El gobierno de Estados Unidos activó una medida que autoriza la venta de hasta 104,4 millones de hectáreas de tierras públicas, en lo que representa la mayor desincorporación de terrenos federales en la historia moderna del país.
La decisión forma parte de un amplio paquete fiscal aprobado por el Senado que busca generar ingresos mediante la subasta de tierras administradas por la Oficina de Administración de Tierras (BLM) y el Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS).
La legislación obliga a ambas agencias a vender al menos 809.000 hectáreas en los próximos cinco años, con un mecanismo de nominación rápida cada 60 días y sin requerir audiencias públicas ni deliberación legislativa.
En paralelo, se amplía la concesión de licencias para explotar petróleo, gas, carbón, geotermia y madera, con el objetivo de recaudar unos 29.000 millones de dólares entre 2025 y 2034.
¿Una solución a la crisis habitacional?
Según el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, la venta busca responder a la crisis de vivienda en el oeste del país, abriendo terrenos para el desarrollo residencial a gran escala. Se estima que menos del 0,5% del total de tierras federales estará disponible para proyectos habitacionales, principalmente en zonas con escasez de suelo urbano.
Sin embargo, organizaciones como The Wilderness Society advierten que buena parte de los terrenos disponibles no son aptos para construcción. Estudios citados por la entidad indican que menos del 2% de las tierras del BLM y el USFS se encuentran cerca de centros poblados, mientras que muchas presentan alto riesgo de incendios o carecen de acceso a infraestructura básica.
“Esta medida implica perder áreas recreativas, hábitats críticos y corredores migratorios de fauna para obtener ingresos de corto plazo que beneficiarán a intereses privados”, señaló la organización en un comunicado.
Estados con más tierra en riesgo
Las superficies disponibles se concentran en 11 estados, donde se prevén las siguientes cifras:
- Alaska: 33,5 millones de hectáreas
- Nevada: 13,6 millones
- Oregón e Idaho: 8,8 millones cada uno
- Utah: 7,6 millones
- California: 6,8 millones
- Wyoming: 6 millones
- Colorado y Arizona: 5,8 millones cada uno
- Nuevo México: 5,8 millones
- Washington: 2,2 millones
Muchos de estos terrenos han sido catalogados como estudios de áreas silvestres, zonas sin caminos inventariadas, o hábitats esenciales para especies protegidas.
Opiniones divididas entre expertos
El impacto económico de la medida ha generado posiciones encontradas. Para Patrick Parenteau, profesor de derecho ambiental en Vermont Law and Graduate School, “la venta de tierras públicas no tendrá un efecto significativo en la reducción del gasto federal”. Además, advirtió que los compradores tendrán ventaja en el proceso, pues el mandato obliga a vender sin criterios técnicos específicos.
Parenteau añadió que los terrenos más atractivos para desarrolladores —aquellos cercanos a ciudades o destinos turísticos como Lake Tahoe— podrían ser adquiridos por individuos adinerados o empresas inmobiliarias, restringiendo el acceso público a zonas de recreación.
Por el contrario, Wendie Kellington, abogada especializada en políticas de uso del suelo, aseguró que la medida tendrá un impacto positivo en las regiones afectadas. “El 5% de las ganancias será destinado a la mantención de tierras federales, lo que ayudará a cubrir el retraso acumulado en infraestructura”, explicó a Newsweek. También argumentó que los estados seleccionados presentan una escasez aguda de vivienda y altos costos de vida.
Desde la academia, Deborah Sivas, directora de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad de Stanford, cuestionó la utilidad del plan. “La mayoría de estas tierras son remotas, sin servicios básicos, y su valor en el mercado privado es limitado”, afirmó. Recordó que desde 1976, la política federal ha sido conservar —no vender— terrenos públicos, una postura respaldada por encuestas recientes.
En debate
Aunque la legislación prohíbe la venta de parques nacionales, ríos escénicos, refugios de vida silvestre y sitios históricos, expertos advierten que las zonas en riesgo incluyen áreas recreativas locales y reservas de biodiversidad.
En la Cámara de Representantes, una propuesta similar fue parcialmente retirada tras la oposición de legisladores republicanos, quienes impulsan una alternativa para ampliar el acceso público a las tierras federales sin recurrir a su venta.
La medida, revisada el 14 de junio, sigue bajo deliberación en el Senado. Si se mantiene el calendario previsto, podría ser votada antes del 4 de julio, en coincidencia con la fecha límite autoimpuesta para aprobar el paquete fiscal.
De concretarse, marcaría un giro radical en la política de conservación de tierras públicas en Estados Unidos, con implicaciones duraderas para el uso del territorio, la biodiversidad y el acceso ciudadano a espacios naturales.
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