El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una revisión de los registros de más de 55 millones de personas extranjeras que poseen visas estadounidenses vigentes, en busca de potenciales violaciones migratorias susceptibles de causar la revocación de sus documentos y la expulsión del país.
La medida, confirmada en una respuesta escrita a una consulta de The Associated Press, implica una política de “vigilancia continua” para quienes hayan obtenido un permiso válido de ingreso o permanencia en los Estados Unidos.
“Analizamos toda la información disponible en nuestros procesos de investigación, incluyendo datos de autoridades policiales, antecedentes migratorios o cualquier información relevante que surja tras la emisión de la visa”, declaró el Departamento de Estado en la misiva reproducida por la agencia.
De acuerdo con el informe, los criterios de revisión abarcan indicios de inelegibilidad como excesos en el tiempo de estadía autorizado, delitos, amenazas a la seguridad pública, participación o apoyo a actividades terroristas, así como respaldo a organizaciones o Estados señalados por terrorismo. Si algún elemento de este tipo es detectado, la visa será revocada y el titular, en caso de estar presente en el país, quedará expuesto a procesos de deportación.
Las autoridades aclararon que no solo se trata de detectar delitos violentos, sino también infracciones como conducción bajo el influjo de alcohol o drogas, entre otros. Estas acciones, señalaron, pueden derivar en la cancelación inmediata del visado y la consiguiente inclusión del titular en procedimientos de remoción.
“Si surge información que demuestre que un titular de visa ya no reúne los requisitos para ese documento, su visa podrá ser revocada y si aún se encuentra en Estados Unidos, puede iniciar un proceso de deportación”, reiteró el Departamento de Estado.
Las autoridades estadounidenses subrayaron que, desde la juramentación de Donald Trump en enero, su administración ha impuesto un endurecimiento progresivo de los requerimientos y restricciones migratorias. Desde entonces, la Casa Blanca ha centrado la atención en la expulsión de inmigrantes indocumentados y, especialmente, en la vigilancia de extranjeros beneficiarios de visas estudiantiles y de intercambio.
Sin embargo, el enfoque actual representa una expansión considerable de los controles y marca un giro respecto a la estrategia original, más acotada a estudiantes vinculados a actividades políticas sobre Oriente Medio.
El Departamento de Estado precisó a The Associated Press que “como parte del compromiso de la administración Trump de proteger la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos, desde el día de la investidura se han revocado más del doble de visas —y casi cuatro veces más visas estudiantiles— que en el mismo periodo del año anterior”.
La implementación de entrevistas presenciales para todos los solicitantes, así como el examen pormenorizado de cuentas en redes sociales y registros policiales, forman parte de este proceso.
Récord en anulación de visas estudiantiles
Además, la agencia informó que, a corte de inicios de la presente semana, más de 6.000 visas de estudiantes fueron anuladas desde la llegada de Trump a la presidencia tras comprobarse excesos en la estadía permitida y violaciones a normativas legales federales, estatales o locales.
Dentro de ese grupo, se puntualizó que unos 4.000 casos correspondían a transgresiones de leyes y entre 200 y 300, a situaciones relacionadas con actividades o vínculos con organizaciones consideradas terroristas.
“Revisamos las cuentas en redes sociales, los antecedentes policiales y los historiales migratorios del país de origen, junto con cualquier acto sancionable bajo la ley estadounidense”, subrayó el parte oficial. El proceso, calificado como “lento y exhaustivo” por funcionarios consultados, avanza en paralelo con el refuerzo de los requisitos previos para nuevos solicitantes.
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