
Un estudiante universitario de 18 años perdió la visión de su ojo derecho tras recibir el impacto de un proyectil considerado menos letal, disparado presuntamente por un agente federal durante una manifestación denominada “No Kings” ocurrida el 28 de marzo en el centro de Los Ángeles.
El caso, al que tuvo acceso el canal de televisión local KTLA 5, expone el uso de medidas de control de multitudes durante protestas en contra de las operaciones de inmigración impulsadas por la administración de Donald Trump. El abogado de la víctima, James Desimone, confirmó que el joven buscará una compensación por daños personales, alegando negligencia por parte del gobierno de Estados Unidos.
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La consecuencia directa del proyectil fue la hospitalización de Tucker Collins, quien sufrió fractura en la órbita y la ruptura del ojo derecho, lesiones que derivaron en una intervención quirúrgica de urgencia para extraer el globo ocular afectado, de acuerdo a lo relatado por Desimone a KTLA 5. El abogado sostuvo: “Hay una orden judicial federal que prohíbe disparar a la cabeza de cualquier persona en la multitud, pero la están violando con total impunidad”.
Respuesta oficial y antecedentes recientes del uso de la fuerza en protestas
En su respuesta a KTLA 5, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó: “DHS está tomando las medidas apropiadas y constitucionales para mantener el estado de derecho y proteger a nuestros agentes y al público de alborotadores peligrosos. Nuestro personal siguió su entrenamiento y aplicó la cantidad mínima de fuerza necesaria para protegerse a sí mismos, al público y a la propiedad federal. Se emitieron siete advertencias antes de emplear las medidas de control de multitudes”.
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El incidente de Collins se inscribe en una lista de situaciones similares que tuvieron lugar durante manifestaciones recientes en Los Ángeles.
Un caso previo es el de una mujer de 25 años que recibió un disparo en el rostro, además del de un hombre que exige una compensación de USD 100 millones al perder también un ojo, y el de un fotógrafo de prensa que resultó con fracturas producto del uso de balas de goma por parte de fuerzas federales.
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Impacto en la vida académica y personal de Tucker Collins
Imágenes obtenidas por testigos y verificadas por KTLA 5 muestran a Tucker Collins documentando la manifestación con su cámara en mano cuando, de forma repentina y “sin previo aviso” según relató su abogado, fue alcanzado en el rostro.
El abogado explicó: “Recibió el impacto en el ojo con lo que creemos fue una bola de pimienta, un proyectil menos letal que disparó un agente del DHS desde el otro lado de la valla y enseguida cayó al suelo”.
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El estudiante cursa el primer año de ingeniería aeronáutica con especialización secundaria en artes cinematográficas en la reconocida Universidad del Sur de California (USC).
Desimone indicó que la fotografía y la realización de cortometrajes son pasiones en la vida de Collins, quien actualmente enfrenta “grandes dificultades para mantenerse en la universidad” debido a la lesión.
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De acuerdo con los testigos, agentes federales dispararon desde detrás de una valla durante la dispersión ordenada por autoridades, en un contexto donde las tensiones entre manifestantes y fuerzas de seguridad aumentaban. Collins sostiene que no estaba resistiendo ni participando activamente en la protesta en el momento del disparo.

Proceso legal y repercusiones en el debate sobre el control policial
Tras el daño sufrido, Collins y su representante legal iniciaron trámites para presentar una demanda bajo la Federal Tort Claims Act, mediante la cual reclaman indemnización por las lesiones permanentes provocadas por lo que califican como uso negligente de la fuerza por parte del gobierno.
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El canal de televisión local KTLA 5 subraya que el caso de Collins contribuye activamente al debate público sobre el uso de la fuerza en el control de protestas y plantea la discusión sobre “la necesidad de salvaguardas adicionales frente a acciones violatorias de derechos fundamentales por parte de las fuerzas federales”, situación que toma mayor relevancia ante las recientes manifestaciones y denuncias sobre el accionar de los agentes durante operativos de seguridad.
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