Las nuevas restricciones migratorias también afectarían otras vías legales de ingreso a Estados Unidos

Las políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump han generado un impacto significativo no solo en la inmigración irregular, sino también en los canales legales que permiten el ingreso de personas a Estados Unidos. Según informó CBS News, estas medidas han restringido programas humanitarios y de refugio, afectando a miles de personas desplazadas por conflictos y crisis en países como Ucrania, Afganistán, Haití y Venezuela.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha priorizado una postura firme contra la inmigración irregular, pero sus acciones han ido más allá al limitar también las vías legales. Entre las medidas más destacadas se encuentra la suspensión del programa de admisión de refugiados, que dejó varados a más de 22.000 personas previamente aprobadas para ingresar al país tras un exhaustivo proceso de selección que puede durar entre 18 y 24 meses.

Además, se han detenido iniciativas como el uso de la política de “parole”, que permite la entrada temporal de extranjeros por razones humanitarias o de interés público, y se han cerrado oficinas de evaluación migratoria en América Latina.

Suspensión del programa de admisión de refugiados

Una de las primeras acciones de la administración Trump fue la suspensión indefinida del programa de admisión de refugiados, una política que permite el ingreso de personas que han demostrado ser perseguidas por motivos políticos, religiosos u otros factores. Según detalló CBS News, esta decisión dejó en el limbo a más de 22.000 refugiados que ya habían sido aprobados para viajar a Estados Unidos.

Estas personas, provenientes de zonas de conflicto como Ucrania y Afganistán, habían pasado por un proceso de selección que incluye entrevistas, verificaciones de seguridad y exámenes médicos.

Además, el gobierno instruyó a las agencias de reasentamiento, encargadas de integrar a los refugiados en las comunidades estadounidenses, a detener el uso de ciertos fondos federales. Esta medida, según defensores de los derechos de los refugiados, ha dificultado la provisión de servicios esenciales para aquellos que ya se encuentran en el país.

La reactivación del programa dependerá de que Trump determine que es “de interés para Estados Unidos”, argumentando que los refugiados representan una carga para las comunidades locales.

Restricciones a la política de “parole”

La política de “parole”, utilizada en el pasado para ofrecer refugio temporal a personas en situaciones de emergencia, también ha sido objeto de restricciones. Según The New York Times, la administración Trump ordenó detener la concesión de este beneficio a inmigrantes de países como Ucrania, quienes habían sido acogidos bajo el programa “Uniting for Ukraine” implementado por el gobierno de Joe Biden. Este programa permitió la llegada de aproximadamente 240.000 ucranianos tras la invasión rusa.

Asimismo, se suspendió la renovación del estatus de “parole” para más de 70.000 afganos evacuados tras la caída de Kabul en 2021. Aunque muchos de ellos han obtenido asilo o visas especiales por colaborar con las fuerzas estadounidenses, la medida podría dejar a algunos sin un estatus legal en el país.

Otras iniciativas afectadas incluyen programas de patrocinio para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, así como una política de la era de Barack Obama que permitía a jóvenes centroamericanos reunirse con sus familias en Estados Unidos de manera legal. Estas políticas, diseñadas como alternativas al cruce irregular por la frontera sur, han sido criticadas por funcionarios de la administración Trump, quienes consideran que el gobierno de Biden abusó de la autoridad del “parole”.

Cierre de oficinas de movilidad segura

La administración Trump también cerró las oficinas de “Movilidad Segura” establecidas por Biden en países de América Latina. Estas oficinas tenían como objetivo evaluar y procesar solicitudes de migración legal, además de ofrecer reasentamiento en países como España y Canadá.

Otra medida controvertida ha sido la suspensión de la aplicación móvil CBP One, que permitía a los migrantes en México programar citas para ingresar a Estados Unidos por puntos de entrada oficiales. Durante el gobierno de Biden, esta herramienta facilitó el ingreso de 1.500 personas al día, promoviendo una alternativa legal al cruce irregular. Sin embargo, la administración Trump desactivó la aplicación minutos después de que el expresidente asumiera el cargo el pasado lunes 20 de enero.

Además, se autorizó a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a revocar el estatus de “parole” de más de 530.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, así como de cerca de un millón de migrantes que ingresaron al país a través de CBP One.

Entre las propuestas más polémicas de la administración Trump se encuentra la eliminación del derecho a la ciudadanía para los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos, incluidos aquellos con padres que poseen visas temporales. Aunque esta medida fue detenida por los tribunales.

Además, Trump solicitó a las agencias federales que evalúen la posibilidad de imponer prohibiciones parciales o totales a la inmigración desde países cuyos ciudadanos no puedan ser adecuadamente investigados.