El gobierno de Donald Trump anunció el lunes la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras y Nicaragua, poniendo fin a un programa que ha protegido de la deportación a aproximadamente 76.000 inmigrantes de estos países centroamericanos durante más de 25 años.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, argumentó que el TPS para ambos países ya no era necesario, sosteniendo que las condiciones habían mejorado significativamente y que podían recibir a sus nacionales. La medida entrará en vigor el 6 de septiembre, tras un período de 60 días desde su publicación en el Registro Federal.
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La terminación afectará a un estimado de 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses que han tenido acceso al estatus legal desde 1999, según los avisos oficiales publicados el lunes.
El argumento del gobierno
El Departamento de Seguridad Nacional justificó la decisión argumentando que ambos países “ya no continúan cumpliendo los criterios para la designación del TPS”. Washington había concedido originalmente esta protección tras el devastador paso del huracán Mitch en octubre de 1998, que dejó más de 11.300 muertos en Centroamérica, incluyendo cerca de 7.000 en Honduras y casi 4.000 en Nicaragua.
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Según el DHS, desde entonces “ha habido mejoras notables” en las condiciones de ambos países que “permiten el adecuado retorno de sus ciudadanos”. El departamento consideró que Nicaragua “es un creciente líder en turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable”, mientras que “nuevos proyectos de infraestructura están por transformar a Honduras y crear empleos”.
El impacto en las comunidades
La medida afectaría particularmente a inmigrantes en Florida, donde vive uno de cada tres de los más de 1 millón de beneficiarios del TPS en Estados Unidos, según un reporte del Congreso. La pérdida del estatus legal, que tenía como fecha límite para ampliarse el pasado sábado 5 de julio, representa una amenaza directa para miles de familias que han construido sus vidas en territorio estadounidense.
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Los beneficiarios del TPS pueden residir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras permanezcan bajo esta protección, que se revisa y renueva periódicamente. La eliminación del programa los deja vulnerables a la deportación una vez que expire el período de transición.
Los antecedentes de Haití y Venezuela
Esta decisión se produce menos de dos semanas después de que la administración Trump anunciara el fin del TPS para cerca de 521.000 haitianos, medida que fue frenada por un juez federal la semana pasada. En mayo, la Corte Suprema autorizó al presidente Trump a terminar con esta protección migratoria para 350.000 venezolanos.
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Trump había intentado eliminar este estatus desde su primer mandato para migrantes de países como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal y Sudán, pero los esfuerzos fueron bloqueados por los tribunales federales. Las cortes mantuvieron las designaciones de TPS durante el mandato anterior del republicano, pero ahora la administración retoma sus esfuerzos para desmantelar el programa.
El TPS fue establecido por el Congreso en 1990 para proporcionar protección temporal a inmigrantes de países que experimentan conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias que impiden el retorno seguro de sus ciudadanos.
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El programa para Honduras y Nicaragua representa uno de los casos más antiguos de TPS, habiendo estado en vigor durante más de un cuarto de siglo. Los beneficiarios han podido renovar periódicamente su estatus, permitiendo que miles de familias establezcan raíces profundas en Estados Unidos.
La eliminación sistemática del TPS para diversos países forma parte de la estrategia migratoria más amplia de la administración Trump, que ha prometido las deportaciones masivas más grandes en la historia de Estados Unidos y ha convertido la aplicación estricta de las leyes migratorias en una de sus principales prioridades políticas.
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