Qué es la ley SAVE America Act y cómo podría transformar los registros electorales y el derecho al voto en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condicionó su apoyo legislativo a la aprobación del SAVE America Act, un proyecto impulsado por los republicanos que impondría la exhibición de pruebas de ciudadanía y documentos de identificación con fotografía para votar en elecciones federales. Esta exigencia llega en un contexto de presiones sobre el Senado y frente a la acusación—rechazada por expertos y datos—de fraude extendido por parte de votantes no ciudadanos.

De aprobarse la ley, forzaría cambios drásticos en los registros electorales, con potencial para afectar a millones de electores estadounidenses que no cuentan con pasaporte, partida de nacimiento u otra documentación válida, según cifras difundidas por CBS News.

La iniciativa, formalmente denominada Safeguard American Voter Eligibility Act, propone modificar la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 para exigir que toda persona demuestre su ciudadanía estadounidense al solicitar la inscripción para votar en elecciones federales.

Qué establece la SAVE America Act y su impacto en los votantes

Entre los cambios centrales figura la obligación de presentar documentación válida que acredite la ciudadanía, una condición que, según el centro de estudios especializado en derecho electoral Brennan Center, podría dejar fuera del padrón a grupos numerosos.

Una encuesta coordinada por el centro en 2023 detectó que al menos 3,8 millones de estadounidenses carecen de los documentos exigidos para probar su nacionalidad. El Departamento de Estado informó que estaban en circulación casi 170 millones de pasaportes en 2025, lo que representa menos de la mitad de la población total.

Para quienes no cuenten con pasaporte o partida de nacimiento, la ley obligaría a recurrir a un proceso alternativo: una declaración jurada bajo pena de perjurio, más documentos adicionales revisados y firmados por un funcionario autorizado.

Además, se exigiría que quienes voten en ausencia presenten copia de su identificación oficial, y, si no acredita ciudadanía, una prueba documental anexa, salvo que el estado haya verificado el estatus con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El presidente Trump señaló que no respaldará otros proyectos legislativos mientras esta ley no avance en el Senado. Ante el estancamiento, presiona para que el líder de la mayoría, John Thune, utilice estrategias legislativas como el filibusterismo hablado para sortear el umbral de 60 votos.

Thune respondió que esa vía no cuenta con apoyo suficiente y que el texto será votado por procedimiento ordinario la próxima semana, aunque sin expectativas de aprobación visto el rechazo demócrata.

En la Cámara de Representantes, la ley ya tuvo respaldo en febrero, pero cualquier cambio o inclusión de nuevas restricciones—como limitar el voto por correo—forzaría la reiniciación de su trámite legislativo.

La evidencia sobre el fraude y el debate público

Las justificaciones de la medida se basan en la supuesta amenaza del voto de personas no ciudadanas, aunque investigaciones y auditorías oficiales indican una incidencia mínima. En 2024, la verificación en Georgia detectó 20 personas no ciudadanas entre 8,2 millones de inscritos; otras 156 requerían revisión, según el secretario de estado Brad Raffensperger.

En Ohio, se señalaron 597 casos de potenciales no ciudadanos en un registro de más de 8,1 millones de votantes; de estos, 138 habrían sufragado, reportó Frank LaRose. Texas registró 2.724 posibles no ciudadanos sobre 18,6 millones de votantes, y Louisiana informó 390 casos y 79 votos asociados a ciudadanos no habilitados.

La prohibición federal para que no ciudadanos voten en elecciones nacionales rige desde 1996. Pese a la revisión de datos oficiales y sentencias judiciales, no se han hallado pruebas de fraude electoral significativo atribuido a no ciudadanos.

David Becker, director ejecutivo del Center for Election Innovation and Research y colaborador de CBS News, subrayó que la ley podría tener el efecto contrario al buscado y excluir del proceso a sectores republicanos que también carecen de pasaporte.

Reacciones y opiniones en el Congreso

El líder demócrata en la Cámara alta, Chuck Schumer, calificó la propuesta como “Jim Crow 2.0” por sus efectos restrictivos y sostuvo que está “muerta al llegar” en el Senado. Alertó sobre la eliminación de inscripciones en línea y por correo, lo que complicaría el voto para quienes no cuenten con documentos oficiales, y sobre el peligro de “depuraciones masivas” que afecten incluso a ciudadanos legítimos.

En paralelo, la administración Trump solicitó acceso a los padrones electorales completos de estados y del Distrito de Columbia; 12 estados habrían entregado o prevén entregar los datos. Por el contrario, el Departamento de Justicia impulsó demandas contra 29 estados y el Distrito de Columbia, aunque cortes en California, Oregón y Michigan rechazaron los pedidos.

Apoyo social y postura republicana

Los republicanos promueven la ley en defensa de la seguridad electoral. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, citó estudios de la organización de investigación social Pew Research Center (agosto 2025), que indican que un 83 % apoya exigir identificación con foto para votar, porcentaje igual al registrado por la firma encuestadora Gallup en octubre de 2024 respecto a la prueba de ciudadanía al registrarse.

El respaldo al proyecto también encontró eco en figuras públicas como Elon Musk y Mark Meadows, exjefe de gabinete de la Casa Blanca, quienes expresaron su apoyo al SAVE America Act.