Miles de empleados del Departamento de Seguridad Nacional recibieron la orden de regresar inmediatamente a sus funciones, aunque la agencia permanece técnicamente cerrada y sin fondos plenos por decisión del Congreso de Estados Unidos.
El retorno, confirmado el 10 de abril en una notificación interna revisada por el medio estadounidense CBS News, implica que toda la plantilla—includingo a trabajadores de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad—retoma las tareas y el pago regular, alterando el esquema tradicional de manejo de los cierres gubernamentales ante la inminente temporada de huracanes y las actuales emergencias por inundaciones.
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El DHS redefine las reglas del cierre gubernamental y revive su operatividad con fondos limitados
A diferencia de cierres federales previos, cuando solo el personal considerado esencial aseguraba la continuidad de servicios, el nuevo lineamiento permite que el DHS clasifique a todos los roles activos como parte de las funciones exceptuadas, bajo la justificación de que sus tareas contribuyen de forma directa al propósito de las partidas presupuestarias disponibles.
Esta nueva interpretación fue transmitida en un mensaje de la jefa de Capital Humano, La’ Toya Prieur, quien instruyó que el personal se reincorpore “en su siguiente jornada laboral programada”.
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“Todos los empleados de FEMA se considerarán en condición de excepción y deberán presentarse en su puesto habitual”, se detalló en la comunicación interna dirigida al personal de la FEMA.

En el segmento final del memorando, el DHS aclaró que el pago de los salarios estará supeditado a los fondos limitados actualmente disponibles. Prieur advirtió que, de agotarse estos recursos, “recibirán una nueva notificación sobre su situación laboral”. El documento incorporó además una advertencia disciplinaria ante la ausencia injustificada: la falta de asistencia puede derivar en acciones administrativas.
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El fondo para respuesta ante desastres, gestionado por el departamento, enfrenta una amenaza importante de agotamiento mientras persista la falta de aprobación presupuestaria.
Según CBS News, el proyecto de ley bloqueado en el Congreso de Estados Unidos permitiría más de USD 26.000 millones para reponer este fondo clave. La carencia de recursos prohíbe el pago de horas extra—esenciales en la respuesta a crisis—, lo que restringe el alcance operativo del personal incluso ahora que se reactivó la plantilla.
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El pago retroactivo y la incertidumbre legislativa determinan el futuro de los trabajadores
Un momento clave para la plantilla ocurrió el viernes anterior, cuando más de 35.000 empleados del DHS recibieron sus primeros pagos tras varias semanas sin salario.
Como informó en su visita oficial a Chimney Rock, Carolina del Norte, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional Markwayne Mullin indicó que la mayoría del personal vería reflejado el dinero de los períodos previos entre el viernes y el lunes siguientes. “La mayoría de todos estarán pagados para entonces”, afirmó Mullin a CBS News.
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Esta regularización parcial responde a la instrucción directa del presidente, quien el 3 de abril emitió un memorando exigiendo el pago inmediato y la reincorporación de la fuerza laboral desde el inicio del cierre ocurrido el 14 de febrero. Los pagos futuros, advirtió Mullin, dependerán exclusivamente de la resolución que alcance el Congreso de Estados Unidos, ya que el mecanismo habilitado para cubrir la nómina es temporal.
“En adelante, tendremos que esperar al Congreso. Esto fue algo puntual”, explicó Mullin, resaltando el alto costo de cada período de nómina del DHS y confirmando que el personal fuera de los cuerpos de seguridad no recibirá nuevos pagos hasta que termine el bloqueo presupuestario en Capitolio.
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En la actualidad, la estrategia legislativa para destrabar los fondos se encuentra bloqueada. Según CBS News, el Senado propuso una fórmula de financiamiento para el DHS que excluye explícitamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Inicialmente rechazada por los líderes republicanos de la Cámara de Representantes, la propuesta ahora cuenta con apoyo parcial, aunque varios legisladores supeditan su aprobación a avances en el proyecto de reconciliación presupuestaria destinado específicamente a ICE y CBP. El presidente Donald Trump reiteró su expectativa de obtener ese proyecto de ley para el 1 de junio.
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Riesgos legales, operatividad acotada y el desafío del tiempo
Restituir a los empleados suspendidos sin la autorización presupuestaria habitual expone a la administración Trump a cuestionamientos legales, en particular por el Antideficiency Act, que impide a las agencias federales comprometer gastos sin la aprobación previa del Congreso de Estados Unidos.
La decisión, anunciada por el propio presidente en correos electrónicos internos revisados por CBS News, se fundamenta en supuestas facultades de emergencia y la ampliación del concepto de “trabajo exceptuado” a la totalidad de operaciones de seguridad nacional.
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CBS News destaca que, para el personal y áreas operativas como la FEMA, la reincorporación masiva posibilita reactivar la planeación, capacitación y logística para la gestión de desastres, aunque las restricciones presupuestarias obligan a limitarse a funciones esenciales y excluyen el pago de horas extra, incluso cuando la demanda crece por la llegada de la temporada de huracanes y las recientes inundaciones en varias regiones del país.
El DHS subrayó que la disposición para pagar los salarios es solo temporal y dependerá de los fondos residuales disponibles. Los empleados recibieron la advertencia de que podrían ser nuevamente notificados si esos recursos se agotan, sumando incertidumbre al funcionamiento irregular de la agencia y la respuesta federal ante emergencias.
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