Estados Unidos denunció un “empeoramiento significativo” de la represión del régimen de Maduro en Venezuela tras las elecciones de 2024

El informe anual del Departamento de Estado acusa al chavismo de ejecuciones arbitrarias, torturas y censura, y señala retrocesos en materia de derechos humanos en Brasil y Sudáfrica

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Presos politicos en Venezuela
Familiares de los detenidos durante la represión gubernamental a las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales, participan en una vigilia en Caracas, Venezuela, el 8 de agosto de 2024. El cartel dice "Liberen a todos los presos políticos. Cierren los centros de tortura" (AP Foto/Matías Delacroix)

El gobierno de Estados Unidos alertó este martes sobre un “empeoramiento significativo” de la situación de los derechos humanos en Venezuela, especialmente tras las elecciones presidenciales de 2024, según el informe anual publicado por el Departamento de Estado.

El documento detalló “graves abusos” perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro, entre los que se incluyen ejecuciones arbitrarias, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y represión transnacional contra extranjeros, además del “reclutamiento o utilización ilegal de niños por grupos apoyados por Maduro en conflictos armados”.

El informe, el primero realizado bajo la nueva Administración de Donald Trump, subraya también “graves restricciones a la libertad de expresión y de prensa” en Venezuela, indicadas por episodios de violencia, amenazas y arrestos contra periodistas, así como la persistencia de redes criminales de trata de personas y la falta de acciones ante la presencia significativa de trabajo infantil.

Respecto a Cuba, el reporte no observa modificaciones sustanciales en materia de derechos humanos, aunque mantiene la denuncia de trabajo forzoso auspiciado por el Estado y restricciones a la libertad religiosa.

Para México, el informe señala que el narcotráfico y la impunidad constituyen los principales desafíos. Desde el Departamento de Estado se alerta que los delitos cometidos por el crimen organizado, junto a tasas elevadas de impunidad e investigaciones sin resolución, representan las mayores amenazas. Se subraya la continuidad de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y restricciones graves a la libertad de prensa, además de la inseguridad para quienes ejercen actividades laborales críticas, como el periodismo. El reporte cita el ataque ocurrido el 31 de marzo de 2024 en Chiapas, donde 25 personas murieron en un enfrentamiento entre fuerzas de la Guardia Nacional y un grupo armado, evento en el que las autoridades solo reportaron 10 fallecidos y ninguno de los uniformados resultó procesado. El documento también resalta el asesinato de cinco periodistas en distintos estados mexicanos durante el año 2023.

El informe omite críticas previas hacia El Salvador, Israel y Rusia incluidas en años anteriores, y hace énfasis en países rivales de la nueva administración como Brasil y Sudáfrica. Sobre El Salvador, el Departamento de Estado afirma que “no hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos”, y atribuye el mantenimiento de la violencia de pandillas en un “mínimo histórico” al prolongado estado de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele. El mandatario ofreció recientemente a Estados Unidos la prisión de máxima seguridad Cecot para albergar migrantes acusados de vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua.

En el caso de Israel, el informe menciona ejecuciones extrajudiciales de palestinos, aunque indica que el Gobierno de Benjamin Netanyahu “adoptó medidas” para identificar a los implicados. También desaparecen cuestionamientos a la reforma judicial impulsada por el gobierno israelí y a los casos de corrupción que involucraban al primer ministro.

Simpatizantes del ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro participan en una manifestación en apoyo al ex jefe de Estado en la avenida Paulista en San Pablo el pasado 3 de agosto. Un cartel señala "EEUU: El pueblo brasileño considera que nuestro país se encamina hacia una dictadura" (EFE/ Sebastiao Moreira)
Simpatizantes del ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro participan en una manifestación en apoyo al ex jefe de Estado en la avenida Paulista en San Pablo el pasado 3 de agosto. Un cartel señala "EEUU: El pueblo brasileño considera que nuestro país se encamina hacia una dictadura" (EFE/ Sebastiao Moreira)

Sobre Brasil, el Departamento de Estado advierte un “deterioro significativo” de los derechos humanos, atribuido principalmente a la “represión desproporcionada” de la libertad de expresión de los seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro y a la suspensión temporal de la red social X, dispuesta por la justicia brasileña a raíz de la difusión de desinformación. Estados Unidos anunció la imposición de aranceles del 50% en represalia por el proceso judicial contra Bolsonaro, acusado de intentar evitar la transferencia de poder tras las elecciones de 2022.

Respecto a Sudáfrica, el informe denuncia un declive motivado por la expropiación de tierras a la minoría afrikáner, e informa que Estados Unidos concedió refugio en mayo a ciudadanos de ese grupo, tras la denuncia del presidente Trump ante Cyril Ramaphosa de un supuesto genocidio, afirmación rechazada por las autoridades sudafricanas.

El documento también reitera acusaciones hacia China por genocidio contra la minoría musulmana uigur y a Irán por la ejecución de cientos de presos. De Rusia, se mantiene la denuncia por crímenes de guerra en Ucrania, aunque desaparecen alusiones a abusos contra la comunidad LGTBI.

Según el Departamento de Estado, este informe, publicado desde 1977, actúa como referencia para la asignación de la ayuda exterior estadounidense. En la edición de 2024, el secretario de Estado Marco Rubio dispuso reducir el alcance del documento y eliminar secciones dedicadas a corrupción o derechos del colectivo LGTBI, adaptando el contenido a las prioridades de la actual administración.

Las adaptaciones introducidas en el informe, que tienden a aliviar la presión sobre algunos aliados estratégicos y a endurecerla sobre rivales geopolíticos, han suscitado reacciones críticas de legisladores y organizaciones no gubernamentales, que alertan sobre el impacto en la percepción internacional de la política de derechos humanos de Estados Unidos.

(Con información de AFP y EFE)

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