Un juez de Nueva York descartó los cargos de asesinato vinculados al terrorismo contra Luigi Mangione, quien enfrenta acusaciones por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ocurrido en diciembre pasado en Manhattan.
De acuerdo con The Wall Street Journal, la decisión se basó en la ausencia de pruebas suficientes para considerar que el crimen buscaba intimidar o coaccionar a la población, criterio fundamental para su tipificación como terrorismo según la ley estatal.
El magistrado Gregory Carro señaló en su dictamen que, aunque la fiscalía intentó fundamentar el móvil en razones ideológicas, “no hay indicio en la ley de que un asesinato cometido por un motivo ideológico —como llamar la atención sobre desigualdades en el sistema sanitario— encaje en la definición de terrorismo sin que exista la intención de intimidar o coaccionar”. El fallo, difundido por NBC News, sostiene que la acusación no logró probar que Mangione actuó con ese propósito.
A pesar de la desestimación de estos cargos específicos, Mangione, de 27 años, permanece imputado por asesinato en segundo grado y otros nueve cargos relacionados con armas, los cuales sí superaron la revisión judicial. Según medios estadounidenses, el acusado se enfrenta a una posible condena de 25 años a cadena perpetua de ser hallado culpable del cargo más grave.
La fiscalía de Manhattan, encabezada por el fiscal de distrito Alvin Bragg, informó que acepta el dictamen judicial y continuará el proceso sobre los cargos restantes. “Respetamos la decisión del tribunal y avanzaremos con los nueve cargos, incluido el de asesinato en segundo grado”, afirmó Danielle Filson, vocera de la oficina, citada por The Wall Street Journal.
El asesinato de Thompson
El asesinato de Brian Thompson, ocurrido el 4 de diciembre frente a un hotel en el centro de Manhattan, motivó una intensa búsqueda policial. Según la acusación, Mangione utilizó un arma de fuego de fabricación casera impresa en 3D, equipada con silenciador.
En las cápsulas de bala empleadas estaban grabadas las palabras “negar” y “destituir”, y otro proyectil llevaba escrito “retraso”. Tras el ataque, Mangione huyó en una bicicleta eléctrica, lo que desencadenó una persecución de varios días que terminó con su arresto en un restaurante McDonald’s en la localidad de Altoona, Pensilvania.
En paralelo a la causa estatal, Mangione enfrenta un expediente federal donde los fiscales buscan que se le aplique la pena de muerte, aunque en esa jurisdicción no existen cargos ligados a terrorismo. Hasta el momento, el acusado mantiene su declaración de inocencia en todos los procesos pendientes.
La defensa de Mangione alegó que el estatuto estatal de terrorismo no abarcaba el acto del que se le acusa, argumentando también que la duplicidad de cargos a nivel estatal y federal conlleva un posible escenario de doble persecución.
El juez Carro respondió que esta objeción resulta “prematura”, avalando el avance de la instancia neoyorquina sobre la federal. Según palabras reproducidas por The Wall Street Journal, “el tribunal no está convencido de que proceder con el juicio estatal primero genere un perjuicio severo”.
Entre las pruebas aportadas por la fiscalía de Nueva York figuran entradas de diario atribuidas a Mangione, donde describía planes y consideraciones para ejecutar el asesinato y dejar un mensaje político.
En uno de los textos incautados, el acusado habría escrito: “es específico, preciso y no pone en riesgo a inocentes. Lo más importante es que el mensaje queda claro”, en referencia al impacto mediático que tendría la muerte de un ejecutivo asegurador en un evento empresarial.
Mangione permanece detenido a la espera de juicio, cuya fecha aún no ha sido fijada en Nueva York. La próxima audiencia judicial está agendada para el 1 de diciembre. Conmocionada por la noticia de los cargos retirados, parte del público presente en la sala reaccionó con exclamaciones tras el anuncio del juez.
Mientras tanto, el fondo de defensa legal de Mangione superó los 1,2 millones de dólares y continúa recibiendo apoyo de activistas críticos de la industria de seguros en el país, mientras la discusión sobre el caso sigue activa a nivel nacional.
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