Texas intensificó sus medidas para frenar la inmigración ilegal con la instalación de nuevas barreras físicas a lo largo de la frontera con México, incluyendo un extenso sistema de boyas en el río Grande y alambre de púas en diversos cruces fronterizos, como parte de una estrategia coordinada que coincide con el inicio de la administración Trump.
Las autoridades tejanas desplegaron el martes varias excavadoras y trabajadores en lanchas neumáticas para ampliar una barrera flotante existente cerca de Eagle Pass, según pudo observarse en imágenes captadas por drones desde la ciudad mexicana de Piedras Negras.
La nueva sección de boyas, que se extiende por aproximadamente un kilómetro, forma parte de la Operación Estrella Solitaria, impulsada por el gobernador Gregg Abbott.
“Espero seguir trabajando estrechamente con el presidente Trump para asegurar la frontera”, declaró Abbott en la red social X, después de que medios locales mexicanos reportaran la instalación del primer conjunto de boyas el viernes pasado, días antes de la toma de posesión del nuevo mandatario estadounidense.
Múltiples capas de seguridad
También el viernes, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizaron ejercicios de seguridad y colocaron alambres de púas en cruces estratégicos, específicamente en el puente internacional Paso del Norte/Santa Fe, que conecta El Paso, Texas, con Ciudad Juárez, en México.
Estas maniobras, que según la CBP se iniciaron en 2019, han provocado interrupciones temporales en el tráfico transfronterizo. El viernes, por ejemplo, el cruce de vehículos estuvo detenido durante aproximadamente 40 minutos mientras los funcionarios instalaban bloques de concreto y alambradas.
Las nuevas medidas de seguridad se implementan después que el presidente Trump declarara tras su asunción el lunes la emergencia nacional en la frontera con México “para repeler la desastrosa invasión de nuestro país”.
Su administración dijo que también restablecería una política de “Permanecer en México” que prevaleció durante la primera presidencia de Trump, según la cual las personas que solicitan ingresar a Estados Unidos desde México deben permanecer allí hasta que se haya decidido su solicitud.
La Casa Blanca también detuvo un programa de asilo para personas que huyen de regímenes autoritarios en América Central y del Sur, dejando a miles de personas varadas en el lado mexicano de la frontera.
En respuesta a estas políticas, las autoridades mexicanas han comenzado a prepararse para un posible aumento en las deportaciones. En Tijuana, la alcaldía declaró una “emergencia” para liberar fondos destinados a la atención de deportados, mientras que el gobierno federal planea instalar albergues temporales a finales de enero.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha especificado que México solo recibirá a deportados mexicanos, a pesar de que la mayoría de los migrantes actuales son venezolanos y centroamericanos. Sheinbaum dijo que su gobierno brindaría no obstante asistencia humanitaria a los migrantes deportados de otros países antes de repatriarlos.
Esta postura contrasta con la política adoptada durante la primera administración Trump, cuando México aceptó recibir deportados de otras nacionalidades a cambio de evitar aranceles sobre sus exportaciones.
Las nuevas barreras físicas representan solo una parte de una estrategia más amplia de control fronterizo que probablemente se intensificará en los próximos meses, según anticipan expertos en política migratoria, mientras ambos países navegan una nueva era en sus relaciones bilaterales bajo el segundo mandato de Trump.
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