La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió este martes que la ley de Colorado, vigente desde 2019 y destinada a prohibir la llamada terapia de conversión para menores LGBTQ+, presenta cuestiones de libertad de expresión que deben ser reconsideradas por instancias judiciales inferiores.
La decisión, adoptada por una mayoría de ocho votos contra uno, no solo afecta la legislación estatal sino que también abre la puerta a impugnaciones en otros 22 estados con normativas similares, según informó The New York Times.
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Uno de los aspectos fundamentales del fallo fue el argumento de que la ley podría censurar a profesionales de la salud mental en función de sus opiniones, lo que genera un conflicto directo con la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. La consejera cristiana Kaley Chiles desafió la norma al sostener que le impedía, de forma voluntaria y basada en la fe, ofrecer terapia a menores que buscan orientación acerca de su identidad de género u orientación sexual.
La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó que el caso regrese a un tribunal inferior para nuevo análisis, lo que implica que otras leyes estatales sobre terapias de conversión pueden ser judicializadas bajo el mismo principio de libertad de expresión.
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De acuerdo con el portal de análisis de políticas públicas Movement Advancement Project, reconocido por su seguimiento de legislación sobre derechos LGBTQ+, actualmente existen 23 estados con prohibiciones explícitas contra la terapia de conversión para menores y 4 con restricciones parciales.
El cambio en la cifra entre 22 y 23 estados responde a diferencias en la interpretación y aplicación de cada norma a nivel estatal.
El dictamen refleja la preocupación del tribunal sobre que la ley de Colorado podría establecer un “sesgo de punto de vista”, dado que permite la terapia afirmativa sobre temas de género y orientación sexual, pero prohíbe intervenciones dirigidas a modificar esas características.
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La jueza Elena Kagan puntualizó en su voto concurrente: “El Estado ha reprimido una parte del debate, mientras ha promovido la otra”, subrayando la necesidad de neutralidad en las restricciones estatales.
La ley de Colorado, aprobada en 2019, prevé multas económicas y suspensión de licencia para los profesionales que practiquen terapias orientadas a cambiar la orientación sexual o la identidad de género de menores.
Aunque hasta la fecha no se han reportado sanciones bajo ese marco, la decisión del máximo tribunal anticipa posibles anulaciones de normativas similares en otras jurisdicciones, según The New York Times.
Argumentos a favor y en contra de la normativa estatal
Kaley Chiles, quien contó con el respaldo de la organización conservadora en defensa de libertad religiosa Alliance Defending Freedom, defendió que su enfoque terapéutico se diferencia por completo de métodos históricos y desacreditados, como la terapia de electroshock.
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Chiles argumenta que la ley estatal impide a los menores y sus familias acceder a profesionales capaces de acompañar cualquier meta legítima, incluida la de sentirse cómodos con su sexo biológico.
En declaraciones publicadas por The New York Times, afirmó: “Espero poder ayudarlos cuando elijan el objetivo de sentirse cómodos con sus cuerpos. Los consejeros que acompañan a estos jóvenes no deberían limitarse a promover objetivos aprobados por el Estado, como la transición de género, que a menudo implica el uso de fármacos y cirugías irreversibles”.
Por su parte, el estado de Colorado sostiene que la prohibición responde a la responsabilidad de proteger a menores de tratamientos sin respaldo científico y que han sido condenados por las principales asociaciones médicas de Estados Unidos.
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Según las autoridades, la normativa no restringe el diálogo abierto sobre identidad u orientación ni afecta la labor de los ministerios religiosos, y se limita a prohibir la intervención destinada a “convertir” a menores LGBTQ+ a la heterosexualidad o a roles de género tradicionales.
La directora de política familiar de GLAD Law, organización líder en estrategias legales para derechos LGBTQ+, Polly Crozier, recalcó: “Esta es una práctica peligrosa que ha sido condenada por todas las principales asociaciones médicas del país. La decisión de hoy no cambia la ciencia ni el hecho de que los terapeutas de conversión que perjudican a sus pacientes seguirán enfrentando consecuencias legales”.
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Implicancias federales y futuro de la regulación
La opinión mayoritaria fue redactada por el juez Neil Gorsuch, quien argumentó que la Primera Enmienda protege contra cualquier intento estatal de imponer una ortodoxia ideológica en temas de pensamiento o expresión.
Las juezas Elena Kagan y Sonia Sotomayor se sumaron a la mayoría, mientras que la única opinión disidente provino de la jueza Ketanji Brown Jackson. Jackson advirtió que el fallo podría “abrir una caja de Pandora” y debilitar la capacidad estatal para normar la práctica médica en diversas áreas, sosteniendo que los estados deben mantener la potestad de regular la atención médica, incluso si ello implica ciertas restricciones a la libertad de expresión.
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El caso llegó a la Corte Suprema tras una sentencia favorable a la ley del Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito en Denver. Sin embargo, el Undécimo Circuito de Atlanta había anulado previamente normativas similares en Florida, lo que evidencia la división en el sistema judicial estadounidense y anticipa nuevos litigios estatales sobre la constitucionalidad de las prohibiciones de la terapia de conversión.
Contexto nacional y respaldo científico
Las principales asociaciones médicas de Estados Unidos, entre ellas la Asociación Americana de Psiquiatría y la Academia Americana de Pediatría, han rechazado de manera unánime la terapia de conversión por considerarla ineficaz y potencialmente dañina para la salud mental de niños y adolescentes.
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Diversos estudios publicados en The Lancet, una de las revistas médicas más reconocidas a nivel internacional, han vinculado este tipo de prácticas con un mayor riesgo de depresión, ansiedad y conductas suicidas en la juventud LGBTQ+.
Actualmente, según el Movement Advancement Project, 100 millones de estadounidenses residen en estados con leyes que limitan o prohíben la terapia de conversión para menores, aunque el reciente fallo judicial podría modificar este panorama legal en los próximos años.
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