Estados Unidos impuso este jueves una nueva serie de sanciones contra individuos y organismos rusos señalados de estar detrás de la deportación forzada de menores ucranianos para que “rindan cuentas (...) y para exigir que los niños ucranianos sean devueltos a sus familias”, sostuvo Joe Biden.
La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, precisó durante una reunión del Consejo de Seguridad enfocada en Ucrania que las sanciones están destinadas a 11 personas y una serie de organismos rusos involucrados en esta trama criminal.
Entre ellos se encuentran varios comisarios regionales que trabajan por los “derechos de los niños” y el “campamento de verano” Artek, en Crimea, que Rusia arrebató al país durante la anexión de 2014, en una maniobra no reconocida por la comunidad internacional.
También destaca un supuesto campo de reeducación para niños en Chechenia, donde muchos menores son llevados para ser manipulados y sometidos a una “reeducación”.
“La campaña de crueldad continúa hoy en día. Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras se llevan a cabo estos crímenes de guerra y contra la humanidad”, sostuvo a continuación.
A raíz de esta reciente medida, todos los activos estadounidenses de los implicados han sido congelados y sus transacciones con el país norteamericano quedaron bloqueadas, convirtiéndose en un delito, de realizarse.
Además, tres de los rusos que participan en estos traslados forzosos han sido restringidos para la obtención de una visa de ingreso a Estados Unidos.
El Gobierno ucraniano estima que, desde el inicio del conflicto bélico, hace un año y medio, al menos unos 19.500 niños -algunos de ellos bebés- han sido trasladados por la fuerza fuera de su territorio y lejos de sus familias, y llevados a la vecina Rusia.
Una vez en manos de Moscú, los menores son manipulados -en un intento de lavarles el cerebro- y, muchas veces, reubicados en familias rusas, con nueva documentación. En el caso de los niños de más edad, son automáticamente alistados para iniciar el entrenamiento militar. “Rusia está intentando solucionar su problema demográfico y adiestrar más soldados”, explicó al respecto Mykola Kuleba, responsable de la ONG Salvar a Ucrania.
La ONU expresó en reiteradas oportunidades su preocupación por estas maniobras y lamentó este jueves no haber podido acceder a las zonas ocupadas por el ejército enemigo para poder realizar las pertinentes investigaciones.
Sin embargo, la narrativa del Kremlin asegura que estos traslados son parte de una “evacuación humanitaria”, en la que se reubica a los niños de zonas afectadas por el conflicto a hogares en sitios seguros.
“Es una burda versión de la realidad y un vano intento de justificar lo injustificable”, rechazó Thomas-Greenfield.
Por estos crímenes, el pasado 17 de marzo la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin y la comisionada por los Derechos del Niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova.
Entonces, el máximo tribunal mundial aseguró que su sala de instrucción encontró “motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de la población y de transferencia ilegal de población a áreas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia, en perjuicio de niños ucranianos”.
Hasta el momento, gracias a la ayuda de la ONG, al menos 364 de estos jóvenes han sido ubicados y reencontrados con sus familias.
(Con información de AFP y EFE)
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