Gobierno de EEUU permitirá venta de armas con gatillos que disparan más rápido; 16 estados lo demandan

Dieciséis estados, liderados por los fiscales generales de Delaware, Maryland y Nueva Jersey, han presentado una demanda contra la administración Trump en respuesta a su decisión de permitir la venta de gatillos de reinicio forzado. Estos dispositivos permiten que los rifles semiautomáticos disparen más rápidamente, emulando de manera funcional a las ametralladoras. La demanda, argumentada en una corte federal de Maryland, sostiene que la restitución de estos dispositivos violaría la ley federal y aumentaría el riesgo para la seguridad pública, así como para las fuerzas del orden, además de exacerbar la violencia armada, según Associated Press (AP).

La administración Biden había clasificado anteriormente estos gatillos como equivalentes a ametralladoras bajo la ley federal, argumentando que mantienen el disparo continuo con presión constante del dedo sobre el gatillo. Sin embargo, Posteriormente, la administración Trump a través del Departamento de Justicia, acordó permitir la venta de estos dispositivos, poniendo fin a su prohibición y ajustando significativamente la política de la Segunda Enmienda del gobierno republicano. Según dijo la fiscal general, Pam Bondi, “este Departamento de Justicia cree que la Segunda Enmienda no es un derecho de segunda clase”.

La decisión de permitir la venta de estos disparadores surgió tras un acuerdo anunciado entre el Departamento de Justicia y Rare Breed Triggers, el fabricante de los dispositivos. Este acuerdo también exige que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) devuelva los dispositivos confiscados o entregados voluntariamente al gobierno por sus propietarios, tal como informó AP.

Antecedentes legales de los gatillos de reinicio forzado

Anteriormente, en enero, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York había demandado a Rare Breed alegando la venta ilegal de ametralladoras a través de estos dispositivos. El gobierno argumentó que estos gatillos son conversiones ilegales de armas semiautomáticas a automáticas, debido a que pueden mantener el fuego continuo con una sola presión del gatillo. Breon Peace, el fiscal del distrito, afirmó que los demandados estaban “vendiendo ilegalmente ametralladoras, simple y llanamente, con dispositivos de conversión que transforman los rifles tipo AR-15 en armas aún más letales adecuadas para campos de batalla”.

Rare Breed, fundada en Florida y actualmente con sede en Fargo, Dakota del Norte, continúo vendiendo los disparadores FRT-15, afirmando que la ATF estaba en error con su clasificación. Según declaraciones de Lawrence DeMonico, presidente del grupo, se trató de un “momento histórico en la lucha contra el abuso no controlado del gobierno”.

Los gatillos de reinicio forzado han sido un punto de discusión en el contexto de la violencia armada debido a su capacidad para disparar a velocidades que igualan o superan a las ametralladoras militares M-16, como documentaron las pruebas de la ATF sobre el disparador FRT-15. Además, un tribunal de distrito estadounidense había emitido una orden temporal en enero pasado para prohibir a Rare Breed seguir vendiendo estos dispositivos mientras el litigio estaba en proceso.

¿Qué dice Rare Breed Triggers sobre el caso?

Kevin Maxwell, propietario de la empresa, presentó su defensa en el tribunal federal argumentando que su producto no califica como ametralladora, ya que obliga al gatillo a regresar a la posición inicial después de cada disparo. Esta característica supuestamente cumple el requisito de una “función” por ronda.

Existen otros gatillos legales en la mayoría de los estados y a nivel federal, como el disparador binario, que permite que las armas semiautomáticas disparen dos balas por cada ciclo completo del disparador. Según el Departamento de Justicia, Rare Breed Triggers se ha comprometido a no desarrollar dichos dispositivos para su uso en pistolas. El acuerdo exige que la ATF devuelva los gatillos que haya incautado o que sus propietarios hayan entregado voluntariamente al gobierno.