El gobierno de Donald Trump emitió este viernes una licencia que autoriza a empresas estadounidenses a comprar, transportar y revender oro venezolano, flexibilizando así las sanciones impuestas previamente a la explotación y comercialización de este recurso por parte de Venezuela. El permiso, publicado en el sitio web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, habilita transacciones con la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) y sus filiales, siempre que el oro sea trazable y no tenga como destino países sancionados como Irán, Corea del Norte, Rusia, China o Cuba.
La autorización, conocida como Licencia General 51, permite además que empresas radicadas en Estados Unidos reexporten el metal precioso. El proceso incluye la obligación de canalizar los pagos destinados a entidades venezolanas sancionadas a través de un fondo específico, controlado por el Tesoro estadounidense y actualmente radicado en Qatar. El mismo mecanismo de supervisión financiera ya se aplica a las exportaciones de petróleo venezolano, cuyas ventas y tributos asociados deben ingresar en ese fondo bajo control estadounidense.
El documento oficial establece que los contratos derivados de estas operaciones estarán regidos por las leyes estadounidenses y cualquier disputa deberá resolverse en tribunales de ese país. Además, la autorización abarca servicios logísticos, de seguros y transporte vinculados al comercio del oro venezolano, lo que abre la puerta a una gama más amplia de actividades comerciales bajo la jurisdicción de Estados Unidos.
La flexibilización de las sanciones al oro venezolano se produce tras la caída de Nicolás Maduro a comienzos de año, resultado de una incursión de fuerzas especiales estadounidenses que concluyó el 3 de enero con la detención del exmandatario y su esposa, trasladados posteriormente a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico. Tras estos hechos, el gobierno de Trump ha afirmado que administra de facto Venezuela y supervisa sus recursos naturales, entre ellos el petróleo, el oro, diamantes, bauxita y coltán.
La decisión se conoció luego de la visita oficial de Doug Burgum, secretario del Interior de Estados Unidos, quien concluyó el jueves una estadía de dos días en Caracas. Durante su visita, Burgum mantuvo reuniones con la presidenta interina Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro, y anunció que decenas de empresas estadounidenses han manifestado interés en invertir en el sector minero venezolano. Burgum fue acompañado por representantes del sector minero, quienes valoraron la oportunidad de establecer operaciones en Venezuela bajo el nuevo marco legal.
Este viernes, tras la visita de Burgum y el anuncio de la licencia, ambos gobiernos informaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, interrumpidas desde 2019 cuando Washington reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. El restablecimiento coincide con el segundo mes del operativo que derivó en la captura de Maduro.
En Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, hermano de la actual presidenta interina, informó esta semana que la Ley de Minas se encuentra en revisión para su reforma urgente. El objetivo es abrir el sector a la inversión extranjera, siguiendo el precedente de la Ley de Hidrocarburos y el sector petrolero, que ya admiten capital internacional bajo ciertas condiciones.
La nueva política estadounidense establece que las empresas interesadas en operar con oro venezolano deberán cumplir estrictos controles de trazabilidad y evitar toda relación comercial con países sancionados por Washington. El proceso busca garantizar que el oro exportado provenga de fuentes legítimas y que los beneficios sean canalizados bajo supervisión internacional.
Estas medidas suponen un cambio significativo en la posición de Estados Unidos respecto a Venezuela tras el derrocamiento de Maduro y el inicio de la administración interina de Delcy Rodríguez. El sector minero venezolano, conocido por su riqueza en minerales estratégicos para la industria tecnológica global, se abre así a nuevas inversiones y operaciones bajo control estadounidense, en un contexto de normalización diplomática y ajustes legales internos.
(Con información de EFE y AFP)
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