La Junta de Supervisores de Los Ángeles refuerza el umbral para desalojos en zonas no incorporadas

Una nueva ordenanza que endurece las restricciones para desalojar a residentes en zonas no incorporadas del condado de Los ángeles comenzó a aplicarse este jueves.

La norma establece que los propietarios solo pueden iniciar el proceso de desalojo cuando los inquilinos acumulan al menos dos meses de atraso en el pago del alquiler a precio de mercado, y fue aprobada el mes pasado por la Junta de Supervisores.

Cuál es el objetivo de la nueva medida

Según informó la cadena hispana de televisión local, la intención es ofrecer mayor protección a los inquilinos ante el agravamiento de la situación económica en la región. El texto señala que el alquiler de mercado justo en el condado de Los Ángeles asciende a USD 2.085 mensuales para una unidad de una habitación y a USD 2.601 en el caso de dos dormitorios, de acuerdo a datos citados por Telemundo 52.

La medida supone un cambio con respecto al requisito anterior, que permitía a los arrendadores comenzar el trámite legal de desahucio con tan solo un mes de impago.

El endurecimiento actual se contextualiza en la Ordenanza de Estabilización de Alquileres y Protección de Inquilinos, vigente desde 2022, cuyo objetivo ha sido disminuir el riesgo de personas sin vivienda en el condado.

La supervisora Janice Hahn, una de las principales impulsoras, calificó en un comunicado la subida a dos meses como “un aumento moderado, pero necesario”. En ese sentido, Hahn señaló que el nuevo plazo “da a los inquilinos un poco de margen, sin trasladar toda la carga a los propietarios, que también dependen de los ingresos por alquiler para pagar sus propias cuentas”.

La supervisora Hilda Solis, coautora de la moción, fundamentó la urgencia de la ley en el aumento de la presión financiera sobre los arrendatarios.

Solis relacionó este fenómeno con las recientes medidas federales de control migratorio, que han reducido la participación laboral de migrantes y han impactado a pequeñas empresas con menor flujo de clientes y trabajadores.

El canal americano remarcó que “el condado ha dado pasos concretos para proteger a los inquilinos” frente a “acciones federales inhumanas y amenazas persistentes contra las familias inmigrantes.”

A su vez, añadió: “No son gestos simbólicos, sino medidas reales que responden a las necesidades de quienes se han visto afectados.”

Por otro lado, consideró que elevar el umbral a dos meses ofrece mayores garantías contra el desalojo, aunque advirtió que los inquilinos aún deberán saldar el alquiler adeudado a los propietarios.

Por su parte, los integrantes del Sindicato de Inquilinos de Los ángeles y otros activistas exigieron un umbral de tres meses y que la norma abarque todas las ciudades del condado.

En febrero, la supervisora Lindsey Horvath propuso una moción con estos cambios, pero la iniciativa no obtuvo el respaldo suficiente dentro de la junta, según la cadena Telemundo 52.

La oposición se manifestó de manera individual a través de la supervisora Kathryn Barger, la única en votar en contra de la ampliación. Dijo a la agencia local de noticias City News Service: “Mi voto en contra refleja mi convicción de que los gobiernos locales no deben equilibrar las dificultades económicas de los inquilinos a costa de los propietarios”.

Por último, agregaron que esto puede perjudicar a los pequeños propietarios, quienes dependen de los ingresos de las rentas tanto para su jubilación como para cubrir otros gastos, subrayando: “Cargar aún más a los propietarios, que también tienen cuentas que pagar —como el aumento del seguro de vivienda— y que están tratando de mantenerse al día con los costos, es un enfoque desequilibrado y equivocado”.

El cambio en el umbral de desalojo amplía la protección para inquilinos en Los Ángeles

La norma establece que los inquilinos de zonas no incorporadas del condado de Los Ángeles sólo podrán ser desalojados tras acumular dos meses de deuda en el alquiler de mercado justo, elevando el umbral previo de un mes.

Desde la junta han justificado la iniciativa en el impacto económico directo de recientes normas federales migratorias y en los elevados costos de vivienda.