
El estado de Florida inició una acción legal contra Snap Inc., la compañía matriz de Snapchat, por presuntamente incumplir una ley estatal que restringe el acceso de menores de edad a plataformas digitales con características consideradas adictivas. El litigio, presentado por la oficina del fiscal general James Uthmeier, sostiene que la red social permite que niños y adolescentes menores de 16 años utilicen la aplicación sin el consentimiento obligatorio de sus padres, en contravención directa de lo dispuesto por la ley HB 3.
La demanda se presentó el lunes en el tribunal del condado de Santa Rosa, en el norte del estado, pocos días después de que un juez federal permitiera que la ley entrara en vigor tras desestimar una solicitud de grupos tecnológicos que buscaban bloquear su aplicación. El caso contra Snapchat marca el primer gran intento del estado por hacer cumplir la normativa, y podría sentar un precedente legal con implicaciones nacionales, dada la atención que ha generado la legislación en otros estados y dentro de la industria tecnológica.
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En el centro del debate se encuentra el uso que hacen los menores de las redes sociales, y cómo estas plataformas aplican algoritmos y notificaciones para mantener la atención de sus usuarios. La ley HB 3 se diseñó para reducir estos riesgos, pero ha sido criticada por grupos defensores de los derechos digitales, que consideran que vulnera protecciones constitucionales como la libertad de expresión y el derecho de los padres a decidir sobre el contenido al que acceden sus hijos.

¿Qué establece la ley HB 3 sobre el uso de redes sociales por menores?
La ley HB 3, aprobada por la Legislatura de Florida en 2024, prohíbe que menores de 14 años tengan cuentas en plataformas sociales que cumplan ciertos criterios técnicos relacionados con algoritmos, funciones de interacción entre usuarios y elementos adictivos. A los adolescentes de 14 y 15 años se les permite el uso de estas plataformas únicamente con consentimiento parental verificable.
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Aunque la ley no menciona por nombre a ninguna red social, organizaciones del sector tecnológico advirtieron que se aplicaría a servicios populares como Snapchat, Facebook, Instagram y YouTube, todos ellos miembros de grupos como NetChoice o la Computer & Communications Industry Association.
¿Por qué Florida demandó a Snapchat?
La demanda sostiene que Snap Inc. continúa otorgando acceso a menores de edad sin aplicar controles efectivos de verificación. Según la fiscalía, Snapchat “sabe” que algunos usuarios en Florida son menores de 14 años y aún así les permite crear cuentas. En el caso de los usuarios de 14 y 15 años, la empresa tampoco solicitaría el consentimiento parental requerido.
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La acusación también señala que la empresa viola la Ley de Prácticas Desleales y Engañosas de Florida (FDUTPA, por sus siglas en inglés), al actuar de forma consciente en contra de los lineamientos legales. Entre las prácticas consideradas perjudiciales se encuentran las notificaciones automáticas constantes, que aparecen incluso cuando la aplicación no está en uso, y el carácter efímero de los mensajes, que desaparecen tras un período determinado.

¿Cuáles son los elementos adictivos señalados por la fiscalía?
La demanda menciona que las notificaciones push, enviadas por Snapchat a cualquier hora del día, fomentan la necesidad compulsiva de revisar la aplicación. Esto afecta especialmente a menores, quienes tienen menos capacidad para gestionar estos estímulos.
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Asimismo, la fiscalía subraya que la naturaleza efímera del contenido —los mensajes desaparecen automáticamente— induce a los jóvenes a revisar el contenido con frecuencia por temor a perderse algo. Estas características, según el estado, convierten a Snapchat en una plataforma sujeta a las restricciones impuestas por la ley HB 3.
¿Qué consecuencias legales podría enfrentar Snapchat?
La acción legal busca que un tribunal ordene a Snap Inc. cesar las supuestas infracciones y pagar multas de hasta 50.000 dólares por cada violación documentada. Además, la fiscalía anticipó que podrían presentarse demandas similares contra otras plataformas digitales.
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Esta demanda se da en un contexto en el que la regulación del acceso infantil a contenidos digitales se ha convertido en tema central en varios estados de EE.UU. El resultado de este caso podría influir en futuras políticas regulatorias y en la forma en que las empresas tecnológicas operan con respecto a usuarios menores de edad.

¿Qué argumentan las empresas tecnológicas sobre la ley HB 3?
Grupos como NetChoice insisten en que la ley vulnera el derecho constitucional a la libertad de expresión y otorga al estado un poder excesivo sobre decisiones que, según ellos, deben recaer en los padres. “En una nación que valora la Primera Enmienda, la respuesta preferida es permitir que los padres decidan qué contenido pueden consumir sus hijos”, argumentaron en documentos judiciales.
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El juez federal Mark Walker rechazó en marzo de 2025 una solicitud de estos grupos para bloquear la ley, aunque no entró a debatir su fondo legal, sino que falló por motivos procesales. Tras esa decisión, la fiscalía estatal dio luz verde a la aplicación de HB 3.
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