguridad Nacional reportó más de 5.000 arrestos en operativos dirigidos principalmente contra la comunidad latina.

Según declaraciones de la jueza Sonia Sotomayor y de la ACLU, estas prácticas “institucionalizan el perfilamiento racial” contra los hispanos.

En el condado de Maricopa (Arizona), la demanda colectiva Melendres v. Arpaio documentó cómo los arrestos y redadas policiales bajo programas federales de colaboración migratoria estaban dirigidos sistemáticamente contra la población latina, en contravención de garantías constitucionales y civiles.