El gobierno de Chicago despidió a empleados por beber alcohol en el trabajo y por fraude con fondos federales

El último informe trimestral presentado por la inspectora general Deborah Witzburg ha puesto al descubierto una serie de irregularidades sorprendentes en el funcionamiento del gobierno municipal de Chicago, entre las que destaca el consumo de alcohol durante el horario laboral por parte de trabajadores del Aeropuerto Internacional O’Hare. El documento, que marca el cierre de la gestión de Witzburg al frente de la oficina, detalla además casos de fraude, corrupción y abuso de poder entre empleados públicos, arrojando luz sobre prácticas que ponen en entredicho la gestión responsable de los recursos y la confianza de la ciudadanía.

El consumo de alcohol en horario laboral dentro del aeropuerto O’Hare es uno de los hechos más llamativos del informe. Según la investigación, ocho empleados del Departamento de Aviación de Chicago (CDA) fueron sorprendidos bebiendo mientras debían cumplir con sus tareas en una de las terminales más transitadas del país. El informe describe cómo, en una fiesta organizada por un empleado fuera de servicio, varios de los asistentes —que sí estaban en turno— consumieron cerveza, cócteles y chupitos de licor antes de reincorporarse a sus funciones en el aeropuerto. Esta situación no pasó inadvertida para sus supervisores y colegas, quienes tenían conocimiento del consumo de alcohol, pero optaron por no intervenir ni denunciar los hechos, permitiendo que la conducta se repitiera en varias ocasiones.

El reporte detalla que el consumo de alcohol no se limitaba a eventos esporádicos, sino que algunos empleados bebían durante sus almuerzos, en compañía de sus supervisores, quienes incluso en ciertos casos pagaron las bebidas alcohólicas. Este comportamiento, según la inspectora general, constituye un grave abuso de la confianza pública y un ejemplo claro de mal uso de los fondos que los contribuyentes destinan al funcionamiento de los servicios municipales.

La gravedad de estos hechos llevó a que el Departamento de Aviación acordara el despido de siete empleados involucrados y su inclusión en la lista de personas no aptas para ser contratadas nuevamente por la administración pública. Además, cuatro trabajadores recibieron sanciones disciplinarias. Tres empleados implicados ya no se encontraban en el departamento al momento de concluir la investigación; dos de ellos fueron despedidos de sus nuevos puestos y uno recibió una sanción. En todos los casos, el informe enfatiza la falta de acción por parte de los supervisores, lo que permitió que estas prácticas persistieran durante un período considerable.

Más allá del consumo de alcohol, la inspección reveló otras conductas irregulares dentro del Departamento de Aviación. Al menos seis trabajadores fueron investigados por ausentarse de sus funciones durante horas sin justificación, mostrar incompetencia en el desempeño de sus tareas, apropiarse de bienes municipales y mentir durante el proceso de investigación. Para la oficina de la inspectora general, estos comportamientos representan un desvío inaceptable de los estándares de servicio público y una violación directa de la confianza de la ciudadanía en sus servidores.

El informe también se detiene en uno de los escándalos más resonantes: el fraude al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), un programa federal de ayuda creado durante la pandemia de COVID-19 para proteger los empleos. La investigación determinó que diez empleados municipales, de los cuales nueve pertenecían al Departamento de Policía de Chicago (CPD) y uno era trabajador del Ayuntamiento, participaron en la obtención fraudulenta de préstamos federales. Los montos obtenidos ilegalmente oscilaron entre USD 20.000 y más de USD 41.000, en algunos casos recurriendo a la creación de empresas ficticias para justificar la solicitud de los fondos y apropiarse de recursos destinados a la emergencia sanitaria.

Ante esta situación, el Departamento de Policía aceptó la recomendación de la Oficina de la Inspectora General de despedir a los nueve empleados policiales involucrados y sumarlos a la lista de personas no aptas para futuras contrataciones. En cuanto al empleado del Ayuntamiento acusado, la recomendación fue la misma, pero hasta el momento no se ha confirmado si las autoridades adoptarán esa medida.

En otro capítulo del informe, se documenta un caso de nepotismo y posible corrupción en la alcaldía. Un exfuncionario de la administración municipal, tras lograr que su hijo fuera contratado por un contratista municipal, intentó facilitar pagos por un total de USD 9,6 millones a dicha empresa, pese a que estos fondos no correspondían legalmente. Este exfuncionario, perteneciente a una administración anterior a la del actual alcalde, podría enfrentar una multa de hasta USD 20.000 si la Junta de Ética de la ciudad coincide con las conclusiones del informe.

El cierre del mandato de Witzburg estuvo marcado por sus valoraciones sobre el nivel de cooperación recibido por parte de la administración encabezada por el alcalde Brandon Johnson. Según la inspectora general, su oficina enfrentó “verdaderos desafíos” para acceder a información clave, acusando al Departamento Jurídico municipal de bloquear el trabajo de investigación. Witzburg afirmó haber detectado un patrón de obstrucción por parte de la gestión actual. Por su parte, el alcalde Johnson rechazó tajantemente esta valoración y defendió la transparencia de su administración, asegurando que su gobierno está comprometido con un proceso abierto y que no ha existido ningún comportamiento clandestino durante su gestión.