Un acuerdo por 7.250 millones de dólares alcanzado entre Bayer y abogados de pacientes en Estados Unidos busca poner fin a miles de demandas que acusan a la compañía de no advertir sobre los riesgos cancerígenos de su herbicida Roundup. La propuesta surge mientras la Corte Suprema federal se prepara para analizar si la aprobación del producto por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) exime a Bayer de responsabilidad ante reclamos estatales, un proceso judicial que continuará en paralelo y no se verá afectado por este pacto.
La compañía, con sede en Alemania, adquirió a Monsanto en 2018 e insiste en que el glifosato, ingrediente central del producto, es seguro. Sin embargo, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) lo clasifica como “probable carcinógeno”, y en los tribunales estadounidenses se han otorgado hasta 2.100 millones de dólares a demandantes en casos individuales. El acuerdo, presentado ante el Tribunal de Circuito de San Luis (Misuri), contempla pagos anuales durante 21 años, con montos variables según el nivel de exposición, edad al diagnóstico y gravedad del linfoma no Hodgkin.
Los demandantes que hayan trabajado en agricultura, industria o jardinería y hayan sido diagnosticados antes de los 60 años podrían recibir cerca de 165.000 dólares. Los usuarios residenciales con diagnóstico entre los 60 y 77 años recibirían en promedio 20.000 dólares y quienes superen los 78 años, 10.000 dólares. El abogado Christopher Seeger destacó que el acuerdo pretende ofrecer “compensación significativa” tanto para casos actuales como futuros, aunque algunos representantes legales consideran insuficientes los montos propuestos y anticipan que muchos clientes podrían optar por no participar.
Hasta la fecha, más de 130.000 reclamaciones han sido resueltas, pero alrededor de 65.000 causas siguen pendientes, además del riesgo de nuevos casos en los próximos años debido al tiempo de latencia del cáncer. Bayer ha destinado en total 13.900 millones de dólares para afrontar litigios relacionados con Roundup, incrementando recientemente su provisión en 4.700 millones de dólares. La empresa también prevé otros 3.000 millones de dólares en pagos por casos vinculados a contaminantes conocidos como “químicos eternos”.
El acuerdo colectivo no implica reconocimiento de culpa o responsabilidad por parte de Bayer y podría cancelarse si una cantidad significativa de demandantes decide excluirse, aunque la compañía no ha especificado el umbral. El grupo sostiene que la autorización federal de la EPA debería prevalecer sobre normativas estatales más estrictas, argumento que será examinado en la Corte Suprema en abril, con el respaldo del gobierno de Donald Trump, quien revirtió la postura adoptada previamente por la administración de Joe Biden.
La presión judicial ha llevado a Bayer a retirar el glifosato de la versión residencial de Roundup en Estados Unidos, aunque sigue presente en productos agrícolas. Mientras tanto, la empresa impulsa cambios legislativos en diversos estados para limitar la responsabilidad de los fabricantes de pesticidas, logrando que Dakota del Norte y Georgia aprueben leyes en ese sentido. El futuro del herbicida más vendido del mundo y la exposición legal de Bayer quedarán definidos en los próximos meses, dependiendo tanto de la decisión judicial como de la aceptación del acuerdo por parte de los demandantes.
(Con información de AP y AFP)
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