San Francisco sancionó a un vecino con una multa de USD 50.000 por la poda ilegal de cinco árboles

Un propietario de San Francisco afronta una multa de USD 50.000 por podar cinco árboles frente a su vivienda sin autorización de las autoridades municipales, un caso que exhibe las estrictas normativas sobre el arbolado urbano y la confusión sobre la titularidad y el cuidado de estos recursos públicos.

El medio local de San Francisco ABC7 News informó que el Departamento de Obras Públicas comunicó que la multa original de USD 50.000 se podría rebajar a USD 6.475, siempre que el propietario, Paul Dennes, cumpla un plan de poda elaborado por un arborista certificado y lo ejecute durante los próximos cinco años.

La sanción inicial preveía USD 10.000 por cada árbol, cifra que el municipio aplicó en varios casos similares tras la adopción de nuevas normativas de manejo forestal en la ciudad.

Dennes explicó al medio que podó los árboles por requerimiento de su aseguradora, que condicionó la cobertura del inmueble a la intervención en las copas que tocaban la fachada y los cables de energía eléctrica.

Aclaró que la familia es propietaria de la residencia desde 1988, y durante más de tres décadas creyó que era responsabilidad del titular del predio mantener los árboles sobre la acera. Dos días antes de Navidad, recibió la notificación de la multa por “poda ilegal”, tras haber intervenido cinco ejemplares en el “Panhandle”, una de las áreas residenciales de San Francisco.

La ciudad asumió el control de los árboles públicos en 2017 con fondos de USD 19 millones anuales

El cambio normativo que transfiere la responsabilidad de la poda de árboles públicos a la ciudad rige desde 2017, a partir de la puesta en marcha del programa StreetTreeSF, aprobado mediante la Proposición E y financiado con más de USD 19 millones anuales del presupuesto municipal, según detalló ABC7 News.

Esta medida asigna a la ciudad el cuidado de los árboles ubicados en la vía pública y establece estándares de poda desde 2006, que prohíben el “topping” o eliminación indiscriminada de ramas principales. Las autoridades recalcaron que este método puede suprimir entre el 50 y el 100% del follaje, lo que causa daños graves; entre las consecuencias están la disminución de la esperanza de vida del árbol y el aumento del riesgo de caídas futuras.

El Departamento de Obras Públicas precisó a ABC7 News que el primer inspector de Urban Forestry concluyó que los daños requerían la remoción de los ejemplares afectados y recomendó la multa máxima. Luego, la evaluación de un inspector de mayor rango determinó que los árboles podrían recuperarse, aunque con vida útil reducida y estructura debilitada, lo que llevó a reconsiderar la sanción.

Christopher Campbell, arborista certificado y propietario de la firma de arboricultura en San Francisco CC Tree Design, indicó a ABC7 News que muchos vecinos no saben si los árboles frente a sus casas les pertenecen y cuáles están sujetos a regulación: “Resulta bastante común esta confusión. A medida que se dan a conocer las sanciones, la gente comienza a informarse más, aunque las multas son realmente lamentables”.

Campbell explicó que en San Francisco, cualquier árbol con más de 30 centímetros de diámetro en el tronco, 6 metros de altura o una copa de 4,5 metros es considerado “significativo” y está protegido, incluso en parcelas privadas. Con lo cual, se requieren permisos especiales para su intervención.

El Departamento de Obras Públicas señaló que en los años recientes distribuyó volantes, colgadores de puerta y postales informativas para informar a los propietarios sobre los cambios introducidos en 2017. Dennes, residente en Marin y cuyos padres eran titulares originales de la propiedad, dijo no haber recibido ninguna notificación, ya que el principal residente tenía 94 años y no consultaba información digital.

Según declaró: “Nunca vi que la ciudad podara estos árboles. La comunicación no llegó de forma que pudiera enterarme”.

El área de Urban Forestry, dependiente del Departamento de Obras Públicas, dirige el mantenimiento de árboles públicos. Recomienda a los residentes usar sus servicios para cortar árboles en franja municipal.

Si un vecino necesita una poda fuera del programa regular, debe solicitarla formalmente y trabajar con un profesional certificado, después de una evaluación individual.

La poda sin permiso puede derivar en daños ecológicos, sanciones y gastos imprevistos

El concepto de “topping” implica cortar las ramas principales del árbol por encima de los nudos, lo que puede eliminar hasta el total del follaje, limitar la capacidad del árbol de generar energía, crear heridas que favorecen el deterioro y propiciar un rebrote débil y riesgoso.

El Departamento de Obras Públicas afirmó que esta práctica puede acortar significativamente la vida del árbol e incrementar la responsabilidad civil por posibles caídas.

Dennes sostuvo ante ABC7 News que lo trataron con severidad y se mostró crítico con el sistema de comunicación municipal: “Me siento acosado. Solo quería evitar que los árboles cayeran sobre los cables eléctricos. No quiero iniciar una guerra”.

Al intentar apelar, objetó la utilización de fotografías y datos municipales posteriores a la intervención.