
El anuncio por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la inminente desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha situado la cuestión de la memoria democrática y la transparencia institucional en el centro del debate público.
Esta decisión del Ejecutivo coincide con el cuadragésimo quinto aniversario de aquel asalto al Congreso de los Diputados y responde, en buena parte, a una petición pública realizada meses atrás por el escritor Javier Cercas, autor de la obra Anatomía de un instante, una de las referencias imprescindibles para comprender el 23-F y que fue adaptada en formato serie recientemente.
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Según ha recordado Pedro Sánchez en su comunicación en redes sociales, la apertura de estos archivos busca “saldar una deuda histórica con la ciudadanía”.
La demanda de Javier Cercas, puesta de manifiesto en diferentes foros públicos, ha girado en torno a la premisa de que, para garantizar la calidad democrática, la memoria histórica tiene que ser clara para los ciudadanos. Cercas ha subrayado, tanto en intervenciones parlamentarias como en entrevistas televisivas, la importancia de que “la memoria no puede permanecer cerrada durante décadas” y la necesidad de poner fin a las lagunas informativas y a las especulaciones que persisten alrededor de los sucesos del 23-F.
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Transparencia institucional
El propio Cercas ha señalado que la auténtica relevancia de la ‘desclasificación’ no reside tanto en descubrir grandes secretos pendientes, sino en limitar la proliferación de bulos y teorías de la conspiración que, a su juicio, han contaminado el relato sobre el golpe de Estado desde el mismo instante de su desarrollo. “No porque no sepamos la verdad, le dije al presidente, o porque esos papeles nos vayan a descubrir la verdad del golpe o porque contengan ningún secreto o el enigma oculto del 23-F, la verdad la sabemos desde hace mucho tiempo, yo mismo la conté en Anatomía de un instante, sino porque sobre el golpe de Estado del 23-F se han contado y se siguen contando, a día de hoy, desde el mismo momento en que se desencadenó el golpe, infinidad de trolas, de bulos y de bolas”, ha manifestado el escritor.

En esta línea, Cercas ha insistido en que la publicación de los documentos oficiales no erradicará por completo las falsas informaciones, pero sí hará más difícil la tarea a quienes intentan alimentar relatos tergiversados: “Lo esencial, lo conocemos. En esos papeles no se va a desvelar nada esencial. El principal bulo es la idea de que existen todavía grandes incógnitas. No existen grandes incógnitas. Existen cosas anecdóticas, que son las que van a salir en esos documentos, con absoluta seguridad, y cosas que ya sabíamos, pero que se presentarán como nuevas”. Así, la medida facilitará que cualquier ciudadano interesado pueda consultar los materiales primarios, reforzando la transparencia democrática.
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De esta forma, la responsabilidad de los medios de comunicación y de los profesionales de la información se vuelve, para el autor, particularmente relevante: “No se deben ocultar cosas, sino exactamente lo contrario y que se cuente la verdad”, ha afirmado Cercas.
La tensión entre relato histórico y disputas políticas
La ‘desclasificación’ de los archivos del 23-F ha coincidido también con la emisión de la serie basada en la obra de Cercas, lo que ha intensificado el interés mediático y político respecto a la ‘reinterpretación’ del golpe de Estado.
Desde sectores de la oposición se ha acusado al Ejecutivo de utilizar la medida como una “cortina de humo”, una interpretación que el propio Cercas considera “una reacción estúpida de una oposición muy torpe”.
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Para el escritor, “esto es una cosa correcta. Yo, cuando el presidente del Gobierno ha hecho cosas que no están bien, he dicho que no están bien. Y cuando hace cosas que están bien, digo que están bien. Punto”.
El contexto político y social en que se desclasifican estos documentos añade nuevas capas a un debate que enfrenta dos visiones opuestas: para el Gobierno, se trata de un ejercicio de acceso a la información histórica; para la oposición, hay motivaciones políticas detrás del calendario elegido.
En cualquier caso, la apertura de los documentos representa, para una parte sustancial de la opinión pública, una oportunidad para revisar las bases de la memoria colectiva sobre uno de los hechos más determinantes de la reciente historia de España.
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La figura de Juan Carlos I y la narrativa en disputa
En cuanto al papel de Juan Carlos I durante el golpe de Estado, Cercas ha reconocido, tanto en sus obras como en sus declaraciones públicas, que el monarca cometió ciertos “errores”, aunque mantiene que su intervención fue decisiva para la resolución del conflicto, pues “ningún otro podría haberlo hecho dado su puesto y autoridad”.
Sin embargo, este análisis no está exento de controversia. Desde otras tribunas, como recoge Antonio Maestre en su columna en LaSexta, se cuestiona la coherencia entre el discurso mediático y lo que realmente se narra en el libro de Cercas, interpretando que la responsabilidad del rey en los acontecimientos habría sido mayor de lo que el propio escritor sostiene en entrevistas.
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Según Maestre, “el que paró el golpe no fue el rey, fue Tejero”, y afirma que si las conversaciones entre Juan Carlos I y los principales protagonistas militares salieran a la luz, podrían aportar una perspectiva distinta sobre el papel de la Corona en el 23-F.
Finalmente, la decisión del Gobierno contempla que sólo quedarán fuera de la apertura aquellos documentos cuyo contenido pudiera comprometer la seguridad nacional, conforme señala la legislación vigente sobre secretos oficiales. Con la próxima ‘desclasificación’, parte de los materiales hasta ahora protegidos podrán ser consultados públicamente, abriendo una nueva etapa en el análisis del golpe de Estado de 1981, y permitiendo, por vez primera en décadas, acceder a un capítulo de la historia reciente sin restricciones.
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