El Tribunal Supremo de Justicia, de mayoría conservadora, dio este viernes un revés al presidente Donald Trump al no respaldar su solicitud para destituir a Hampton Dellinger, jefe de la Oficina de Asesoría Especial (OSC, por sus siglas en inglés). Se trató de la primera derrota que el republicano sufre ante el máximo órgano judicial en lo que respecta a su lucha contra la administración pública.
La decisión del Supremo, no obstante, es temporal.
Dellinger asumió en marzo de 2024, bajo el Gobierno de Joe Biden, el liderazgo de la OSC, un organismo federal encargado de proteger de represalias a aquellos empleados públicos denuncian irregularidades dentro del Estado.
Sin embargo, al regresar a la Casa Blanca, el pasado 7 de febrero, Trump ordenó su destitución, en el marco de las acciones que emprendió con el objetivo de mejorar la eficiencia gubernamental.
La medida fue bloqueada temporalmente por un juez pero el equipo legal de la Casa Blanca acudió ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia para refutar la decisión. El pasado sábado, la Corte -una instancia inferior al Tribunal Supremo- rechazó también el recurso presentado por el Gobierno y dejó vigente la orden judicial.
Sin suerte, Trump insistió y llevó su solicitud ante el Tribunal, donde confiaba en que conseguiría una resolución favorable, dado que seis de los nueve jueces son conservadores e -inclusive- tres fueron designados por él durante su primer mandato.
De hecho, fue este tribunal el que, el año pasado, falló en favor de otorgar a Trump y a todos los futuros mandatarios una amplia inmunidad por las acciones realizadas durante el ejercicio de sus funciones, lo que supuso una expansión sin precedentes del poder judicial y le permitió salir airoso en algunas de sus causas judiciales.
Pese a su optimismo, este viernes los magistrados no acompañaron la solicitud del mandatario y, en su lugar, dejaron la orden de destituir a Dellinger en suspenso.
De la mano de Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Trump lidera una intensa ofensiva contra la Administración pública, con la que busca reducir el gasto y limitar las funciones de la burocracia federal.
Como parte de esta estrategia, en las últimas semanas se desmanteló la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), se ordenó la reducción “significativa” de la plantilla de empleados estatales y se impusieron límites a las contrataciones de nuevos trabajadores, priorizando solo los puestos “esenciales”.
“Cambiar a la gente desde trabajos de productividad baja o negativa en el sector del gobierno hacia roles de alta productividad en el sector comercial mejorará enormemente el estándar de vida medio”, explicó Musk sobre el anuncio.
Un grupo de sindicatos de empleados federales interpuso una demanda en la que solicitaban pausar esta medida pero un juez federal de Washington DC se expresó la víspera y rechazó el pedido.
Así, según The Washington Post, se espera que el Servicio de Rentas Internas despida en los próximos días a unos 6.000 empleados en proceso de prueba.
(Con información de EFE)
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