Se prolonga la incertidumbre por el cierre parcial del gobierno en Estados Unidos: los legisladores no llegaron a un acuerdo

El Congreso de Estados Unidos entró este lunes en su tercer día de cierre parcial del gobierno sin un acuerdo definido para reanudar la financiación federal, en medio de una negociación inestable entre republicanos y demócratas que gira en torno al presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, afirmó el domingo que confía en que la situación pueda resolverse en las próximas horas.

“Vamos a lograr resolver todo esto de aquí al martes, estoy convencido”, declaró, al tiempo que calificó como una “formalidad” la votación prevista en el pleno para aprobar el texto que permitiría reabrir el gobierno federal.

El presidente Donald Trump instó el lunes al Congreso a aprobar con celeridad un proyecto de ley de gastos para poner fin al cierre del gobierno estadounidense, provocado por la polémica por el asesinato de dos manifestantes en Minneapolis a manos de agentes de inmigración.

“Espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar este proyecto de ley y lo envíen a mi despacho SIN DEMORA. No puede haber ningún cambio en este momento”, declaró Trump en su red social Truth.

Sin embargo, la aritmética parlamentaria deja al liderazgo republicano con un margen extremadamente reducido. Este lunes se incorpora un nuevo legislador demócrata tras una elección parcial en Texas, lo que estrecha aún más la mayoría oficialista y obliga a Johnson a no perder prácticamente ningún voto dentro de su propio bloque.

La fragilidad del acuerdo se explica por la resistencia de un grupo de legisladores republicanos del ala ultraconservadora, que advirtieron que no respaldarán ningún proyecto que incluya cambios en la financiación y en las condiciones operativas del DHS. Para este sector, reabrir la negociación sobre ese departamento supone ceder ante las exigencias de la oposición.

Desde el Partido Republicano también se multiplicaron los reproches hacia los demócratas. El congresista Chip Roy, de Texas, sostuvo que “los demócratas se entregan a juegos políticos” y los acusó de mantener al Departamento de Seguridad Nacional “como rehén”, en referencia al estancamiento de las conversaciones.

El núcleo del desacuerdo se concentra en las reformas exigidas para las operaciones de las agencias federales de inmigración, en particular el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dependiente del DHS. La presión política se intensificó tras la muerte de dos personas durante operativos federales en la ciudad de Mineápolis, ocurridas en menos de un mes.

A finales de enero, Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, murió por disparos de agentes federales en el contexto de manifestaciones contra la presencia de fuerzas de inmigración. Semanas antes, Renee Good también había fallecido tras recibir disparos durante un procedimiento federal en la misma ciudad.

A partir de esos hechos, los demócratas anunciaron que no apoyarán ningún proyecto de financiación del DHS si no se aprueba un paquete de reformas obligatorias para los agentes federales. Entre las principales exigencias figuran el uso sistemático de cámaras corporales, la prohibición de cubrirse el rostro durante los operativos y la obligación de contar con una orden judicial antes de realizar una detención de un migrante.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, sostuvo que el gobierno no puede limitarse a compromisos políticos generales.

“No puede contentarse con palabras”, afirmó, y reclamó que las medidas exigidas entren en vigor de forma inmediata como condición para destrabar la negociación.

En el bloque republicano existe un respaldo parcial a algunas de estas demandas. Varios legisladores reconocen que el uso de cámaras corporales ya se encuentra ampliamente extendido y no genera mayores objeciones. Sin embargo, se oponen a la prohibición del uso de pasamontañas u otros elementos para cubrir el rostro, al argumentar que los agentes federales son objeto frecuente de campañas de identificación y difusión de datos personales por parte de activistas.

También rechazan la exigencia de órdenes judiciales para todas las detenciones, al señalar que, de acuerdo con la legislación vigente, estas son obligatorias para allanamientos de domicilios, pero no para arrestos realizados en la vía pública.

La falta de consenso dejó en suspenso un esquema transitorio aprobado previamente por el Senado, que incluye cinco proyectos de ley de financiación para cubrir a la mayoría de las agencias federales hasta septiembre y una prórroga provisional de dos semanas para el DHS, mientras continúan las negociaciones sobre la política migratoria.

Ante el riesgo de que su propio bloque fracture la votación, Johnson reconoció la necesidad de construir apoyos fuera de su partido.

“Necesitamos buena fe de ambas partes”, expresó el domingo.

Aunque el cierre del gobierno ya acumula tres días, por el momento no se espera un impacto inmediato comparable al de la prolongada parálisis presupuestaria registrada a fines del año pasado. Durante aquel episodio, que se extendió por más de seis semanas, cientos de miles de empleados federales fueron enviados a licencia sin sueldo, mientras que otros debieron continuar trabajando sin percibir salarios hasta la reapertura de la administración.

(Con información de EFE y AFP)