
La Comisión del Condado de Miami-Dade aprobó el martes 1 de abril una legislación que ordena el cese de la fluoración del agua potable, poniendo fin a un programa que lleva activo más de siete décadas. La votación final fue de ocho votos a favor y dos en contra, con el respaldo de una coalición bipartidista de comisionados. La medida implica que el condado deberá detener la adición de flúor a su sistema dentro de los próximos 30 días.
Según Miami Herald, esta decisión coloca al condado como el más poblado de Florida en adoptar esta política, que ganó fuerza en otros municipios del estado influenciados por una creciente corriente de oposición a la fluoración promovida por sectores conservadores.
Según declaró el comisionado Roberto González, principal impulsor de la medida, “la elección ante nosotros no es sobre política. Es sobre prudencia”. Durante la sesión, el funcionario añadió que “la medicación masiva forzada es un concepto obsoleto”.
A pesar del impacto de la decisión, el proceso legislativo no siguió el curso habitual. El proyecto no pasó por una discusión en comisiones previo a su votación por el pleno, como es la norma en el cuerpo legislativo del condado. Aunque González presidió una audiencia en su Comité de Salud y Seguridad en marzo, no se convocaron voces defensoras del flúor, y el texto de la legislación fue publicado solo días después de esa instancia.
La postura de la alcaldesa de Miami-Dade
La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, manifestó de manera inequívoca su apoyo a la continuidad de la fluoración del agua potable, alineándose con las recomendaciones de organizaciones médicas y científicas reconocidas. En declaraciones posteriores a la votación del martes, indicó que aún evalúa si vetará la medida, para lo cual dispone de un plazo de diez días.
Levine Cava, del Partido Demócrata, se retiró del recinto antes de la votación, aunque había adelantado previamente que estaba considerando ejercer su derecho a veto. En un comunicado emitido luego del encuentro, expresó: “Voy a reunirme con el patrocinador de la legislación, con mi equipo de liderazgo, científicos y profesionales de la salud para tomar una decisión informada. La salud y el bienestar del público son prioritarios”.
En declaraciones previas a WSVN, la funcionaria sostuvo: “Creo que la ciencia es clara en cuanto a que el flúor ha contribuido mucho a nuestra salud dental. Lo usamos en niveles seguros y beneficiosos. No basta con el dentífrico, que puede no usarse adecuadamente. No es lo mismo”. También remarcó que “en 60 años no tenemos evidencia de daño causado por los niveles de flúor que estamos utilizando”.
A nivel institucional, su administración delegó la representación técnica ante la comisión en Roy Coley, actual encargado del Departamento de Agua y Alcantarillado, quien reafirmó que la política de fluoración sigue las recomendaciones de los principales organismos médicos y de salud pública. Según Coley, “no pretendemos ser dueños de la ciencia o de la sabiduría sobre la fluoración. Seguimos la guía”.
Argumentos a favor de la eliminación del flúor
Los partidarios de eliminar el flúor del agua potable de Miami-Dade argumentaron que su presencia en el suministro público constituye una forma de “medicación forzada” que vulnera el consentimiento individual. González sostuvo que “la medicación masiva forzada es un concepto obsoleto” y que “la elección ante nosotros no es sobre política, es sobre prudencia”. Durante el debate también señaló: “Pienso que los estudios ahora muestran que esta neurotoxina no debería estar en el agua”.
Entre los oradores a favor de la eliminación se encontraba el cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, único experto invitado a dirigirse directamente a los comisionados. El especialista mencionó investigaciones que vinculan el consumo de flúor con problemas en el desarrollo infantil, como una posible disminución del coeficiente intelectual.
“O toda la investigación está equivocada, o ustedes están cómodos con potencialmente dañar a algunas poblaciones muy especiales de su comunidad”, advirtió. Tras la votación, celebró la decisión con elogios: “Definitivamente, tomaron la decisión correcta hoy con base en la evidencia disponible”.
Miami Herald señaló que también participaron residentes y activistas que expresaron preocupaciones similares. Jill Kiley, una ciudadana opuesta a la fluoración, dijo: “La medicación masiva sin consentimiento informado es tiránica. Por favor, terminen con la fluoración suplementaria del agua y protejan a sus ciudadanos, especialmente a los bebés y niños, que son más susceptibles al daño”.
González también dio un argumento personal al explicar que tiene una hija de seis meses y que él puede permitirse comprar agua sin flúor para preparar su fórmula, pero que le “duele saber que hay personas que tuvieron que usar agua fluorada para eso sin tener otra opción”.

Argumentos en contra de la eliminación del flúor
Según informó WSVN, quienes defendieron la continuidad de la fluoración en el agua potable de Miami-Dade insistieron en que se trata de una práctica avalada durante décadas por la comunidad médica y científica, con beneficios demostrados para la salud bucal, especialmente en sectores sociales que no acceden regularmente a pasta dental con flúor.
“Un minuto no es suficiente para hablar de todos los beneficios del flúor”, dijo el odontólogo Richard Mufson, durante la audiencia pública, en la que se limitó a los profesionales a exponer durante 60 segundos.
La alcaldesa Levine Cava remarcó que “la ciencia es clara” y que el condado utiliza el flúor “en niveles seguros y beneficiosos”. Además, advirtió que “no es suficiente confiar en la pasta dental, que puede no utilizarse adecuadamente y no es lo mismo”.
Roy Coley, jefe del Departamento de Agua y Alcantarillado del condado y exdirector del área, sostuvo que el condado agrega flúor “porque eso es lo que recomiendan los principales grupos médicos y de salud pública”. Según sus palabras: “No pretendemos ser los dueños de la ciencia ni de la sabiduría sobre la fluoración. Seguimos la guía”.
La comisionada Raquel Regalado, una de las dos voces disidentes en la votación, cuestionó el apuro con el que se aprobó la medida sin una audiencia científica equilibrada: “Necesitamos tener una conversación donde ambos lados estén representados”.
Eileen Higgins, la otra comisionada que votó en contra, advirtió que la decisión “perjudica a los más vulnerables”.
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