Una serie de activos venezolanos en Estados Unidos permanecen bajo incertidumbre jurídica luego de que representantes del régimen chavista y de la oposición solicitaran en conjunto una pausa judicial para coordinar la estrategia legal sobre bienes clave como Citgo y fondos ligados a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El pedido fue aceptado por la magistrada Sarah Netburn en Nueva York, que suspendió por 45 días el expediente en el que acreedores intentan avanzar sobre dinero y propiedades de la petrolera estatal.
El punto central de la disputa es quién tiene legitimidad para hablar en nombre de Venezuela ante los tribunales estadounidenses.
Esa duda se profundizó después de que Washington reconociera en marzo a Delcy Rodríguez como autoridad interina del país tras la captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos. A partir de ese cambio político, la magistrada pidió precisiones a ambas partes sobre la representación legal del Estado venezolano y de sus empresas en litigio.
La carta presentada ante el tribunal marca un giro poco habitual: sectores enfrentados durante años ahora exploran una coordinación mínima para impedir que acreedores tomen control de activos estratégicos en territorio estadounidense.
Entre ellos aparece Citgo Petroleum, la refinería con sede en Houston considerada la joya de los bienes externos de Venezuela, además de cuentas, dividendos y otros fondos asociados a PDVSA.
Los demandantes incluyen tenedores de bonos soberanos y deuda de PDVSA, empresas que reclaman compensaciones por expropiaciones realizadas en Venezuela y también víctimas de presuntos actos de terrorismo que buscan cobrar sentencias con bienes estatales.
La definición sobre la representación legal será determinante porque de ella depende la capacidad del país para sostener una defensa coordinada y evitar nuevas pérdidas patrimoniales.
Desde 2019, buena parte de esos activos permaneció bajo control de estructuras vinculadas a la oposición, luego de las sanciones impuestas por Washington sobre PDVSA. Ese esquema comenzó a quedar bajo revisión tras el reconocimiento de Rodríguez, que ya prepara cambios en las juntas de las filiales estadounidenses de la petrolera, incluida Citgo. Fuentes cercanas a ese proceso indican que el recambio de directores podría avanzar una vez superado el filtro regulatorio del Departamento del Tesoro.
La coordinación judicial abre, además, una instancia de negociación interna sobre cómo se administrarán esos activos mientras continúan las causas por deudas y embargos. El tribunal fijó como próxima fecha clave el 21 de mayo, día en que las partes deberán informar qué abogado o equipo legal asumirá de forma permanente la defensa de los intereses venezolanos en Estados Unidos.
El trasfondo político también pesa sobre la discusión patrimonial. La salida de Maduro del poder, la flexibilización de sanciones sobre Rodríguez y el restablecimiento de canales diplomáticos entre Caracas y Washington modificaron el mapa de control sobre los bienes externos.
En ese nuevo escenario, tanto el chavismo como la oposición parecen coincidir en un objetivo inmediato: evitar que el vacío de representación termine facilitando el avance de acreedores sobre uno de los últimos grandes activos internacionales del país.
Más allá de la tregua procesal, el caso deja abierta una pregunta de fondo sobre el futuro de Citgo y de los demás bienes venezolanos en el exterior: si quedarán protegidos bajo una defensa común o si volverán a convertirse en otro frente de disputa política y judicial entre actores que hasta ahora se habían enfrentado por su control.
La gestión de Rodríguez ha estado marcada por la remoción de figuras clave dentro del chavismo, como el ex ministro de Defensa y el anterior fiscal general, mientras mantiene el respaldo de dirigentes como Diosdado Cabello.
El nuevo acercamiento con Washington incluyó también la apertura del sector petrolero a inversionistas internacionales y la aceptación de mecanismos de arbitraje para resolver disputas pendientes.
(Con información de Reuters)
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