La posible decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la ciudadanía por nacimiento mantiene en vilo a miles de familias inmigrantes. Mientras el tribunal evalúa si el expresidente Donald Trump puede limitar el derecho a la nacionalidad de quienes nacen en suelo estadounidense, el futuro de millones de niños como Ivan —hijo de una solicitante de asilo ucraniana— permanece en suspenso.
La madre de Ivan, llamada Lily por motivos de protección, dijo a la cadena estadounidense ABC News: “Mi bebé merece la ciudadanía. No debería estar sin país”. En los próximos días, el fallo podría determinar si los hijos de padres extranjeros, aunque nacidos bajo la bandera estadounidense, conservarán el derecho automático a la nacionalidad o quedarán en una situación de vulnerabilidad sin documentos.
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La decisión de la Corte Suprema se espera para principios de julio.
Qué se debate en la Corte Suprema
El centro del caso es la orden firmada por Donald Trump en enero de 2025. Dicha medida busca negar la ciudadanía a los bebés nacidos en Estados Unidos de padres que no son ciudadanos o residentes permanentes. Aunque jueces federales detuvieron su aplicación, la decisión final está ahora en manos del máximo tribunal.
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La pregunta clave para los jueces es si el derecho de suelo, consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución, debe seguir vigente para todos los nacidos en territorio estadounidense o solo para hijos de quienes tienen residencia fija.
El gobierno argumenta que la intención original de la enmienda excluía a hijos de visitantes temporales o inmigrantes sin estatus legal.
Quiénes serían los más afectados
Según investigaciones citadas por ABC News, los más perjudicados por una eventual eliminación de la ciudadanía automática serían los niños de origen latino y asiático. Un informe de la Universidad Penn State indica que más del 90% de los bebés sin ciudadanía nacerían en familias latinas para 2050, mientras que los casos de bebés asiáticos en situación irregular crecerían cinco veces.
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El temor entre las familias es palpable. Viviana, madre ecuatoriana sin documentos, dijo: “No puedo dormir tranquila. Estoy preocupada por toda esta situación”.
Su principal angustia es que su hija Denise, de cuatro años, podría perder derechos como la asistencia médica o el acceso regular a la escuela si se anulara la ciudadanía por nacimiento.
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Por qué la ciudadanía por nacimiento está en debate
El gobierno de Trump sostiene que la ciudadanía debería aplicarse solo a hijos de padres “domiciliados” en el país, es decir, con residencia permanente.
John Sauer, procurador general estadounidense, dijo ante la Corte: “La cuestión es, si alguien nace en Estados Unidos, ¿es automáticamente ciudadano? Eso depende del significado original de la enmienda y de la legalidad de su presencia”.
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Este argumento choca con el antecedente histórico del caso Wong Kim Ark. Hace más de 125 años, el tribunal determinó que cualquier niño nacido en suelo estadounidense tiene derecho a la ciudadanía, aun si sus padres son extranjeros.
Norman, bisnieto de Wong Kim Ark, dijo a ABC News: “Cuando nacías aquí, eras estadounidense. Eran reglas que todos entendían”.
Qué consecuencias tendría un cambio
Si la Corte Suprema avala la restricción, millones de niños podrían quedar apátridas. Según Conchita Cruz, abogada de la organización Asylum Seekers Advocacy Project, la falta de documentos dejaría a los menores sin acceso a identificaciones, lo que complicaría su vida cotidiana y los expondría a la separación familiar.
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“Hemos escuchado de solicitantes de asilo que temen que sus hijos nazcan indocumentados y puedan ser deportados o separados”, advirtió Cruz en diálogo con ABC News. Además, perderían derechos como la atención de salud o el acceso a la educación pública, lo que impactaría especialmente en familias con menos recursos para gestionar trámites legales.
Un cambio también afectaría la validez de las partidas de nacimiento estadounidenses. Expertos como Bruce Lesley, presidente de la organización First Focus on Children, señalaron que los certificados ya no serían prueba suficiente para acceder a beneficios como la seguridad social, un pasaporte o una hipoteca.
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“Retrasaría todo tipo de servicios”, explicó Lesley. “Si una madre recibe atención médica a través de Medicaid, al nacer el niño no tendría ciudadanía y habría que demostrarla ante una entidad gubernamental, lo que puede llevar varios meses”.
Cómo avanzó el debate y qué opinan los jueces
Durante una audiencia de abril, los jueces de la Corte Suprema manifestaron dudas sobre la viabilidad de determinar el domicilio de los padres de cada uno de los 3.6 millones de bebés que nacen cada año en el país. El juez Neil Gorsuch preguntó: “¿Cómo vamos a determinar el domicilio? ¿Tenemos que hacerlo para cada persona?”.
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La jueza Ketanji Brown Jackson cuestionó si eso implicaría citar a mujeres embarazadas para declarar. La jueza Amy Coney Barrett planteó el escenario en que se desconozca la identidad de los progenitores.
El gobierno respondió que existen criterios verificables, aunque la aplicación práctica genera interrogantes entre los magistrados y especialistas.
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