El programa Global Entry, que facilita un despacho ágil para viajeros preaprobados y clasificados como de bajo riesgo al ingresar a Estados Unidos, se restableció el 11 de marzo a las 5:00 (hora del Este). La reanudación se produjo después de una suspensión de más de dos semanas, motivada por el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según informaron Reuters y People.
La suspensión fue consecuencia directa de desacuerdos en el Congreso sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. Durante este periodo, los viajeros internacionales enfrentaron largas esperas en los aeropuertos y miles de agentes de seguridad del transporte continuaron trabajando sin percibir su remuneración habitual.
Efectos del cierre gubernamental en la movilidad aérea
El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó el 13 de febrero, cuando el Congreso no aprobó el presupuesto requerido, según informó Reuters. Como consecuencia, el programa Global Entry fue suspendido el 22 de febrero. Aunque el sistema TSA PreCheck estuvo en riesgo de ser interrumpido, se mantuvo operativo para el público, mientras Global Entry permaneció inhabilitado.
Durante ese periodo, la falta de fondos generó ausencias de personal y demoras notables en los controles migratorios y de seguridad. La suspensión afectó a cerca de 18 millones de viajeros, según precisó el senador Mark Warner, quienes quedaron sin acceso a Global Entry en los 79 puntos de entrada habilitados para el programa en el país.
Algunos pasajeros reportaron esperas de hasta tres horas en los puntos de entrada, una situación reconocida por las autoridades estadounidenses, que atribuyeron las interrupciones al enfrentamiento político y a la presión ejercida sobre el presupuesto del DHS. Un portavoz del DHS sostuvo: “Estamos trabajando arduamente para aliviar las interrupciones a los viajeros causadas por el cierre de los demócratas”, de acuerdo con People.
Situación del personal de seguridad aeroportuaria y reacciones
La industria turística y las aerolíneas recibieron favorablemente la reactivación de Global Entry, aunque advirtieron que la medida resulta insuficiente si no se garantiza también el respaldo a los empleados aeroportuarios. Aproximadamente 50.000 agentes de seguridad del transporte trabajaron sin recibir su salario habitual, conforme a datos de Reuters. Estos empleados únicamente recibieron un pago parcial cerca del 28 de febrero y se espera que cerca del 14 de marzo pierdan su primera paga completa.
Geoff Freeman, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, afirmó en un comunicado oficial: “El paso de hoy es importante, pero el Congreso también debe actuar para apoyar a los Oficiales de Seguridad del Transporte que mantienen en funcionamiento nuestro sistema de aviación. Estos empleados esenciales continúan presentándose a trabajar sin goce de sueldo".
Por su parte, Chris Sununu, presidente de Airlines for America, instó mediante un comunicado de prensa a que el Congreso alcance un acuerdo y reabra el DHS. Además, denunció las condiciones laborales y las demoras que enfrentan los pasajeros: “Más de 2.7 millones de personas pasaron por la TSA ayer, pero muchas tuvieron que esperar en filas larguísimas y lentísimas en los puntos de control. Es inaceptable tener tiempos de espera de 2 o 3 horas. Y es inaceptable que los agentes de la TSA no reciban ni un solo dólar en sus nóminas esta semana”.
El debate político sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permanece sin fondos para operar durante el resto del año fiscal 2026, que concluye el 30 de septiembre, tras el vencimiento de las asignaciones temporales aprobadas a finales de enero, según informa CNN. El paquete presupuestario vigente únicamente cubrió dos semanas de funcionamiento, permitiendo al Congreso extender las negociaciones sobre las políticas de control migratorio, en respuesta a las condiciones planteadas por los demócratas en el Senado.
La presión para introducir reformas se intensificó después de que agentes federales de inmigración dispararon y mataron a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis en enero, desencadenando protestas generalizadas y convirtiendo la financiación del DHS en un eje de disputa legislativa.
Dentro de las demandas principales, el bloque demócrata exige restricciones a las patrullas móviles, el endurecimiento de los criterios para órdenes de registro y arresto, una regulación más estricta del uso de la fuerza y la imposición de cámaras corporales y la prohibición del uso de mascarillas a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Por su parte, los republicanos se oponen de manera casi total a estos planteamientos y han exigido, como condición de negociación, que se endurezcan las medidas contra las llamadas ciudades santuario.
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