El conflicto entre el gobierno de Estados Unidos y la Universidad de Harvard se intensifica con la decisión de recortar 450 millones de dólares de subvenciones federales a esta prestigiosa institución educativa.
Esta medida forma parte de una campaña más amplia para presionar a la universidad, que ya ha visto cancelaciones de fondos por un total de 2.200 millones de dólares en el último mes, según publicó el Wall Street Journal.
“La Universidad de Harvard ha fracasado repetidamente en enfrentar la discriminación racial generalizada y el acoso antisemita que plaga su campus”, se lee en una carta de la administración firmada por personas del grupo de trabajo contra el antisemitismo del gobierno, también citado por el periódico estadounidense.
Por qué volvieron a recortar fondos a la Universidad de Harvard
Harvard Law Review fue señalado por presunta discriminación racial a la hora de evaluar artículos para publicarse en su revista, según el WSJ.
Según información publicada por The Associated Press (AP), en el campus existe “un problema oscuro” y que, al priorizar “el apaciguamiento sobre la responsabilidad”, los líderes institucionales renunciaron “a seguir recibiendo dinero de los contribuyentes”.
Harvard, según AP, se convirtió en la primera universidad de EEUU que desafió abiertamente a las demandas gubernamentales de limitar el activismo propalestino y acabar con las prácticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
Alan Garber, presidente de Harvard, rompió el silencio el lunes con una carta donde disputa las afirmaciones gubernamentales. Según él, la prestigiosa institución educativa mantiene un ambiente apolítico y ha adoptado medidas enérgicas para erradicar cualquier forma de antisemitismo.
“Las sanciones federales son un intento ilegal de controlar aspectos fundamentales de las operaciones de nuestra universidad”, expresó Garber.
A pesar de las tensiones, otras prestigiosas universidades también se han visto afectadas por esta cruzada del gobierno que pretende reestructurar significativamente el entorno académico estadounidense. Instituciones como Columbia, la Universidad de Pensilvania y Cornell enfrentan consecuencias similares, en un esfuerzo por modificar ciertas políticas universitarias que la administración no aprueba.
En paralelo, Harvard se embarca en una batalla legal para revertir el congelamiento de fondos federales. Mientras tanto, la evidencia de este enfrentamiento pone en el foco las tensiones entre las políticas federales y las tradiciones académicas establecidas. Aunque el futuro de la educación superior sigue en juego, lo que está claro es que esta situación podría desplazar el paradigma académico institucional en Estados Unidos de manera profunda e irrevocable.
A mediados de abril, Infobae reportó la congelación de los más de 2.200 millones de dólares en subvenciones federales y 60 millones extra en contratos para la Universidad de Harvard.
Las medidas más polémicas incluían la prohibición de uso de mascarillas en el campus y que la institución dejara de reconocer o financiar grupos estudiantiles que promovieran actividades ilegales, violentas o de acoso.
Estos fondos representan un total del 11% de los ingresos anuales de la universidad, cuyo presupuesto es de 6.400 millones de dólares.
En aquel entonces, Garber dijo que las universidades privadas no deberían estar sujetas a la imposición de políticas gubernamentales que digan lo que pueden o no hacer.
“Estos fines no se lograrán mediante la imposición de poderes, ajenos a la ley, para controlar la enseñanza y el aprendizaje en Harvard y dictar cómo operamos”, señaló en su carta.
AP publicó a mediados de abril que el gobierno federal había suspendido el financiamiento federal a las universidades de Pensilvania, Brown y Princeton.
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