Las filas de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos podrían volver a extenderse durante horas a partir de mayo, tras la advertencia del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sobre la inminente falta de fondos para cubrir la nómina de los trabajadores.
La persistente parálisis legislativa y el agotamiento de los recursos extraordinarios ponen en riesgo el funcionamiento de la seguridad aeroportuaria y de otras 22 agencias dependientes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según CNN, Reuters y Fox News.
Impacto presupuestario en la nómina y operaciones del DHS
De acuerdo con Mullin, en una entrevista concedida al programa The Will Cain Show de Fox News, el DHS enfrenta una crisis presupuestaria que ha provocado una suspensión de operaciones de más de 70 días, lo que establece un récord respecto de cualquier otra agencia gubernamental estadounidense.
Actualmente, solo quedan disponibles USD 1.400 millones de los USD 10.000 millones asignados por la ley One Big Beautiful Bill (OB3), promulgada bajo la administración de Donald Trump. Esta suma resulta insuficiente para cubrir la próxima nómina quincenal de más de 260.000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional, cuyo pago demanda entre USD 1.600 y 1.700 millones.
El propio Mullin fue enfático en televisión: “Después del siguiente pago, ya no queda más fondo de emergencia, por lo que el presidente no puede emitir otra orden ejecutiva para destinar dinero, porque simplemente no hay más”.
La situación se agrava porque los fondos habilitados por decreto tras la ley OB3 solo cubrieron el pago de salarios; el DHS no dispone de recursos para abonar a contratistas, mantener la gasolina de los barcos de la Guardia Costera ni sostener otras operaciones de rutina, detalló Mullin en Fox News.
Efectos sobre los trabajadores y los pasajeros de Estados Unidos
Las implicancias cotidianas comenzaron a evidenciarse desde febrero. Muchos agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), imposibilitados de costear el combustible para trasladarse a su lugar de trabajo o de pagar servicios de cuidado infantil, dejaron de presentarse a sus turnos.
Esta situación provocó la suspensión temporal de programas como Global Entry y PreCheck, el cierre parcial de servicios en aeropuertos y la reasignación de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para tareas de control de pasajeros, informó CNN.
El periodo actual de interrupción se suma a las seis semanas de atraso salarial que este colectivo experimentó en el otoño anterior, durante otro cierre parcial del gobierno. Según una ley aprobada en 2019, estos trabajadores tienen derecho a pagos retroactivos una vez finalizado el cierre; sin embargo, esta disposición no resuelve su situación inmediata, que sigue siendo precaria.
En otra declaración, Mullin reiteró la gravedad del escenario: “Nuestros hombres y mujeres en las 22 agencias, se presentan cada día, hacen su trabajo, muchos de ellos lo están haciendo gratis, y protegen la patria porque creen en la misión”. Además, agregó: “Es ridículo que esto ocurra, porque los demócratas no están siendo honestos con el pueblo estadounidense”.
La amenaza de una paralización total de la seguridad aeroportuaria
La raíz del problema es política. Según CNN y Reuters, ninguna cámara del Congreso ha alcanzado consenso para reactivar plenamente el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los demócratas condicionan cualquier acuerdo a una reforma profunda de las políticas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y exigen, por ejemplo, que estas agencias cuenten con autorización judicial para ingresar a viviendas privadas, como ocurre con otras fuerzas policiales.
El rechazo demócrata a proyectos que incluyan fondos para inmigración llevó a los republicanos a impulsar la financiación de las operaciones migratorias del DHS de manera independiente. El bloque republicano intentará aprobar un paquete que asignaría hasta USD 70.000 millones para mantener en funcionamiento las operaciones durante el resto del mandato de Trump. El procedimiento exige la unanimidad virtual del partido en ambas cámaras.
Por su parte, el presidente nacional de la Federación de Empleados Públicos de Estados Unidos, Everett Kelley, advirtió en una carta a la Cámara: “Si no se aprueba un acuerdo bipartidista antes del viernes 24 de abril, se garantiza que los agentes de seguridad del transporte, los empleados civiles de la Guardia Costera y los profesionales de FEMA no cobrarán a menos que la administración intervenga, como lo hizo el mes pasado”.
La posibilidad de que republicanos y demócratas logren un acuerdo antes del viernes 24 de abril permanece incierta. Esta falta de definición conlleva el riesgo inmediato de nuevas renuncias masivas y la propagación de los retrasos a todos los grandes aeropuertos del país. Incluso, la TSA ha advertido que podría cerrar terminales si el número de agentes disponibles sigue en descenso.
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