El gobierno de Estados Unidos demandó a Los Ángeles por sus políticas de ciudad santuario

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este lunes una demanda contra la ciudad de Los Ángeles, la alcaldesa Karen Bass y el Concejo Municipal de Los Ángeles, cuestionando la legalidad de las políticas santuario implementadas en la ciudad recientemente, después de la reelección del presidente Donald J. Trump, según información oficial del Departamento de Justicia.

La demanda afirma que dichas políticas violan la ley federal e impiden la cooperación con las autoridades migratorias, lo que, según la acusación, contribuyó al reciente aumento de protestas, disturbios, saqueos y vandalismo que motivaron la intervención de la Guardia Nacional de California y de los Marines de Estados Unidos.

El documento judicial presentado en la Corte del Distrito Central de California sostiene que el país enfrenta una crisis de inmigración ilegal, la cual —según el escrito— se agrava por la resistencia de jurisdicciones como Los Ángeles a colaborar con agentes federales.

¿Por qué el gobierno de EEUU demandó a Los Ángeles?

La demanda sostiene que, desde el 6 de junio, la negativa de Los Ángeles a participar en operativos migratorios derivó en un periodo de disturbios y violencia que requirió una respuesta federal. Más de 1.600 inmigrantes han sido arrestados en el sur de California durante el último mes, según el texto legal.

La demanda incluye declaraciones de la fiscal general Pamela Bondi, quien calificó las políticas santuario de la ciudad como “la causa principal de la violencia, el caos y los ataques a las fuerzas del orden”.

“Las jurisdicciones como Los Ángeles, que ignoran la ley federal al priorizar a los inmigrantes ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses, están socavando el orden público en todos los niveles y se terminan bajo el presidente Trump”, según el comunicado oficial del Departamento de Justicia.

¿Cómo es la política migratoria en Los Ángeles?

La demanda resalta que las políticas santuario de Los Ángeles prohíben a las autoridades locales compartir información sobre inmigrantes con las agencias federales, incluso cuando existe una solicitud formal. El Departamento de Justicia afirma que estas medidas interfieren con la aplicación de las leyes de inmigración y discriminan contra las agencias federales al darles un trato diferente del otorgado a otras instancias policiales.

El escrito judicial menciona la campaña presidencial de Donald Trump, quien, de acuerdo con el documento, ganó la elección con una plataforma centrada en la deportación de millones de inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país bajo una política de fronteras abiertas previa. El Departamento sostiene que la negativa de Los Ángeles a colaborar lleva a “un entorno ilegal e inseguro” y plantea que la Corte debe impedir que la ciudad aplique su ordenanza santuario.

La fiscal general Pamela Bondi instruyó a la División Civil del Departamento a identificar legislaciones y políticas locales que obstaculicen la aplicación de la ley federal y, en su caso, iniciar procedimientos legales. La demanda contra Los Ángeles se enmarca en una serie de acciones judiciales similares ya presentadas contra otras ciudades como Nueva York y Nueva Jersey, según el Departamento de Justicia.

¿Cómo han respondido las autoridades locales?

Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, y sus colaboradores no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios tras la presentación de la demanda. No obstante, Bass ha expresado previamente sus desacuerdos con las redadas migratorias en la ciudad, asegurando que han provocado la separación de familias y generado temor en espacios públicos, iglesias y comercios.

El Concejo Municipal de Los Ángeles ha programado una sesión para solicitar a la abogada de la ciudad, Hydee Feldstein Soto, priorizar acciones legales inmediatas para proteger a los residentes de Los Ángeles contra posibles prácticas de perfilamiento racial y detenciones arbitrarias por parte de agentes federales, según información de Los Angeles Times. Los concejales, según reportan fuentes locales, consideran que la intervención legal busca asegurar los derechos constitucionales de la comunidad.

La demanda federal subraya además que la estrategia del gobierno municipal provocó una confrontación directa con los agentes federales. El Departamento de Justicia consideró que era inevitable el choque, dado el marco legal adoptado por la ciudad y la decisión de las autoridades locales de “no compartir información ni colaborar”, de acuerdo con el escrito presentado a la Corte.

La demanda cita la llamada Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que otorga primacía a las leyes federales por encima de las estatales o locales. El fiscal federal Bill Essayli, del Distrito Central de California, declaró que “la Constitución de Estados Unidos prohíbe a la ciudad escoger qué leyes federales aplicar y cuáles no. Al ayudar a los inmigrantes removibles a evadir la ley, la ordenanza de la ciudad ha contribuido a crear un ambiente ilegal”, según documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia.