El gobierno de Estados Unidos ha declarado organización terrorista internacional a la mara Barrio 18, asociada con ataques contra autoridades y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras, según informó el secretario de Estado Marco Rubio a través de un comunicado difundido este martes. Esta decisión se enmarca en la nueva política de la Administración de Donald Trump respecto a cárteles y pandillas provenientes de América Latina.
La inclusión de Barrio 18 en la lista negra, según declaró Rubio en el comunicado recogido por diversos medios estadounidenses, demuestra el “compromiso inquebrantable” del gobierno de Trump “para desmantelar a los cárteles y las pandillas, y garantizar la seguridad del pueblo estadounidense”.
“Estados Unidos seguirá protegiendo a nuestra nación sacando de las calles las drogas ilegales y persiguiendo los flujos de ingresos que financian la actividad violenta y criminal de las pandillas violentas y los cárteles de la droga”, enfatizó Rubio.
La medida sitúa a Barrio 18 al mismo nivel que otras organizaciones criminales de la región, como la Mara Salvatrucha (MS-13), la banda venezolana Tren de Aragua y cárteles mexicanos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En los últimos meses, la Administración Trump ha ampliado el uso de la designación de “organización terrorista extranjera”, una herramienta antes reservada a agrupaciones con motivación esencialmente política, pero que ahora se extiende a estructuras delictivas cuyo objetivo principal es la obtención de recursos mediante actividades como el tráfico de drogas y la extorsión.
Barrio 18, cuya base de operaciones principal se encuentra en El Salvador, Guatemala y Honduras, nació originalmente como una pandilla callejera en Los Ángeles, formada por jóvenes inmigrantes salvadoreños en busca de protección. Tras sucesivas deportaciones desde Estados Unidos a El Salvador, la organización incrementó su influencia y capacidad de acción en Centroamérica, donde organismos de seguridad la vinculan a numerosos episodios de violencia e intimidación contra poblaciones locales.
En los últimos años, la respuesta gubernamental ante la expansión de la pandilla ha sido especialmente severa en El Salvador. Bajo la presidencia de Nayib Bukele, el país emprendió una ofensiva contra las agrupaciones criminales, que derivó en el encarcelamiento de más del 1% de la población salvadoreña por supuestos vínculos con organizaciones como Barrio 18. Diversas fuentes han reportado que muchos de los detenidos lo fueron bajo serias limitaciones de acceso al debido proceso y con escasa evidencia, lo que ha generado fuertes críticas por presuntas violaciones masivas de los derechos humanos.
Bukele también calificó en repetidas ocasiones a los integrantes de la pandilla como “terroristas” y puso en marcha la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megaprisión utilizada para albergar a presuntos miembros de bandas delictivas. En ese mismo centro fueron retenidos 200 ciudadanos venezolanos deportados a principios de este año, en el marco de un acuerdo bilateral con Washington.
Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump expresó públicamente su gratitud a Bukele por “el exitoso y profesional trabajo al recibir y encarcelar a tantos criminales que ingresaron a EEUU”. Hasta ahora, el gobierno salvadoreño no ha emitido comentarios tras la designación.
(Con información de AP y EP)
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