
Un grupo de visitantes y accionistas ha intensificado su reclamo contra Disney tras la implementación de nuevas restricciones en el programa de acceso prioritario para personas con discapacidad en los parques temáticos de California y Florida.
Las modificaciones han generado protestas y demandas federales por parte de usuarios que consideran que la compañía ha excluido injustificadamente a personas vulnerables, según reportó The Associated Press.
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La política, denominada Servicio de acceso para personas con discapacidad (DAS), permite a quienes cuentan con la aprobación del sistema realizar reservas virtuales para las atracciones y evitar las extensas filas comunes, un privilegio buscado ante esperas que suelen superar dos horas en las atracciones principales.
Sin embargo, la elegibilidad se ha restringido de forma considerable. De acuerdo con la información difundida por The Associated Press, el acceso quedó reservado principalmente para personas con discapacidades del desarrollo, como el autismo, dejando fuera afecciones físicas, médicas o sensoriales que previamente eran contempladas.

“Esto no está bien. Esto no es lo que Walt y Roy hubieran querido”, declaró Shannon Bonadurer, una visitante recurrente citada por The Associated Press. Bonadurer, quien utiliza una bolsa de ileostomía y no puede permanecer en filas por tiempo prolongado debido al calor, fue rechazada por el departamento de atención a discapacitados de Disney.
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Además, relató que a su hijo de 25 años, ciego y con parálisis cerebral y autismo, también se le negó el pase especial. “Deciden si eres lo bastante discapacitado”, sostuvo Bonadurer, quien además es asesora de viajes en Michigan.
Según The Associated Press, Disney introdujo esta revisión del programa tras detectar un incremento significativo en el uso del servicio, atribuido en parte a abusos relacionados con la figura de “guías” discapacitados que cobraban sumas elevadas para acompañar a turistas, facilitando su acceso a las filas rápidas. La proporción de usuarios con pases DAS aumentó del 5% al 20% de los visitantes en la última década, un crecimiento que la compañía calificó de “insostenible” en los documentos judiciales presentados.
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Las nuevas normas incluyen una evaluación previa que se realiza a través de videollamada con personal de Disney y profesionales de la salud externa. Quienes no cumplan los requisitos pueden ver revocados sus privilegios e, incluso, ser vetados en los parques.

De acuerdo con la posición oficial recogida por The Associated Press, la empresa asegura que las políticas se ajustan a la ley estadounidense de personas con discapacidad (ADA) y que existen alternativas para quienes no acceden al DAS, como servicios de mapas en Braille, intérpretes de Lengua de Señas Estadounidense en espectáculos, y la posibilidad de que visitantes con ciertas limitaciones salgan de una fila y se reincorporen a su grupo antes de abordar una atracción.
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The Associated Press informó además que la diferencia de trato en función de la discapacidad resultó polémica. Entre los ejemplos detallados por la compañía en la documentación judicial, han señalado que una persona en silla de ruedas puede requerir ingreso prioritario en un cine lleno, mientras que una persona sorda sólo necesitaría subtítulos.
En reacción a la controversia, el grupo DAS Defenders —integrado por seguidores y accionistas— presentó una propuesta ante la dirigencia de Disney para realizar una auditoría externa e independiente sobre los procesos de inclusión y publicar los resultados el año próximo.
La compañía, según una carta dirigida a la SEC en noviembre, adelantó que bloqueará el pedido en la asamblea de accionistas de 2026, pues considera que el planteo induce a error sobre los motivos de la baja en la asistencia a los parques, que Disney adjudica a factores como los huracanes, y representa una intromisión en la gestión cotidiana.
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