
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, celebró este jueves la liberación de los 222 presos políticos en Nicaragua, “injustamente” detenidos “por ejercer sus libertades fundamentales”. El jefe de la diplomacia destacó que la excarcelación de estos opositores podría abrir el camino de diálogo con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“La liberación de estos individuos -uno de los cuales es ciudadano estadounidense- por parte del gobierno de Nicaragua marca un paso constructivo para abordar los abusos contra los derechos humanos en el país y abre la puerta a más diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua sobre temas que preocupan”, expresó el funcionario en un comunicado.
“Lo ocurrido hoy es el resultado de la diplomacia estadounidense y seguiremos apoyando al pueblo nicaragüense”, agregó en lo que fue la primera reacción oficial por parte de la administración de Joe Biden. Explicó, asimismo, que el hecho se dio luego de que la Casa Blanca solicitara durante meses la excarcelación de las personas bajo fundamentos políticos, cuyo pico se dio tras las manifestaciones antigubernamentales del 2018 en las que el pueblo reclamó la renuncia de Ortega.

Desde entonces, la represión en el país sólo se ha intensificado. Así, las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el dictador fue reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa- se dieron en un clima de tensión social y con los principales contendientes en prisión o en el exilio.
Blinken comentó que Washington ofrecerá asistencia médica y legal a estos individuos, que ya aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Dulles a bordo de un vuelo chárter proporcionado por Estados Unidos para garantizar su traslado seguro. Momentos antes, desde la Casa Blanca habían confirmado que podrán residir en el país durante dos años.
Los presos desterrados son figuras políticas, periodistas y líderes de la sociedad civil, entre los que los familiares pudieron precisar al opositor nicaragüense Félix Maradiaga y los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Máx Jérez.

El episodio de este jueves derivó, a su vez, de los reiterados pedidos de organismos de derechos humanos -como la ONU y la CIDH- y la comunidad internacional en general, que desde hace años llevan reclamando al régimen de Ortega la liberación de los presos políticos.
En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había calificado de “depolrables” las condiciones en las que se encontraban en las cárceles a la par que los allegados denunciaban que eran sometidos a tratos crueles y no tenían acceso a cuestiones básicas como agua potable, una alimentación suficiente y asistencia médica.
El juez nicaragüense Octavio Rothschuh fue el encargado de anunciar este jueves la decisión del régimen por medio de un informe transmitido por televisión, en el que confirmaba que estos más de 200 prisioneros fueron delcaradas “traidores a la patria” e “inhabilitadas de por vida para ejrrcer cargos públicos”.

“Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspensos sus derechos ciudadanos de forma perpetua”, leyó Rothschuh.
(Con información de EFE y Europa Press)
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