Una médica de Estados Unidos podría perder su licencia por practicar un aborto a una niña de 10 años que había sido violada

El 27 de junio de 2022, apenas tres días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara Roe v. Wade, y así la protección federal al derecho al aborto, la doctora Caitlin Bernard, una obstetra y ginecóloga del estado de Indianápolis, recibió una llamada. Del otro lado del teléfono estaba un colega especializado en abuso infantil de Ohio, un estado que horas después del fallo había prohibido cualquier aborto después de seis semanas, una decisión que estuvo en vigor durante unos dos meses antes de ser suspendida mientras se desarrolla una demanda.

El médico tenía una paciente que, ha raíz de la decisión del Supremo, se encontraba en una situación especialmente complicada: una niña de 10 años que había sido violada, y cuyo embarazo tenía seis semanas y tres días.

El aborto es legal en Indiana. Así, la niña pasó pronto al cuidado de Bernard, con quien pudo realizarse una interrupción del embarazo de manera legal.

Joe Biden citó la historia después de firmar una orden ejecutiva sobre el aborto: “Diez años. Violada, embarazada de seis semanas. Ya traumatizada. Fue obligada a viajar a otro estado”.

Antes del arresto del violador en julio de 2022, algunos conservadores, incluido el fiscal general de Ohio, Todd Rokita, pusieron en duda los hechos, que se dieron a conocer por primera vez cuando Bernard habló con The Indianapolis Star, en una nota en la que se ahondaba sobre el trauma de las pacientes de Indiana, obligadas a viajar a estados vecinos para recibir servicios de aborto.

“Siempre me sorprende que la gente se sorprenda al escuchar estas historias”, dijo la médica en una entrevista con The New York Times. “El hecho de que alguien cuestione tal historia es un testimonio de cuán fuera de contacto están los legisladores y los políticos con la realidad”.

Pero hablar públicamente trajo sus consecuencias.

Rokita, que está en contra del aborto, le dijo a Fox News que investigaría las acciones de Bernard, calificándola de “activista del aborto actuando como doctora”.

Bernard intentó sin éxito bloquear la investigación de Rokita el año pasado, aunque un juez de Indianápolis escribió que Rokita cometió “infracciones claramente ilegales” de las leyes estatales de confidencialidad con sus comentarios públicos sobre investigar a la doctora antes de presentar la denuncia de licencia médica en su contra.

“Los médicos que realizan abortos han sido acosados, asesinados“, dijo Bernard al Times. “Y durante demasiado tiempo, creo, debido a eso, han tenido que guardar silencio para proteger a sus familias, y se ha creado la idea de que estamos haciendo algo malo o ilegal. Y no es verdad. Y me siento obligada a decir eso”.

La investigación de Rokita se basaba en si la médica había reportado el aborto de la niña de Ohio a los funcionarios del estado de Indiana, como requiere la ley; los registros muestran que sí lo hizo.

El caso de Bernard es especialmente preocupante para todos sus colegas de EEUU, que lo siguen con atención en medio de un panorama aterrador, que los tiene indecisos y temerosos de entrar en conflicto con la ley en constante cambio, mientras arriesgan sus vidas y profesiones para salvar vidas.

Varios grupos médicos, incluida la Asociación Médica Estadounidense y el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, habían expuesto el dilema ético que enfrentan los médicos en un informe amicus curiae ante la Corte Suprema en el caso Dobbs v. Jackson, que concluyó con el fallo histórico que anuló Roe v. Wade: “La prohibición obliga a los médicos a hacer una elección imposible entre cumplir con sus obligaciones éticas y cumplir con la ley”.

Y la situación continúa complicándose para Bernard: podría enfrentar medidas disciplinarias. Está acusada de violar la ley estatal al no denunciar el abuso infantil, y de violar las leyes federales de privacidad de los pacientes al contarle a un periodista sobre el tratamiento de la niña. La audiencia se realizará ante la Junta de Licencias Médicas.

Los abogados de Bernard sostienen que la médica siguió los requisitos de denuncia de abuso infantil del estado, y que nunca dio a conocer ninguna información de identificación sobre la niña que violaría las leyes de privacidad.

La junta está compuesta por seis médicos y un abogado designado por el gobernador republicano Eric Holcomb. Deberá votar si impone alguna sanción el jueves, después de que terminen los testimonios. Puede emitir cartas de amonestación o suspender, revocar o poner en período de prueba la licencia médica de Bernard.

Esto pondría en riesgo la actividad profesional de una médica cuya práctica de abortos es sólo una pequeña parte de lo que hace a diario, pero extremadamente importante. Se especializa en casos complejos de interrupción del embarazo, aquellos donde la vida de la madre está en peligro, en el centro médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana. También ofrece abortos, tanto quirúrgicos como con medicamentos, varios días al mes en las clínicas de Planned Parenthood en los estados de Indiana y Kentucky.

“Rokita está lanzando un ataque motivado políticamente contra la doctora Bernard para asustar a los proveedores de servicios de aborto para que no brinden la atención segura y legal que merecen sus pacientes”, dijo en un comunicado Rebecca Gibron, directora ejecutiva de Planned Parenthood Great Northwest, Hawái, Alaska, Indiana, Kentucky. “Pero sus exageradas acusaciones no nos asustan. Lo hemos dicho antes: no nos dejaremos intimidar por legisladores extremistas hambrientos de poder como Todd Rokita”.

“Todas las personas, en todas las circunstancias, merecen tener acceso a la atención médica cuándo y dónde la necesiten”.

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